CIERRE DE LA PROCESADORA DE CARNE, TEMA JURÍDICO, NO POLÍTICO: CLAUDIA AGUIRRE

+ Cuestiona la Diputada el procedimiento jurídico seguido por Leoncio Morán para el cierre de la procesadora, de no desvirtuarse irregularidades podrían fincarse responsabilidades advierte.

La Diputada Local Claudia Aguirre, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas del Congreso del Estado, presentó un oficio ante el Ayuntamiento de Colima para solicitar le fuera entregada diversa información relacionada con el cierre de la Procesadora Municipal de Carne que fuera realizado por el Alcalde de Colima.

En su misiva, la Diputada señala que la Ley que Crea la Procesadora Municipal de Carne, como un Organismo Descentralizado del Municipio de Colima aún se encuentra vigente al no haber sido abrogada por el Congreso del Estado, por lo que el cierre de la planta representa un desconocimiento del munícipe a dicha norma legal.

De igual forma en el señalado oficio le refiere al Alcalde: “dado que para la suscrita el tema es jurídico y no político como Usted lo ha manifestado, tengo a bien solicitarle remita a esta Comisión a mi cargo, la siguiente información a fin de realizar el análisis pertinente previo a realizar acción alguna.”,

Dentro de la información que solicita la legisladora se encuentra la “copia certificada del proyecto de acuerdo presentado ante el Cabildo para extinguir la Procesadora Municipal de Carne, donde deben constar la exposición de motivos correspondiente, así como copia de los estudios, informes o demás documentos que sirvieron para su elaboración.” Lo anterior con la finalidad de conocer los fundamentos legales empleados por el munícipe para desconocer la legislación local.

Lo anterior debido a que según ha dado a conocer la Diputada se encuentran realizando un análisis jurídico en el Congreso del Estado, pues considera que el actuar del Alcalde de Colima pudiera dar pie al fincamiento de responsabilidades administrativas así como un juicio político por violaciones graves a la constitución pues el rastro es un servicio público constitucionalmente conferido a los municipios.

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