LA GLOSA DEL INFORME

A raíz delinforme que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas, rindió en la mañaneradel 25 de noviembre de 2020 mostrando las cifras de agresiones a periodistas en los últimos dos años (https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-25-de-noviembre-de-2020?idiom=es), Ernesto Ledesma organizó una mesa redonda en su programa Perspectivas.

En la emisión de ese mismo día del noticiero de Rompeviento TV (https://www.youtube.com/watch?v=aWCU6FtzQN8), participaron como panelistas Jorge Morales, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal para la Atención y la Protección de los Periodistas (CEAPP) en Veracruz;Balbina Flores, representante de Reporteros sin Fronteras en México; Jan-Albert Hootsen, representante en nuestro país del Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), e Itzia Miravete, coordinadora de documentación y seguimiento de casos en Artículo 19.

A pregunta expresa de una reportera de la revista Proceso que, en una mañanera anterior, planteó la situación de los periodistas que están bajo agresiones, sufren violencia, han sido asesinados o desaparecidos, el presidente ofreció que Encinas daría el informe.Una reseña de lo expuesto por el subsecretario se puede leer, por cierto, en la edición de esta misma columnapublicada el 3 de diciembre de 2020.

La reportera del semanario había hablado también del trabajo organizado que está haciendo una red de periodistas para esclarecer el caso de Regina Martínez,la corresponsal de Proceso que fue asesinada en 2012 en Xalapa. Veracruz es un estado que despunta desde hace varios sexenios en la estadística de agresiones.

EL CASO VERACRUZ

Para Ledesma, cuando el funcionario de la Secretaría de Gobernaciónhabla de fortalecer las capacidades locales,se refiere a actividades como las de la CEAPP. ¿Cuál esla condición en la que se encuentran los periodistas en Veracruz?, comienza el conductor de Perspectiva por preguntarle a Jorge Morales.

“Ciertamente,Veracruz es el estado que encabeza el número de agresiones a periodistas que se han presentado en todo el país –reconoce el responsable de la protección a los periodistas de ese estado.

“Hay muchas causas que sería largo de explicar, pero la ola de violencia arranca en un periodo muy definido: el gobierno de Fidel Herrera Beltrán. Factores asociados a la actividad de este líder político, marcan el antes ydespués de las agresiones a periodistas por varias razones asociadas a la política misma, la delincuencia organizada y la corrupción de las instituciones.

“La experiencia que he tenido desde la creación de la CEAPP, como comisionado primero y ahora como secretario ejecutivo, es que la estadística que por supuesto es trágica se agrava porque, con o sin el mecanismo de protección a periodistas,las agresiones continúan ocurriendo.Y aquellas que son letales continuarán sucediendo porque están dadas las condiciones para que se repitan.

“Una de estas circunstancias es la descomposición en muchos ámbitos y rubros de la sociedad. Hay una correlación entre la tasa de homicidio doloso general y la tasa de homicidio de periodistas.Cuando se hace la comparación y el cruce entendemos que,lamentablemente, en Veracruz hay condiciones para que estas tragedias se repitan.”

Por un lado, hay un alto índice de impunidad y, por otro, estántodos esos actores y factores de riesgo. Por ejemplo, persisten las actividades delictivas asociadas en algunos casos con actores políticos. Y también hay una descomposición gremial, señala Morales.

“Cuando yo inicié en el oficio me resistía a creer que los periodistas fuéramos un factor de riesgo para otro periodista, pero es una realidad: hay carpetas de investigación con evidencias de periodistas que están amenazando a otros periodistas en Veracruz, y en un caso se procesó a un colega. Hemos llegado al absurdo en la Comisión de tener que proteger a periodistas de otros periodistas”, deplora.

PASAR A LA OFENSIVA

Para Jorge Morales, “el trabajo en la CEAPP es perfectible, hay falencias y debilidades. Son elementos que la nueva administración tendrá que valorar, pero en términos generales podría decir que hay un error en el enfoque de todos los mecanismos de protección: tanto el federal como los que se han creado en los estados estamos siendo reactivos, por un lado, y pasivos por otro. Manejamos un esquema defensivo en lugar de uno activo y ofensivo”.

