Entrados en la fase 3 de la pandemia por Covid-19 en la entidad colimense, ha surgido un tema de economía pública, en la que colisionan dos visiones políticas: la neoliberal por un lado, desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, y la de la Cuarta Transformación, desde el posicionamiento del Poder Legislativo; la primera pide endeudarse para resolver pendientes de una mala administración de los recursos que viene de tiempo antes, la segunda pide una revisión exhaustiva de cómo es que llegamos a esta catástrofe financiera que ahora podría afectar nuestra salud pública.
José Ignacio Peralta Sánchez, en un mensaje difundido ayer por la noche en sus redes sociales, expuso que su gobierno ha invertido casi $100 millones de pesos en equipamiento e insumos médicos, agregando que la entidad requiere de $250 millones de pesos más para enfrentar esta pandemia, por lo que convocó a las demás fuerzas políticas a “deshacerse de colores” para lograr este financiamiento.
Sin embargo, horas antes el Presidente la de Comisión de Gobierno Interno del Poder Legislativo, Vladimir Parra, había sido enfático en rueda de prensa: “No todo es endeudar, la deuda no es una opción, sabemos que los problemas que hay son también heredados. Nada más en esta administración estatal la deuda de Salud ha sido de un aproximado de $600 millones de pesos”.
El morenista resume en esta frase dos de los grandes fracasos de la administración peraltista: el mal manejo de las finanzas y la pésima atención de salud a la población. No es ninguna novedad decir que el Ejecutivo egresado de Essex ha tenido un más que cuestionable manejo financiero de la entidad, como ejemplo, lo que ha pasado con Pensiones del Estado, el aumento de las deudas a corto plazo, las fallas en las políticas de salud estatales, e inversiones polémicas, por lo que el legislador abunda: “Recordar todo lo que se gastó en (el terreno de) la zona militar, todo lo que se gastó en (el predio de) La Campana, fueron cientos de millones de pesos y eso ahora hace falta en el sector salud”.
Por supuesto, estas observaciones incluyen algunas que puntualizaron las escasas medidas de austeridad que el gobierno estatal ha implementado a lo largo de este sexenio. “Queremos ver del gobierno estatal un plan de austeridad como el del gobierno federal, donde todos los altos funcionarios se reduzcan el salario un 25 por ciento, donde se redujo en un 50 por ciento el gasto en operación de la oficina de la Presidencia y donde se está renunciando al aguinaldo”, agregó Vladimir Parra.
La administración peraltista en general ha renunciado a pocos lujos, al menos en lo que a su gabinete se refiere, y por supuesto que extraña que hasta el momento no hayan anunciado la donación de su salario, como sí lo han hecho alcaldes y diputados. Despiden personal, como trascendió a inicios de este mes, pero no se bajan los sueldos en el Poder Ejecutivo, ni del gobernador ni de sus funcionarios más encumbrados.
Hay una serie de condiciones que el legislador planteó, con las que se pudiera analizar la autorización de un préstamo para la compra de más insumos y equipamiento médico. Las condiciones son transparencia total, a lo que también se sumó el coordinador de los petistas en el Congreso, Carlos César Farías, pero también la revisión exhaustiva de cómo es que llegamos a tales números rojos en el sector salud. ¿Estará dispuesto el Ejecutivo a transparentar el manejo de recursos de salud de los años anteriores? ¿A que se revise a fondo por qué es que el estado está tan endeudado?
Vladimir Parra también puso el dedo en una llaga pendiente por curar, como las condiciones de las instalaciones sanitarias en la entidad, deterioradas tras décadas de gobiernos privatizadores, y programas que funcionaban para todo, menos para mejorar las condiciones de la estructura de salud pública colimense, como el “Ni Seguro Ni Popular”.
Volvemos a decirlo, uno de los mayores fracasos de JIPS durante sus años como gobernador es, precisamente, el rubro de la Salud, en la que han abundando los cambios en su gabinete, los reclamos por falta de insumos de todo tipo, y las quejas de los trabajadores dentro de las dependencias estatales.
“¿Cuántas clínicas abandonadas, cuántos hospitales, cuántos monumentos a la corrupción hay?”, cuestionó refiriéndose a este tema el diputado morenista.
No solo es el sector de la Cuarta Transformación la que se opone a permitir más endeudamiento sin investigar a fondo el colapso de las finanzas estatales. En entrevista con Max Cortés, el diputado panista Paco Rodríguez sugirió que se debe analizar con lujo de detalle para qué sería utilizado un hipotético préstamo y cómo se estaría ejerciendo, pues aseveró que la deuda a corto plaza del Ejecutivo asciende a $3 mil millones de pesos, calificando que todo el dinero que le han dado al Ejecutivo, “se ha ido a la basura”.
JIPS no la tendrá fácil en el lobbying de un nuevo endeudamiento, ni siquiera con el pretexto de la pandemia. El Legislativo pedirá cuentas claras. Hasta dónde se transparente, eso ya depende del Ejecutivo.