Héctor Beristáin Souza, el abogado de Sergio Aguayo Quezada, no había visto un acoso judicial tan severo como el que ha sufrido ese analista, politólogo y activista. Y eso que a Beristáin le tocó defender a Olga Wornat (autora de La Jefa, vida pública y privada de Martha Sahagún de Fox, Debolsillo, 2003), cuando el esposo de la madre de los hermanos Bribiesca era presidente de la república.
“No hubo esa cantidad de acoso ni de intervención al Poder Judicial”, había mayor independencia, dijo el abogado en entrevista con Ricardo Raphael (‘A ras de suelo’, 30 de enero de 2020 por La Octava; https://www.youtube.com/watch?v=F4brSNTuo18), donde Beristáin recordó cuando, no obstante que él mismo ya había defendido a la editorial que publicó el libro, condenaron a la periodista argentina al pago por daño moral a la ex primera dama y sus hijos.
El asunto se fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero, con todo, la sanción contra Wornat en México no iba a ser tan ridícula como la que le quieren imponer a Aguayo: 10 millones de pesos.
Beristáin está en el ajo, fue también abogado de Penguin Random House (Mondadori) en los casos de Lydia Cacho (autora de Los demonios del Edén, 2005), Anabel Hernández (que publicó Los señores del narco en 2010) y Carmen Aristegui (quien escribió el prólogo de La Casa Blanca de Peña Nieto, aparecido en 2015).
En todas esas demandas, nunca se ensañaron tanto con un periodista como lo han hecho con Aguayo. “Nunca se había visto una sentencia de 10 millones ni una fianza por 450 mil pesos, que es totalmente desproporcionada”, sostiene el litigante.
UN ARTÍCULO DEROGADO
A Ricardo Raphael le intriga saber qué leyes, principios del Derecho, sentencias de la Suprema Corte o tesis jurisprudenciales argumentó José Francisco Huber Olea, el magistrado de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para fundamentar la resolución en contra de Sergio Aguayo.
Al principio del documento del amparo, Héctor Beristáin menciona que “más que una sentencia justificatoria parece un ejercicio exhaustivo para tratar de entrar por una rendija” y condenar a Aguayo a la luz de dos ordenamientos legales.
Uno está derogado desde 2006, el artículo 1916 y 1916 bis del Código Civil que, en la parte final, trataba estos asuntos de la defensa del honor. Y el otro es la ley especial que a partir de ese año modifica esas mismas protecciones o principios, que sí está vigente.
Como explicó Beristáin, “todos los supuestos abusos de la libertad de expresión estaban sancionados en dos artículos del Código Civil del entonces Distrito Federal que pertenecían al capítulo de Responsabilidad Civil: la parte final del 1916 y el 1916 bis que manejaba algunos supuestos”.
Sin embargo, “los legisladores quisieron traer una ley especializada, nueva, moderna, que se ajustara a los parámetros internacionales y a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se manejara el elemento de malicia efectiva y el tema de la protección a las críticas a figuras públicas”.
Y figura pública es el ex gobernador Humberto Moreira que demandó a Aguayo por daño moral.
EXCEPCIÓN, FIGURA PÚBLICA
La ley actual protege cualquier señalamiento “robusto, directo, incluso hiriente, abierto y desinhibido” contra las figuras públicas. “Las únicas excepciones son informaciones falsas o que se publiquen con el único afán de perjudicar a una persona”. Aun así, el artículo 41 de la ley especial pone un tope a las sanciones por estas excepciones en 25 mil pesos, aproximadamente.
Huber Olea resucitó, pues, dos artículos del Código Civil ya derogados para construir la sentencia contra Sergio Aguayo. Y si bien del ordenamiento legal que está vigente utiliza algunas partes para tratar de cubrir la fundamentación y motivación de la sentencia, cuando el razonamiento lógico y jurídico que se emplea para llegar a una conclusión se basa en un artículo ya derogado, “la sentencia emerge como ilegal”, sostiene Beristáin.
Como un magistrado es por definición un perito en la materia de Derecho, sólo cabe pensar que a Huber Olea lo movió el dolo para emitir dicha resolución.
El juzgador debió haber considerado, en primer lugar, la ubicación del ex gobernador Moreira como figura pública, por ser un hecho notorio y porque él mismo así lo admite en la demanda. Por ser ex gobernador de Coahuila y ex presidente nacional del PRI, a Humberto Moreira se le da un tratamiento especial según el cual debe tolerar señalamientos.
En segundo lugar, Moreira estuvo procesado por la audiencia española. No prosperaron las acusaciones pero cuando Aguayo escribió que Moreira “desprende el hedor corrupto”, el político mexicano estaba detenido en España.