“Como secretario ejecutivo, solicité al gobernador Cuitláhuac Garcíaque nos permitiera participar en la mesa de seguridad que sostienen las instancias locales y federales.Hay mucha información que nosotros tenemos y mucha información de inteligencia que ellos tienen,y si la cruzáramos podría ser útil para pasar a una estrategia ofensiva contra un grupo delictivo o un actor político que representan una amenaza.

“Por ofensiva, entendemos que toda amenaza tenga costopara el grupo criminal, no esperar a la agresión o el homicidio de un periodista. Hablamos de costo en términos de una estrategia legal de seguridad y de justicia, que desmantele la amenaza o genere una reacción suficiente para mandar un mensaje a esos grupos criminales: no se va a tolerar, no se dejará pasar y no seremos débiles ante la agresión a un periodista.

“En varios casos hemos tenido indicios de grupos delictivos o incluso de un actor políticoque amenaza la integridad de un periodista, pero luego la autoridad nos pide pruebas. Como si no fueran tan evidentes y toleradas las actividades criminales de los cárteles en Veracruz.

“Así como hay normativas ylegislaciones que establecen, por ejemplo,que a un agresor político que lesiona los derechos humanos de una mujer o de un sector vulnerable de la población, se le ponga en un registro y se bloquee su participación en otras actividades políticas, también hay que sancionar a los políticos agresores de periodistas.

En Veracruz hay caciques políticos que están amenazando y agrediendo periodistas. Y esos abusos están acreditados, aunque hayan vivido en la impunidad porque pasan de alcaldes a diputados y asenadores.

“Por ello, se tiene que fortalecer a los mecanismos de protección a periodistas con la figura jurídica de recomendación.Actualmente, hacemos un exhorto cuando acreditamos un procedimiento contra un actorpor generar una restricción a la libertad de expresión. Pero el exhorto no es una figura formalmente integrada a nuestra normativa ni mucho menos. Necesitamos un procedimiento de recomendación.”

PERRO SÍ MATA PERRO

“Por último –comenta Jorge Morales–, está el factor de los medios de comunicación y los periodistas.Hay una descomposición de la actividad periodística, sobre todo en el ámbito del gremio policiaco, como se le denomina a los que cubren la fuente de seguridad.

“Por las razones que sean,los medios tienen en esta fuente (la más riesgosa, la más expuesta y la más delicada para todos) a personas que muchas veces no tienen formaciones deontológicas profesionales y que, incluso, creanrelaciones informales muy perversasde trabajo.

“Por ejemplo, a un reportero le dan credencial de periodista para no tener que pagarle. Y, con esa acreditación,él debe signarsuspropios convenios de pago. Es un terreno fértil para la corrupción.

“Cuando esta persona ve en ese esquema una oportunidad de dinero fácil o de otras prebendas, se convierte en un factorde riesgo no sólo para ellos y sus familias sino para otros periodistas.De esos casos tenemos muchos aquí en Veracruz y, lamentablemente, esto sigue sin control.

“A las empresas periodísticasles digo que tenemos que aplicar la ley del trabajo”, concluye el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal para la Atención y la Protección de los Periodistas.

REPORTEROS SIN FRONTERAS

Para Balbina Flores, una valoración del informe que presentó el subsecretario Alejandro Encinas parte de señalarcomo algo positivo que se den a conocer “cifras que podemos analizar, cuestionar y revisarsi realmente coinciden o no”.

Es relevante que, por primera vez, el gobierno públicamente informe con cifras y porcentajes.Y que además reconozca que los últimos tres, y particularmente 2020, han sido años muy violentos para la prensa.

“La pregunta es, ¿ante esto qué van a hacer? Encinas señalaalgunas acciones que, más bien, se están pensando frente a la emergencia. Los mecanismos se han transformado en entes reactivos ante hechos consumados. No son preventivos.

“Las organizaciones defensoras de la libertad de expresión hemos propuesto desde siempre y, en particular,ahora al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, establecer una política de prevención y una directriz clara, precisa y contundente para erradicar la impunidad”, señala la representante de Reporteros sin Fronteras en México.

