VOCERO, A JUICIO

Este 15 junio de 2022, el juez de primera instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la región sur de Sinaloa vinculó a proceso a quien fuera jefe de comunicación social del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres. De este modo, Jorge Abraham N perdió la presunción de inocencia por los delitos de amenazas ante el trabajo periodístico y violación a la intimidad personal del periodista Felipe Guerrero.

La noticia publicada por la revista Paralelo 23 (https://paralelo-23.com/ciudadanos/procesan-a-ex-jefe-de-prensa-que-haria-trabajo-sucio-del-alcalde-de-mazatlan/) y extensamente replicada en las redes sociales de otros medios y periodistas del país, incluidos algunos de Colima, fue confirmada por el propio Guerrero.

P23 (como el medio abrevia su cabezal) recordó que, en el primer trienio del alcalde Benítez Torres, reelecto para un segundo periodo en 2021, los periodistas críticos a la administración municipal y sus familias fueron difamados en redes sociales a través de perfiles falsos y bots desde las oficinas de comunicación social tanto del Ayuntamiento como del Instituto de Cultura.

VINCULADO A PROCESO

Aunque el juicio apenas empezó, es evidente que P23 ya dictó sentencia:

“Jorge Abraham N asegura haber cursado las ‘licenciaturas de profesor y estudios de matemáticas’. Y solamente exhibe 3 empleos como experiencia laboral: auxiliar contable, publicista, vendedor e informático administrativo, donde seguramente obtuvo las destrezas para realizar el trabajo sucio de la administración”.

Reseña P23 que “la actual administración fue denunciada en varias ocasiones por difamar a periodistas, activistas y periodistas en redes sociales a través de perfiles falsos y bots de Facebook, administrados desde las oficinas de comunicación social del gobierno municipal y creados expresamente para detener las críticas contra el alcalde de Morena-PAS Benítez Torres, quien seguramente tuvo conocimiento, permitió o incluso ordenó el trabajo sucio”.

“Con esa estrategia perversa de comunicación fueron agredidos en redes sociales y amenazados el columnista del diario Noroeste Guillermo Osuna Hi, quien prefirió dejar las cosas por la paz y optó por la autocensura; el activista social Jorge Figueroa Cancino, presidente de la Contraloría Ciudadana de Mazatlán, que fue acusado de agresiones sexuales contra alumnas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la que fue director; y el hijo del periodista Mario Martini a quien le fabricaron algunos ilícitos y [de los] que en su momento presentaron demanda y pruebas en la Vicefiscalía General de Sinaloa-Zona Sur.

“Incluso el mismo presidente municipal acusó públicamente –sin mencionarlo directamente- al propietario de Televisión del Pacífico, Rodolfo Madero, de quien dijo: ‘es mañoso’ y a quien, en un acto de prepotencia, le clausuró la obra Camino al Mar, la más importante del noroeste mexicano, utilizando a Protección Civil Municipal que no tenía competencia legal para hacerlo, lo que generó pérdidas millonarias al empresario.”

Editorializaciones al margen, será interesante ver si estos señalamientos fueron considerados por el juez para someter a proceso al ex vocero municipal. Y pronto veremos si el juzgador reconoce o no que se trata, aparentemente, de una estrategia institucional de la que no sería ajeno el presidente municipal.

Testigos y pruebas que confirmarían “la participación del imputado Jorge Abraham N y de los jefes que ordenaron y aprobaron las agresiones contra periodistas”, habrían sido presentadas este jueves 16 de acuerdo a filtraciones recogidas por P23.

HISTORIA AÑEJA

El tema ha sido polémico desde que empezaron a difundirse las primeras quejas de los periodistas, presuntamente agredidos mediante difamaciones por el ayuntamiento mazatleco.

El 25 de julio de 2019, El Sol de Sinaloa publicó la denuncia que presentó el periodista Mario Martini –locutor de radio y director de la Revista Paralelo 23– contra el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, y su entonces director de Comunicación Social, Jorge Contreras Núñez, por el delito de amenazas.

La querella que presentó Martini ante el Ministerio Público se deriva de supuestas intimidaciones para frenar su trabajo periodístico. El informador considera estos hechos violatorios de su derecho a la libertad de expresión.

Antes de ir a la Vicefiscalía, el periodista presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde fue atendido por el jefe de la oficina regional Fermín Núñez Millán:

“Es una queja [ante la CEDH] que corresponde a la violación de derechos fundamentales, la libertad de expresión, la libertad de opinar, la libertad de publicar; y en la Vicefiscalía es una denuncia penal por amenazas contra el alcalde, el jefe de prensa y quien resulte responsable”, explicó Martini.

DE PODER A PODER

El editor adelantó que también dirigiría la demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos contra la libre expresión, “con lo que sería la segunda denuncia penal contra el alcalde y funcionarios municipales por las mismas causas, en menos de 10 días, en un caso sin precedentes en el estado de Sinaloa”.

Y es que “la periodista mazatleca Janeth Bañuelos también optó por la vía legal después de acusar, a través de su cuenta de Facebook, supuestas amenazas e intimidaciones por publicar columnas donde señala fallas del actual gobierno municipal y presunto nepotismo en la comuna”.

Días antes (el 10 de julio), Mario Martini había dado a conocer a la opinión pública que “hombres sospechosos le tomaron fotografías a él y a su familia a manera de intimidación, por lo que pidió al presidente municipal frenar lo que llamó una ‘embestida’ contra la prensa que critica su gobierno. Además, afirmó, Jorge Contreras pidió que lo retiraran de un programa de radio a cambio de un convenio publicitario”.

Magnánimo, el editor de P23 había hecho “un llamado al Presidente Municipal [para] que públicamente dé la orden de que no va a perseguir a los periodistas, que tome medidas con su gente cercana, porque si él mandó a su jefe de prensa a hacer esto, es grave; pero si no lo mandó es doblemente grave porque su gente está actuando por su cuenta y defendiendo intereses particulares”.

TERRORISMO DIGITAL

Paralelo 23 ha tratado de construir un paradigma del terrorismo digital de Estado, pero no siempre la estrategia funciona:

El 18 de marzo pasado, la secretaria de Pesca de Sinaloa, Flor Emilia Guerra Mena, desmintió que haya sido agredida, insultada o acosada por Ricardo Velarde, director de Desarrollo Económico, Pesca y Turismo de Mazatlán, durante una reunión de trabajo realizada en ese puerto.

En breve comunicado enviado a P23, la funcionaria estatal aclaró: “Eso que se dice es falso, en primera no iba sola y el trato hacia mí y mi equipo fue amable y respetuoso”.

En días anteriores, circuló en algunos portales locales [¿también en el de P23?] y redes sociales que el servidor público le había hecho propuestas indecorosas a Flor Emilia Guerra (https://www.facebook.com/Paralelo23/posts/pfbid02TSGpg7N2Kad48hqQQzWqkncHYEPya1Uh2XERaZjfiDfQyUXwRwVU1ehjgiN2BhCDl).

OTRO CAMPO DE BATALLA

Este asunto es interesante porque nos permite ver, a trasluz, cómo la relación que la prensa tradicional (asumida como cuarto poder) tenía con el poder político encontró nuevos campos donde dirimir sus conflictos: las redes sociales.

Si los medios convencionales (impresos, radiofónicos y televisivos) han migrado o tienen una salida lateral al internet, la comunicación gubernamental también encontró en este plano la posibilidad de dar respuesta a los señalamientos periodísticos que interpreta como ataques políticos. Para voceros y gobernantes, la respuesta indirecta quizá se engloba en el derecho de réplica. Visto desde la perspectiva de los profesionales del periodismo y no de los funcionarios públicos, esto no es más que tecnocensura.

En días anteriores, en Ojo de Mar revisamos las reflexiones que hizo el experto en periodismo digital y redes sociales Alberto Escorcia sobre el uso de bots para la propaganda y la publicidad negativa, y sobre el fanatismo que llegan a manifestar los tuiteros, facebookeros, youtuberos, tiktokeros o instagrameros que libran las campañas orgánicas de guerra semiótica, tanto por parte de la derecha como de la izquierda. Escorcia acusó de estas estrategias de guerra sucia digital, como común denominador, a los encargados de comunicación social de gobiernos y partidos.

El juicio iniciado en Mazatlán es importante porque supone la primera ocasión en que se judicializa una denuncia que, antes, habría quedado en la discusión de un ideal de libertad de expresión. En el puerto sinaloense, el gremio periodístico se queja de estar siendo agredido mediante cuentas anónimas con difamaciones e indiscresiones. Qué tiempos aquellos cuando, en Colima, las autoridades respondían a la prensa con todo el peso de la publicidad oficial, mediante calumnias o meras burlas en otros medios impresos o radiofónicos, con un discurso y unos recursos estilísticos que revelaban no sólo la fuente sino incluso la autoría.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com

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