Huber Olea debió haber considerado esto pero, además, la defensa de Aguayo ofreció pruebas supervinientes, esto es, pruebas nuevas que se van dando en el curso del proceso donde se reabre la investigación. Sin olvidar a los testigos protegidos que hablaron en Texas con relación al cohecho y blanqueo de capitales en los que estuvo involucrado el ex gobernador.
Había, entonces, pruebas de veracidad que es lo que exige la ley a un analista como Aguayo para poder publicar un artículo. Un texto opinativo no tiene que estar apegado a la realidad al cien por ciento, pero sí debe haber un ejercicio mínimo para justificar por qué se publica algo, dijo Beristáin.
La defensa de Aguayo exhibió un buen tanto de pruebas (notas en revistas, periódicos e internet) de cómo Moreira dejó una deuda de 64 mil millones de pesos, determinada por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, de “todo el tema del narcotráfico, etcétera”. En ese sentido, la opinión de Sergio Aguayo fue, en sí, “oportuna y veraz”.
SUMA RIDÍCULAMENTE ALTA
Para valorar la actuación del magistrado, hay que ponderar el monto del reparación del daño moral. Huber Olea cuantificó la pérdida del honor en 10 millones de pesos tras hacer, según él, un ejercicio exhaustivo de los gastos que Moreira tuvo que hacer en tratamientos psicológicos. El magistrado hace una regla de tres, calcula el costo de las sesiones y la periodicidad pero aun así el monto no llega a tanto. Es absurdo, sostiene Beristáin.
Por eso, en primera instancia otro juez absolvió a Aguayo, pero es el magistrado ya en la apelación el que valida la cantidad que reclama Moreira. No obstante, hace unos días la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ve los asuntos que tienen que ver con las libertades y los derechos de las personas, dio entrada a un recurso de Aguayo.
Para Beristáin, el trabajo del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena como ponente ha sido impecable en ese sentido protector, y va muy acorde con los lineamientos de la Corte Interamericana y de la Relatoría para la Protección de los Derechos para la Libertad de Expresión; además, toma elementos del Tribunal de Estrasburgo (ubicado en la sede del Parlamento Europeo).
Cuando la Corte atrae un asunto, tiene que justificar los elementos de novedad y de importancia. El ministro ponente tiene que explicar en un informe si se justifica o no la atracción.
Como observa Ricardo Raphael, hay otro ministro en esa misma sala, Juan Luis González Alcántara Carrancá, que conoce muy bien las corruptelas del Tribunal Superior de la CDMX. Lo que lleva a Beristáin a declarar que la cancha está muy pareja. “El tribunal colegiado que iba a resolver también se ha portado bien, nos dio la razón con anterioridad”.
De hecho, el defensor presentó ante el Consejo de la Judicatura, que son los alguaciles de los jueces, un recurso administrativo bastante robusto contra el magistrado Huber Olea.
FALTA UNA PRENSA JURÍDICA
Esa queja, más la acusación que presentó hace algunos años la cooperativa Cruz Azul contra ese mismo magistrado por tráfico de influencias, ¿logrará que el Consejo de la Judicatura exhiba el comportamiento irregular de Huber Olea?, pregunta Ricardo Raphael.
A Beristáin, el magistrado le parece “una persona un tanto narcisista”. Su oficina está plagada de arte y en su cuenta de Twitter presumía cuadros valiosos y coches de lujo. Había ahí también comentarios fuera de tono, como cuando Huber Olea escribió que decir que Arturo Zaldívar ha sido el mejor presidente de la Corte es ofender a Benito Juárez.
Para Ricardo Raphael, este magistrado no es un caso aislado. “Alguien lo protege”, no por nada se dice que esa sexta sala del Supremo Tribunal “es donde caen todos los asuntos de más de mil millones”.
Beristáin acota que, con esta queja administrativa, ya se verá hasta dónde llega la protección de este magistrado. Por lo pronto, hay elementos de prueba suficientes para pedir su cese.
Al periodista, finalmente, le parece escandaloso que al hermano del magistrado el hermano de Humberto Moreira, el entonces gobernador Rubén Moreira, le haya dado una notaría en Coahuila.
Y el abogado subraya el claro conflicto de interés: el magistrado tendría que haberse excusado y, sin embargo, ya antes “estuvo a punto de perder el oficio porque se puso en rebeldía frente al dictado de un juez federal”.
Para Ricardo Raphael, periodistas y abogados tenemos que poner la lupa sobre lo que ocurre en los tribunales. Es probable que los jueces se hayan manejado de esta manera tan equivocada, porque nadie los observa. Hace falta una prensa jurídica o judicial.
Beristáin es partidario de cambiar la ley. En Estados Unidos hay una fase previa donde “te dicen si tienes carnita para ir a un juicio”. Incluso, tu contraparte puede pedir una moción para anular el proceso si la demanda está notoriamente inflada.
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