Indira responde por caso Altozano: “no hay delito”, dice, y pide que citen al Gobernador

+ La delegada exige al Fiscal Anticorrupción “haga su trabajo y frene la campaña de odio en mi contra; que investigue a quien entregó copias del expediente; que proceda a actuar conforme a la ley contra quienes mostraron y publicaron esos documentos”.

Indira Vizcaíno Silva, delegada del Gobierno de México en Colima, dio contestación por la investigación de hechos relativos a la denuncia que se interpuso en contra de ella y de otras personas, por la sustitución de áreas de cesión del Condominio Altozano, en la que afirma que lo han querido hacer ver como un asunto jurídico “cuando en realidad su trasfondo es político”, además de que solicitó  a la Fiscalía  Anticorrupción “amplíe su investigación en contra del titular de SEIDUR, José de Jesús Sánchez Romo; del SGG, Arnoldo Ochoa González, y del Gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, quienes tuvieron participación en el trámite administrativo de sustitución de áreas de cesión”.

Vizcaíno Silva afirma en su posicionamiento que “jamás ha violado la ley ni cometido ningún delito, mucho menos alguno que afecte a la Hacienda Pública”, por lo que la noche del miércoles 20 de noviembre, ante el Agente del Ministerio Público Especializado en el Combate a la Corrupción, dio contestación a lo que calificó como una “campaña de odio y desprestigio emprendida contra mi persona, a través de la cual se violentan mis Derechos Humanos, se vulnera mi dignidad humana y mi presunción de inocencia; se violenta, además, mi derecho a la no discriminación, se pone en riesgo mi integridad física y se me niega el derecho a la igualdad. Como ya dije, lo que existe es una campaña de odio, a través de la cual se busca desprestigiar mi persona y se atenta contra mi dignidad humana”.

Detalla que tuvo acceso a la carpeta de investigación apenas el 28 de octubre pasado, aunque se trata de una demanda presentada hace 2 años, y considera que “salta a la vista que este tema no es jurídico, es político y es en contra mía a través de una campaña de odio e intento de desprestigio. Y todo lo han hecho de manera burda, que hasta el Agente del Ministerio Público de Cuauhtémoc otorgó copias de la totalidad de las actuaciones que integran la carpeta de investigación a personas ajenas al proceso penal, para que posteriormente fueran exhibidas públicamente en un periódico local, con el afán de querer hacerme ver culpable ante la comunidad, violentando todos mis derechos y violando el Estado de Derecho. Eso se tiene que investigar, pues solo se deben otorgar copias del expediente a quienes tienen calidad de víctimas, y quienes denuncian este caso no tienen esa calidad”.

En su contestación, presentó pruebas donde “demuestra que la sustitución de áreas de cesión entre Invercol y el Ayuntamiento de Cuauhtémoc fue revisado, sancionado y aprobado por los siguientes entes: Osafig, en la revisión de la Cuenta Pública 2013, donde no observa nada de ese procedimiento; la Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano del Municipio de Cuauhtémoc –integrada por instancias de los gobiernos federal, estatal y municipal–, que supervisó y validó el procedimiento; el Director General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la SEIDUR, Santiago Ramos, quien revisó la modificación al Programa Parcial de Urbanización (PPU) de Altozano; el propio titular de la SEIDUR, José de Jesús Sánchez Romo, quien dictaminó la congruencia de la modificación al PPU de Altozano; el Secretario General de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, quien conoció el caso y lo turnó al titular del Ejecutivo para que procediera a su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”; el Gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, quien el 14 de enero de 2017, publicó la modificación del PPU de Altozano en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”; el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quien mediante Sentencia Ejecutoria de fecha 13 de julio de 2018, resolvió como Improcedente el Juicio de Lesividad promovido por el Ayuntamiento de Cuauhtémoc, con el que se pretendía declarar nulo el acuerdo del 12 de octubre de 2015, que aprueba la modificación del PPU de Altozano, su publicación y todas las consecuencias derivadas; y el Tribunal Colegiado de Circuito, quien el 4 de septiembre de 2018, desechó, por ser notoriamente improcedente, el amparo directo presentado por el Ayuntamiento de Cuauhtémoc, a cargo del alcalde Rafael Mendoza”.