VISIÓN DE ARTÍCULO 19

A Itzia Miravete le parece positivo que las rutas de trabajo que propone el subsecretario de Gobernación, “retomen muchas de las propuestas y exigencias que las organizaciones de la sociedad civil hemos tratado de meter en la agenda. Por ejemplo, esta campaña nacional de reconocimiento a la labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.

Sin embargo, “la coordinación de las autoridades federales, estatales y municipales para la implementación de medidas de protección ha sido, en esta parte reactiva, una de las principales falencias que ha tenido el mecanismo”.

“En los casos que acompañamos,hemos visto que en las juntas de gobierno donde se hace el análisis de riesgos se votan planes de protección, pero al momento de implementarlos hay muchísimas falencias, porque los gobiernos estatales y municipales no se están comprometiendo.

“Informar es un avance importante, pero hay ciertas contradicciones y preocupaciones que tenemos respecto a lo que se plantea en esta ruta:

“De inicio,si bien se tendría que transitar hacia la creación de un sistema nacional de protección integral, cuando hablamos de protección integralestamos aceptando que hay que transitar de un momento reactivo a uno preventivo.

“En ese sentido, el combate a la impunidad y la sanción a los responsables tienen que ser una pieza fundamental de esta política pública integral de protección.Y en esta ruta de Gobernación, no lo estamos viendo.

“Además de la reparación del daño, precisamente para garantizar que se vayan cerrando las condiciones que ahora permiten la violencia, es fundamental generar medidas de no repetición.

“La ruta marcada por Encinas sigue caminando hacia lo reactivo y falla en la parte preventiva:el acceso a la justicia para periodistas y en prevenir que se sigan dando otras agresiones.

“Y hay contradicciones.Por un lado,nos hablan de crear un sistema nacional de protección integral–lo cual involucra la voluntad de muchas instituciones, pero también la necesidad de recursos– y, por otro,se eliminan fideicomisos y se están recortando presupuestos a instituciones que velan por los derechos humanos.

“La campaña de reconocimiento a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, se contradice con las actitudes de las autoridades federales, pero también estatales, que se han encargado de estigmatizar la labor de la prensa.Y un ejemplo muy concreto es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tiene que dejar de hacerlo y sumarse a esta estrategia de reconocimiento.

“Finalmente, para tener un diagnóstico claro sobre la situación de la libertad de expresión, sería bueno que Segob aclarara la metodología que aplicó para establecer la exactitudde las cifras que está manejando”, señala la activista de Artículo 19.

VALORACIÓN DEL CPJ

Jan-Albert Hootsen también considera importante que el subsecretario proporcione cifras,y éstas denla pauta para conocer dónde está la problemática y cuál es la visión del gobierno.

“Es de gran importancia el reconocimiento que hizo Alejandro Encinas de que,la mayoría de los perpetradores de violencia contra periodistas, son funcionarios públicos. Es un problema que México ha tenido desde hace muchísimo tiempo, yse tiene que atender en la forma más precisa.

“Lamentablemente, en el informe de Segob falta la metodología para crear el sistema nacional de protección integral. No queda claro cuál es la ruta. Cuando hablamos de los servidores públicos que se involucran en la violencia contra periodistas,¿qué es exactamente lo que el gobierno va a hacer para evitar que este problema crezca y para, en algún momento, bajar la violencia causada por los servidores públicos?

“Es un problema bastante grave y hasta la fecha no ha habido una respuesta.En ese sentido, me da mucho gusto que el gobierno reconozca que está tomando acciones, por ejemplo, en Iguala (Guerrero).Pero son muchísimos los lugares donde estas acciones se debe emprender y no hay suficientes recursos para hacerlo, más allá de algo incidental.

“La desaparición de fideicomisos es bastante problemática. La gran mayoría de los mecanismos a nivel estatal que deberían formar parte del sistema nacional, cuentanahora con menos recursos.

“Reconozco la importancia de las cifras y que se puedan cuestionar, pero debemos platicar sobre la ruta: ¿qué vamos a hacer como sociedad civil, como gobiernofederal y los estatales para atender esta problemática?

“El análisis de la problemática lo tenemos desde hace muchos años, lo que queremos ahora es conocer la ruta y la metodología que quiere proponer el gobierno”, remata el representante en México del Comittee to ProtectJournalists.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com

Comentarios

2 comentarios

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *