El especialista en periodismo digital Alberto Escorcia dijo al podcaster español Santiago Camacho, conductor de Días Extraños en la plataforma iVoox, que muchos de los asesinatos a periodistas que se han dado en México supusieron la culminación de un proceso de hostigamiento que comenzó con el acoso a las víctimas en sus propias redes sociales. Sin embargo, hay una enorme distancia entre un paso y otro de esta secuencia de agresiones.
Escorcia también dijo que estas campañas de odio lanzadas desde granjas de bots y con ejércitos de troles, tienen como factor común en todo el mundo haber sido orquestadas por los encargados de las oficinas de comunicación social de gobiernos y partidos, lo mismo de la derecha que de la izquierda.
Mas, por muy graves que sean los ataques que recibe un periodista en internet, la violencia verbal implica una fase distinta a la violencia física. Y si bien cabe hacer un llamado a construir una civilidad en las redes sociales (no a reestablecerla, porque plataformas como Twitter nacieron con ese propósito deliberativo y hasta polémico), no podemos caer en el error de comparar, por ejemplo, la difamación o la descalificación con la agresión física.
Aunque las palabras hieren emocionalmente, la violencia verbal se mantiene en el plano de la representación. Hay una corta distancia entre una etapa y otra de la escala, es cierto, pero es completamente distinto un ataque simbólico a una acción violenta. Incluso, la amenaza se vuelve creíble e inminente cuando se comunica personalmente: cuando se dice de viva voz, así sea por teléfono, y todavía más real cuando se hace cara a cara, a diferencia de las amenazas que pueda recibir la víctima por escrito (en un papel o, como se ha vuelto usual, por vía electrónica en un mensaje de texto).
En una entrega anterior hablamos de la denuncia que se presentó ante el Ministerio Público contra quien fuera vocero en su primer trienio del actual alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, por los ataques que en redes sociales lanzó Jorge Abraham N contra los periodistas que criticaban a su jefe, el presidente municipal. El ex funcionario ya fue sujeto a proceso por un juez de control en Sinaloa.
Y ahora viene al caso la noticia más reciente en el juicio que se le sigue a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Caderón: amenazas, hostigamiento y soborno a periodistas, así como conspiración para asesinar a testigos potenciales de la fiscalía.
AMENAZAS Y SOBORNOS
Según reportó David Brooks, corresponsal de La Jornada, fiscales estadunidenses presentaron una solicitud para la inclusión de evidencia sobre los intentos de García Luna para “silenciar” a periodistas a través de amenazas, hostigamiento y sobornos, como parte de sus actividades corruptas con el cártel de Sinaloa. Más recientemente, presentaron también evidencia de intentos desde prisión de manipular a testigos en el caso en su contra.
El equipo de fiscales federales encargado del caso judicial contra García Luna pidió incluir evidencia en el juicio sobre cómo “el acusado amenazó, hostigó y sobornó a periodistas que estaban investigando sus delitos”, y cómo, “después de su arresto, manifestó la disposición a manipular a testigos”.
En un memorándum presentado al tribunal federal en Brooklyn el miércoles 15 de junio de 2022, los fiscales argumentaron a favor de incluir evidencia de delitos y actos que no están detallados dentro de la acusación formal pero que son parte de las actividades criminales del acusado.
Detallaron evidencia sobre cómo, entre aproximadamente 2008 y 2013 –mientras García Luna ocupaba un puesto en el gabinete de Calderón–, el acusado sometió a un o una periodista (no se especifica género) a “una campaña de hostigamiento y amenazas” durante años ante los intentos de ese/a informadora para investigarlo.
Para establecer la identidad de esa periodista amenazada, cabe recordar las denuncias públicas que hizo la periodista de investigación Anabel Hernández por haber sido perseguida por García Luna, tras dar a la imprenta libros como Los cómplices del presidente (2008) y Los señores del narco (2010). Pero, en el marco de la investigación para su libro Felipe el oscuro, publicado en 2020 tras permanecer inédito por la censura de la que fue objeto en el sexenio de Calderón, igual podría tratarse de la argentina Olga Wornat.
Además, los fiscales solicitaron permiso para incluir evidencia de que entre 2009 y 2010, García Luna usó dinero proveniente de actividades corruptas para pagar “sobornos a una organización de noticias para evitar que periodistas en esa organización publicaran notas negativas sobre él”.
Según los fiscales, los esfuerzos por el acusado de “silenciar a periodistas ayudan a explicar cómo logró asistir de manera corrupta al cártel de Sinaloa durante años sin que fuera detectado o arrestado”.
EVIDENCIA DE CULPABILIDAD
Por otro lado, los fiscales detallaron que casi un año después de su arresto y encarcelamiento en espera de su juicio, García Luna sostuvo conversaciones que fueron grabadas por autoridades de seguridad pública “en donde el acusado platicó de amenazar con violencia y manipular a testigos… refiriéndose a por lo menos uno por nombre”.
En este rubro, los fiscales pretenden incluir una conversación en el otoño de 2020, en la cual afirman que García Luna deseaba “dañar a testigos en su contra”. Explican que una persona con quien estaba hablando García Luna -identificado sólo como “Individuo 1”- le dio al acusado el número de teléfono proporcionado por oficiales de seguridad pública de un agente encubierto que pretendía ser un integrante de la mafia rusa (se supone que en Estados Unidos) llamado “Greg”.
En el memorándum presentan un fragmento de una conversación grabada entre García Luna y el “Individuo 1” el 11 de noviembre de 2020 (García Luna ya estaba encarcelado en Nueva York, luego de su arresto en Dallas el 9 de diciembre de 2019), donde platican sobre un “Rey” y de un “Luis”. Los fiscales suponen que el primero es Jesús ‘El Rey’ Zambada quien testificó durante el juicio de ‘El Chapo’ Guzmán en este mismo tribunal sobre pagos que él le entregó a García Luna por parte del cártel de Sinaloa, y que el segundo es Luis Cárdenas Palomino, quien está acusado junto con García Luna en este caso.
Los fiscales también revelan que el 31 de diciembre de 2020, el llamado “Individuo 1” y el acusado hicieron una llamada conjunta con el agente encubierto “Greg”. Argumentan que estos intentos después de su arresto para manipular a testigos “son evidencia directa de su culpabilidad”.
Los fiscales resumen los cargos y acusaciones en este caso incluyendo que entre 2001 y 2012, cuando García Luna ocupaba primero la dirección de la Agencia Federal de Investigaciones y, a partir de 2006 a 2012, como secretario de Seguridad Pública, el acusado usó sus puestos oficiales para asistir al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos de decenas de millones de dólares.
Los fiscales reiteran que en el juicio esperan contar con el testimonio de varios ex altos mandos del cártel de Sinaloa sobre el pago de sobornos a García Luna a cambio de su protección.
El juicio de García Luna está programado para el 24 de octubre ante el Tribunal Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, concluye la nota de David Brooks.
¿ESTIGMATIZACIÓN…
Desde que el presidente López Obrador empezó a usar la mañanera para ejercer lo que él llama derecho de réplica, organizaciones de periodistas, lo mismo las que agrupan a los propietarios de medios (como la SIP, Sociedad Interamericana de Prensa) o las que velan por los derechos de los reporteros (como Artículo 19), han señalado que los señalamientos en tono de reproche que el mandatario mexicano hace a sus críticos y, especialmente, a quienes difunden noticias falsas, constituyen una forma de estigmatización.
Las críticas arreciaron a raíz de la inclusión en las mañaneras de una sección dedicada a evidenciar ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’, donde además de desmentir evidentes bulos, la conductora Ana Elizabeth García Vilchis contradice opiniones adversas al gobierno de la 4T.
La SIP y Art. 19 sostienen que estas agresiones verbales alientan a otros actores políticos a amenazar o, incluso, a atentar contra la vida de periodistas que ya fueron desprestigiados desde la más alta tribuna del poder ejecutivo. Y estos argumentos han sido retomados por instancias extranjeras, como el Parlamento Europeo o el Departamento de Estado, incluida la embajada de Estados Unidos en México.
Los defensores de López Obrador insisten en que, no obstante que en este sexenio han continuado los asesinatos de periodistas, estos ya no se ordenan desde la Presidencia de la República. Y que, además, el gobierno federal está haciendo grandes esfuerzos para evitar que estos y anteriores homicidios de comunicadores queden impunes.
Que se ventilen en un tribunal de Estados Unidos los intentos de García Luna para “silenciar” a periodistas a través de amenazas, hostigamiento y sobornos, ayudará sin duda a poner en su justa dimensión un tipo de respuesta gubernamental y otro. Cada una de esas políticas públicas merece un análisis y una crítica particular, pero no sería correcto inferir de la estrategia comunicacional de López Obrador los efectos de la política de medios con Calderón o la que aplicó Peña Nieto.
…O RÉPLICA?
Los desencuentros de Andrés Manuel con quien alguna vez llamó “un referente del periodismo”, incluso una “paladina de la libertad”, suenan a desencanto cuando no a despecho porque Carmen Aristegui, “a la hora de las definiciones, se unió al bloque conservador”.
Pese a que López Obrador hizo un comentario que la periodista calificó de machista en la mañanera del 13 de junio de 2022 cuando recordó que ella trabajó con Pedro Ferriz de Con, el presidente no dudó en rememorar al día siguiente que Aristegui fue censurada y acosada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN) por investigar, revelar y publicar el origen de la mansión del ex mandatario priista y su entonces esposa, Angélica Rivera, a la cual se bautizó como la “Casa Blanca de Peña Nieto”.
Lo dijo a modo de ejemplificar cómo las administraciones anteriores reprimieron a “la prensa incómoda” con el cese de sus espacios informativos; acto que, según él, su gobierno no ha replicado: “A nadie se ha reprimido (…) Lo único que ejercemos es nuestro derecho de réplica”, aclaró para justificar la retórica hostil pronunciada desde el estrado de las mañaneras, editorializa Infobae.
“Con EPN, Carmen Aristegui fue censurada. Le quitaron su programa, acá no. A ninguno, a nadie”, mencionó López Obrador, quien ha sostenido como prueba plena de que en México existe libertad de expresión el hecho de ser el presidente más atacado por la prensa desde Francisco I. Madero.
Todavía nos espera un largo debate antes de concluir si la respuesta de López Obrador a esos ataques de la prensa, con señalamientos personalizados, frecuentemente burlescos y cargados de descalificaciones, no suponen más que el ejercicio de un derecho de réplica.
(Cfr. https://www.gaceta.mx/2022/06/fiscales-tienen-evidencias-de-que-garcia-luna-busco-callar-y-manipular-a-testigos-y-periodistas/; https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/14/amlo-acuso-a-carmen-aristegui-de-favorecer-a-va-por-mexico-pese-a-recordar-censura-con-pena-nieto/).
Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com