Cabe atribuirle al exregidor de Manzanillo, Mariano Trillo Quiroz, la invención del “dona challenge”: el reto que consiste en exigir a las autoridades municipales y representantes populares de los porteños dinero para que lo reparta el otrora dirigente estatal del Partido Verde.
Trillo se ha convertido en el mejor ejemplo del demagogo que pueden acabar siendo los políticos del estado. Su redescubierta vocación asistencial es demagogia no sólo porque quiere saludar con sombrero ajeno sino porque, como otros aspirantes a cargos de elección, pretende ayudar a las familias que se quedaron sin ingresos –en su caso, con mil pesos mensuales–simplemente para crear clientelas políticas.
Si Locho olvidó sus propias medidas sanitarias cuando convocó a una manifestación frente al Congreso local para encarar a los diputados que lo habían citado a comparecer por el cierre de la Procesadora de Carne, Trillo se desentendió de la sana distancia al llamar a un plantón frente a la Presidencia Municipal de Manzanillo.
El jueves 7 de mayo, el Consejo Ciudadano Pro Apoyos para los damnificados del Covid-19 mostró el músculo poniendo a adultos mayores y hasta niños por delante.
Los manifestantes dieron portazo, abatiendo los filtros sanitarios del Palacio Municipalcon una expectativa imposible de cumplir: Trillo exige 160 millones del erario para repartirlos, él y sólo él, entre pequeñas empresas y familias pobres.
Nos reiríamos de semejante ingenuidad si no fuera tan grave el riesgo de contagios en los actos que encabeza, al ser Manzanillo el municipio con mayor número de defunciones por la pandemia.
RECORTAR PARA REPARTIR
La urgencia de hacer futurismo político con cargo a los programas institucionales se vive en otros municipios. En Villa de Álvarez, el alcalde Felipe Cruz Calvario cedió a las presiones de los lochistas incrustados en el Ayuntamiento, quienes le habían venido recriminando que en la Villa no se estén repartiendo suficientes despensas.
Le atribuyen la iniciativa al regidor Josué Vergara Santana, en una maniobra operada por la concejal de oposición Perla Luz Vázquez Montes. Sin embargo, formalmente la idea de transferir el presupuesto de Comunicación Social a programas asistenciales fue del tesorero municipal.
Francisco José Amezcua Delgado firmó, el 28 de abril, un oficio en el que solicita al edil Felipe Cruz Calvario “un plan de austeridad y recortes presupuestales” para tener “un balance presupuestario sostenible”.
Amezcua sugirió hacer “ajustes” en el rubro de Comunicación Social, en el gasto corriente que “no constituya un subsidio entregado directamente a la población” y, dentro de la partida para gastos en servicios personales, en las erogaciones por concepto de “percepciones extraordinarias”. Dejó abierta la posibilidad de recortar más recursos, siempre y cuando “no se afecten los programas sociales”.
En concordancia con esta petición, la Oficialía Mayor diseñó una propuesta de reducción de egresos por 50 millones de pesos para ser presentada a la Comisión de Hacienda, con la advertencia de que dichas medidas son de suma importancia para evitar el colapso de los servicios públicos municipales y no violar la normatividad aplicable en disciplina financiera y austeridad.
Se cumplió pues, con el oficio que el tesorero envió a los regidores, la formalidad para procesar una iniciativa que presentó el edil Vergara en sesión de Cabildo. Y, siguiendo el protocolo, los munícipes finalmente vaciaron esa petición en el dictamen de la Comisión de Hacienda.
REORIENTAR EL PRESUPUESTO
En cuando se hizo pública la resolución del Cabildo, los ediles empezaron a recibir toda clase de comentarios negativos en la radio, las columnas y las redes sociales.
Algunos periodistas culparon de la iniciativa a los concejales, aparentemente ansiosos de usar los recursos públicos para promoverse al 2021. Y no faltó quien construyera en las columnas una hipótesis retorcida: Locho ya decidió que su candidata para la alcaldía villalvarense será Perla Vázquez. Por eso, al proyecto de quien fue la abanderada de Morena en 2018 hay que canalizar todos los recursos del Ayuntamiento.