Por otro lado, la delegada transparenta el proceso: “el 8 de marzo de 2013, siendo alcaldesa de Cuauhtémoc, por unanimidad del Cabildo se aprobó la sustitución de áreas de cesión otorgadas al Ayuntamiento por la empresa Invercol (desarrolladora del Condominio Altozano), donde se dio cabida al Recinto Ferial del Municipio. Para este fin, se solicitó la opinión del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) y se realizaron los avalúos de las áreas de cesión sustituidas: la original de 6.9 hectáreas ubicada afuera del Condominio Altozano, en breña y alejado de la mancha urbana; y el área de cesión de 8 hectáreas localizada en la cabecera municipal. La primera fue valuada en 10 millones 877 mil pesos y la segunda en 7 millones 799 mil pesos, cantidad ésta última que al sumar 3 millones 799 mil pesos que costó la urbanización, alcanzó la cantidad de 11 millones 599 mil pesos que asumió la empresa Invercol”. Cabe señalar que el área de cesión original nunca fue urbanizada ni incorporada al municipio. “Está constituida por terrenos irregulares, en breña, sin acceso por el Condominio y sin ninguna utilidad social para el municipio. Por esas razones, el costo de la misma nunca puede ser igual que el de las áreas localizadas dentro del condominio, que ya fueron urbanizadas para su venta y que están, precisamente, dentro de Altozano. En ese error de apreciación incurren quienes afirman costos estratosféricos y denuncias irresponsables respecto de supuestos beneficios indebidos”, explica Vizcaíno.

En tanto, el 12 de octubre de 2015, el Cabildo de Cuauhtémoc aprobó, por unanimidad, el proyecto para modificar el PPU de Altozano, previa autorización del Consejo Consultivo Municipal de Desarrollo Urbano (integrado por los gobiernos federal, estatal y municipal).

“Aparte del dolo del MP de Cuauhtémoc al haber reclasificado, sin elementos, los hechos como Peculado con el fin de mantener operante la investigación, este MP facilitó copias a los denunciantes y al asesor legal de los mismos, violando los artículos 105 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales; copias que han sido publicadas en medios de comunicación, con el propósito de denostarme y hacerme ver ante la opinión pública como culpable”, denuncia Indira Vizcaíno en su posicionamiento.

Considera que esto “evidencia su intención dolosa y de mala fe en mi contra. Quienes tomamos las decisiones que se mencionan en este escrito fuimos, por lo menos, 10 servidores públicos, integrantes de un órgano colegiado, el Cabildo. En todo caso y suponiendo sin conceder, que esas decisiones hubieran sido constitutivas de delito, seríamos responsables todos nosotros y no, como lo están investigando tendenciosamente, solamente el Síndico y la suscrita, con el carácter que tuve de Presidenta Municipal”.

Reitera lo mencionado previamente, donde afirma que “tanto el MP, como el Fiscal Anticorrupción han sido omisos para citar a declarar a numerosas personas que tienen evidente relación con los hechos, como el titular de la SEIDUR; el Secretario General de Gobierno, y el Gobernador”, por lo que “ya se ha solicitado al Fiscal Anticorrupción que cite a estas personas”.

En la última parte de su posicionamiento, sustenta su afirmación de que no se sustenta el delito de peculado: “nunca hubo un aprovechamiento propio o ajeno de las referidas áreas de cesión, ya que las mismas no fueron enajenadas ni objeto de ninguna operación para comerciar con ellas y han sido entregadas al Ayuntamiento; la sustitución autorizada significó un beneficio para la Comuna por el incremento de hectáreas y porque es un bien público para los habitantes del municipio”.

Curiosamente, dice, “seis años han pasado desde la fecha en que se llevó a cabo la sustitución de estos terrenos. De manera coyuntural, en cada época electoral el caso se reaviva con el afán de causarme daño como servidora pública y como persona. Esta vez están muy adelantados en los tiempos político-electorales, pues desde hace meses, en medios de comunicación no cesan los ataques en mi contra, a través de notas periodísticas y comentarios editoriales plagados de infundios, falsedades y calumnias”.

Finalmente, exige al “Fiscal Anticorrupción haga su trabajo y frene la campaña de odio en mi contra; que investigue a quien entregó copias del expediente donde se me involucra; que proceda a actuar conforme a la ley contra quienes mostraron y publicaron esos documentos; que en adelante se conduzca con la legalidad y la responsabilidad que demanda el importante cargo que ostenta, y que cite a comparecer a los servidores públicos citados anteriormente, los cuales, inexplicablemente, no han sido llamados a dar testimonio del caso que nos ocupa”.

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