POLITIZAR LA JUSTICIA

¿Estamos viviendo en Colima un clima de politización de la justicia?

En concreto, ¿se le está dando un uso político a las instituciones encargadas de procurar e impartir la justicia?

¿Los órganos jurisdiccionales realmente están concluyendo los asuntos que no pudieron ser resueltos por los órganos políticos?

Y si lo hacen, ¿los están resolviendo con base en criterios jurídicos o a partir de intereses políticos?

Este lunes 14 de octubre se publicó una declaración del diputado priista Rogelio Rueda Sánchez en la que exige al Supremo Tribunal de Justicia del Estado informar qué avance guarda el asunto de la sanción que se debe aplicar al alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez (https://elcomentario.ucol.mx/stj-debe-informar-el-seguimiento-que-ha-dado-a-la-sancion-pendiente-de-aplicar-a-edil-de-cuauhtemoc-rueda/).

Según el ex presidente estatal del PRI, “existe una inaplicación de una sanción aprobada por el Congreso del Estado, al resolver el juicio político que se le instauró en su contra”.

Rueda Sánchez recordó que la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación encontró responsable al alcalde de Cuauhtémoc de haber violado la ley en materia electoral e instruyó al Congreso Local para aplicar la sanción correspondiente.

La Comisión de Responsabilidades de la Legislatura anterior decidió instaurar juicio político en contra del edil. Y la sala especializada del Tribunal Electoral ya había encontrado responsable a Rafael Mendoza Godínez. Por eso, al sesionar para resolver el juicio político los diputados de la Quincuagésimo Octava Legislatura que aprobaron el dictamen determinaron enviar el expediente al Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

LISTO PARA EL CASO

Erigido en Juzgado de Sentencia, el STJ debe aplicar lo propuesto por la Legislatura local. Esto es, como Jurado de Acusación el Congreso del Estado propuso destituir de inmediato e inhabilitar por siete años al presidente municipal de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, por violentar el principio de imparcialidad durante el proceso electoral extraordinario para designar al gobernador de la entidad.

Es aquella historia que ya hemos platicado: Rafael Mendoza pidió licencia al Cabildo para hacer campaña a favor del candidato del PAN, Jorge Luis Preciado Rodríguez, en el proceso extraordinario para elegir Gobernador que siguió a la anulación de los comicios de 2015.

Como Rafael Mendoza llegó a decir en uno de esos actos de campaña que un gobernador panista sería de gran apoyo para el ayuntamiento que él encabezaba, los abogados priistas pudieron demostrar que el edil renunció de facto a la licencia y resultó responsable de usar su cargo público con fines partidistas.

Si la cosa está tan clara y si el Congreso, en ese entonces dominado por el PRI gracias a una alianza con los disidentes de Acción Nacional, acusó formalmente al edil cuauhtemense, ¿por qué el Supremo Tribunal no dicta sentencia?

ZANAHORIA Y GARROTE

La respuesta es escandalosa. Porque si lo hiciera terminaría la presión que el gobierno de Ignacio Peralta ha venido ejerciendo sobre el alcalde de Cuauhtémoc para que colabore, entre otras cosas, en la campaña política en contra de su antecesora en la Presidencia Municipal, Indira Vizcaíno.

Rafa Mendoza ha dicho un día sí y otro no que la Comuna de Cuauhtémoc sufrió un daño patrimonial al haber aceptado los terrenos donde ahora mismo se está desarrollando la feria municipal, como área de donación del fraccionamiento Altozano.

Mendoza se muerde la lengua porque sabe cuánto se beneficia la tesorería municipal con el impuesto predial que genera Altozano. En pocos años el Ayuntamiento estará recaudando por ese concepto varias veces más dinero que los ingresos que el municipio podría haber obtenido si los terrenos cedidos por el desarrollador inmobiliario se hubieran cotizado, como propone estrafalariamente el abogado que demandó a Indira, al precio de lo que valen ya urbanizados al interior del condominio.

No es sólo la espada de Damocles de la destitución e inhabilitación hasta por siete años la que pende sobre Rafa Mendoza, es también el interés de mantener el negocio de los mototaxis que echó a andar en su primer trienio.

Este servicio –muy útil y apreciado por la población– ha sido tolerado por la Secretaría de Movilidad, pese a que viola la ley según el discurso oficial. Hacerse de la vista gorda es el incentivo (la zanahoria) que recibe Rafa Mendoza, en forma alternada con la amenaza de la destitución (el garrote), para que el alcalde sirva a los propósitos de desacreditar a la delegada del gobierno federal.

JUDICIALIZAR LA POLÍTICA

Los periodistas solemos emplear el concepto “judicialización de la política” para referirnos, por ejemplo, a los trámites ante un tribunal para resolver una elección que no quedó clara en las urnas.

En sentido estricto, se judicializa la resolución de un conflicto que en principio detenta una esencia política pero que tiene una base jurídica.

Cuando la Suprema Corte conoce de una controversia constitucional da pie al ámbito donde llega a ser más obvia la judicialización de la política, dijo el jurista Héctor Fix-Zamudio, citado en un artículo aparecido en 2017 en Hechos y Derechos, una de las revistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/11604/13468).

En ese texto, ‘¿Judicialización de la político o politización de la justicia?’, Julio César Zapata Cruz expone que en el mundo se han adoptado diversos sistemas de control para las autoridades que se encargarán de ejercer la función de gobierno: el sistema político y el sistema jurisdiccional.

Con base en lo anterior, deduzco que cuando los juicios de responsabilidad se iniciaban y se concluían en un órgano político como el Congreso, había lugar a decir que la justicia estaba al servicio de la política. Por eso se decidió separar la función acusadora –que queda en manos de los diputados– de la sentencia: el ámbito jurisdiccional en manos de jueces, en teoría, políticamente imparciales. Pero cuando los jueces entran a la escena política, entonces “se politiza la justicia”.

¿Y qué pasa cuando la Fiscalía politiza la procuración de la justicia?

Hace un par de semanas el ex gobernador Mario Anguiano estuvo en el programa de Max Cortés para denunciar cómo su caso está siendo politizado por la Fiscalía estatal. De eso hablaremos mañana.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com.

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