APRUEBAN LEY DE PUBLICIDAD OFICIAL

Finalmente, aunque la regulación de la publicidad oficial es algo que habían venido pidiendo los propios medios, y no obstante que esta regulación había sido ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al final a nadie gustó la manera en la que el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Comunicación Social.

Pedían la reforma, especialmente, aquellos medios que se sienten marginados del presupuesto de comunicación social en razón de una línea editorial contraria al gobierno, o que se saben afectados por criterios de asignación de espacios y tiempos basados en el alcance real o supuesto de los medios, no por su contribución al debate público.

La norma está siendo “severamente cuestionada por diversas organizaciones ciudadanas porque aseguran que no frenará la asignación discrecional de recursos públicos —que supera los 2,000 millones de dólares desde 2013— ni la utilización de estos para fines proselitistas o electorales”, resume Zorayda Gallegos en su nota para El País: ‘El Congreso mexicano aprueba una polémica ley de propaganda oficial’, publicada el 26 de abril.

En una sesión que comenzó la noche del miércoles 25 y se prolongó las primeras horas del jueves, la Cámara de Senadores la aprobó con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención. “En un intenso debate los legisladores opositores a la norma aseguraron que ésta sólo legaliza la propaganda política disfrazada de información sin lograr una regulación de fondo” (https://elpais.com/internacional/2018/04/26/mexico/1524765349_724480.html).

El 15 de noviembre del año pasado, la Corte emitió un fallo obligando al Congreso a regular el gasto discrecional en propaganda gubernamental antes del 30 de abril de 2018. La sentencia se produjo tras resolver un amparo que promovió la organización Artículo 19, inconforme porque el Poder Legislativo nunca reguló esa materia tras una reforma en materia político-electoral promulgada en 2014.

“La omisión de expedir la ley señalada viola la libertad de expresión, de prensa y de información. Este derecho requiere de medios de comunicación libres, que transmitan a los ciudadanos todo tipo de opiniones, para lo cual, es necesario que cuenten con ingresos económicos suficientes”, expuso la SCJN.

NO ES EL FIN: ARTÍCULO 19

Ahora Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, anuncia que continuará la batalla legal porque la norma aprobada no cumple con los criterios establecidos en la sentencia. Para ello, el siguiente paso es iniciar un proceso de inconformidad -como quejosos en el amparo- a fin de que el máximo tribunal determine que no se subsanaron los derechos violados, pese a la regulación del Congreso.

“El colectivo #MediosLibres, que agrupa a periodistas, medios de comunicación y a organizaciones civiles, académicas y empresariales, ha dicho que el proceso legislativo estuvo lleno de claroscuros, inconsistencias y cargado de irregularidades”, cita El País.

#MediosLibres asegura que la minuta sólo legaliza las malas prácticas y no integra las recomendaciones hechas por las organizaciones ciudadanas. “No puede existir una sociedad democrática sin un Estado que no integre en su agenda la libertad de expresión como un eje rector de la misma. Con la ausencia de garantías para ejercer la libertad de expresión se imposibilita el poder acceder a otra gama de derechos, y por ende, se debilita nuestra democracia”, se lee en un pronunciamiento difundido el mismo jueves.

El colectivo, del que forma parte Artículo 19, también denunció una simulación por parte de los legisladores en la consulta ciudadana. “La falta de diálogo con la sociedad civil y su integración en el proceso tuvieron como consecuencia que esta ley obedezca a intereses muy particulares y no a los que una sociedad como la mexicana requiere”.

Ya durante las audiencias públicas realizadas en marzo, los colectivos convocados al debate acusaron falta de seriedad en el llamado a la cita, ya que se organizó con cinco días de anticipación y hubo personas convocadas que no fueron citadas y se enteraron de su participación en redes sociales, apunta Zorayda Gallegos.

La minuta se aprobó con los votos del PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza. “Los senadores opositores a la minuta buscaban que el dictamen fuera regresado a comisiones para modificarlo, pero la propuesta no tuvo éxito”.

Angélica de la Peña (senadora del PRD) adelantó que la propuesta de la mayoría no garantizaría que el gasto de comunicación cumpla con los criterios de transparencia, eficiencia y honradez. “Lo que esta minuta contiene es un marco normativo que legitima el autoritarismo de antaño, atenta contra la libertad de expresión y pretende utilizar los recursos públicos para controlar la línea editorial de los medios sin rendir cuentas a nadie”, afirmó en tribuna durante la discusión del dictamen.

LA LEY CHAYOTE:

Por eso le llaman Ley Chayote, ya que establece que será la Secretaría de Gobernación la que regule el gasto en materia de comunicación social, mediante aparentes sobornos. Ese había sido uno de los cuestionamientos más severos al proyecto de ley: que siga brindando un control político al gasto gubernamental.

Según explicó en su momento Haydeé Pérez Garrido, directora del centro de análisis Fundar, era desde un principio “una iniciativa preocupante porque lo que hace es convertir los lineamientos de publicidad que ya existen en propuesta de ley, lo cual significaría que estaríamos institucionalizando prácticas que no han servido para tener una mejor relación entre el sistema político y los medios de comunicación” (‘México busca frenar el derroche de la publicidad oficial’, https://elpais.com/internacional/2018/03/21/mexico/1521659906_953484.html).

Consumada la aprobación, para Artículo 19 en la ley aprobada no existen criterios claros para la asignación ni hay control del presupuesto que ejercerá el Gobierno en publicidad. «Ni siquiera existe una definición de lo que es y no es la publicidad oficial. Solo legaliza las malas prácticas».

En un país donde los medios no sólo sufren el embate de los grupos criminales y hasta de funcionarios de gobierno que buscan acallar a los periodistas que revelan los vínculos de esos servidores públicos con las mafias del narcotráfico, “hay otros embates que pocas veces se exponen públicamente”.

Uno de ellos es “la censura ocasionada por el control que los políticos ejercen sobre los dueños o directivos de medios a cambio de publicidad o sobornos. El modelo de negocio periodístico mexicano ha estado por décadas anclado en la publicidad oficial, y por esto la prensa se ha convertido en presa fácil de las presiones políticas”, escribió Zorayda Gallegos en ‘El periodismo en México nada a contracorriente’ (https://elpais.com/internacional/2017/04/07/actualidad/1491557891_716773.html).

“Mientras los grupos del crimen organizado acallan las voces con las armas, los políticos y los gobernantes lo hacen con billetes”. Como decía el entonces presidente José López Portillo: “No pago para que me peguen”.

El control gubernamental sobre los medios no ha sido exclusivo de algún partido político. Carmen Aristegui sufrió censura en el sexenio panista de Felipe Calderón, porque la periodista cuestionó el presunto alcoholismo del mandatario en turno, y la sacaron algunos días del aire. También, cuando ya en la gestión del priista Enrique Peña Nieto, publicó el reportaje La Casa Blanca y fue despedida de la empresa radiofónica para la que trabajaba. Actualmente Aristegui transmite su noticiero por internet.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com.

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