Como presidente de la Comisión de Hacienda Municipal, la maestra Perla encabeza las firmas del dictamen, suscrito además por los regidores José Ángel Barbosa Alcántar, Josué Eulalio Vergara Santana, Mayrén Polanco Gaytán y la síndica municipal Karina Marisol Heredia Guzmán, como secretarios.
En ese dictamen se establece la transferencia por un millón de pesos para el programa de “ayudas sociales a personas” que maneja la Dirección de Atención y Participación Ciudadana.
Para cuadrar la contabilidad, redujeron 300 mil pesos a los “servicios de preparación e implementación de cursos” que maneja el despacho de regidores, pero el resto lo descontaron de las partidas presupuestales asignadas a la Unidad de Comunicación Social: 170 mil para la difusión del quehacer gubernamental por televisión, 230 mil para la difusión institucional por radio y 300 mil para los servicios de transmisión por internet.
En ese dictamen de la Comisión de Hacienda Municipal, redactado por el jurídico del Ayuntamiento, omitieron citar el original oficio del tesorero. Otro indicio de que la iniciativa fue de los regidores.
LES TUPIERON DURO
Al firmar, los ediles no anticiparon que ese recorte a la partida de difusión suponía enemistarse con la prensa. O si lo hicieron, tal vez calcularon que el costo político lo pagaría todo el ayuntamiento, no ellos a título personal.
En todo caso, pensaron que valía la pena el riesgo: es más rentable repartir despensas a nombre propio, que exigir una cuota de menciones en los boletines y las entrevistas de radio pactadas por el gobierno municipal.
Para los regidores con aspiraciones a una nominación en 2021, acceder al programa de despensas los empata con el alcalde. El mérito de entregar víveres es de quien aparece en la foto. Y no es casual que los regidores lochistas suban a sus redes sociales imágenes donde aparecen entregando canastas con productos básicos… junto a la presidente del DIF Municipal Colima, Azucena López Legorreta.
Históricamente el gasto en comunicación social en México, y por supuesto en Colima, se ha usado para la promoción de la imagen del titular de la institución: el presidente municipal, el consejero presidente de un organismo desconcentrado, el presidente del órgano de gobierno del Poder Legislativo o del Judicial. Incluso, en el Ejecutivo todo el presupuesto en este rubro se destina a conferir poder simbólico al mandatario, no a los miembros del gabinete.
Con tres administraciones municipales en su carrera política, los regidores deben pensar que Felipe Cruz ya no necesita más promoción. Y menos cuando la consigna que obedecen algunos ediles es que todo el recurso del Ayuntamiento se utilice para la candidatura de Leoncio Morán a la gubernatura.
Si Felipe tiene aspiraciones de reelegirse, de buscar la diputación federal o incluso la gubernatura, es su problema. A los lochistas incrustados en su cuerpo edilicio, las aspiraciones del presidente municipal los tiene sin cuidado.
PARTIDA DE AJEDREZ
Locho, como hemos dicho, es el dueño de la franquicia de Movimiento Ciudadano en el estado. Y por lo visto considera al Ayuntamiento de Villa de Álvarez parte de sus activos.
Evidencia de la libertad con la que se maneja en el gobierno del municipio conurbado es cómo negoció en su momento el puesto de Noé Guerra como cronista de la Villa, a quien Morán Sánchez acaba de nombrar director del Archivo Histórico Municipal de Colima, para escándalo e indignación de los historiadores profesionales que han venido trabajando ese acervo documental desde hace treinta años.
¿Será Locho, entonces, quien reparta las candidaturas de MC en la Villa o, con sus propias aspiraciones, tendrá Felipe Cruz voz en las designaciones del partido y, acaso, poder de veto?
Ya veremos. La clave para entender el futuro es sencilla: si Cruz Calvario no usa la Presidencia Municipal para jugar su propia partida de ajedrez, tendrá que conformarse con ser un alfil de Locho.
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