Cierro esta columna en espera que se anuncie oficialmente la renuncia de Arnoldo Ochoa González y el nombre de quien lo sustituirá al frente de la Secretaría General de Gobierno, así sea en calidad de encargado del despacho.
La salida del Güero Ochoa de tan importante posición en el gabinete se considera inminente desde el jueves 18 de junio de 2020, cuando el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, lo invitó a incorporarse al comité ejecutivo como secretario adjunto en materia electoral.
Aun cuando el Profesor terminara declinando la propuesta, la sola invitación ya demostró dos cosas:
– El gobernador Ignacio Peralta estuvo tratando por todos los medios de deshacerse del responsable de su operación política,y
– El arribo de José Manuel Romero Coello a la presidencia del comité directivo estatal, se dio en el marco de una negociación con Alito Moreno.
Una primera lectura de esta segunda afirmación se basa en el supuesto, difundido extraoficialmente, que Romero fue impuesto en Colima venciendo la resistencia del propio Nacho,quien no le había perdonado a José Manuel una ofensa personal que resulta todavía más frívola entre más se desmenuza.
En ese sentido, si Alito le pidió a JIPS el favor de perdonar a su viejo amigo, el Gobernador se cobró el favor de inmediato.
UNA OFERTA QUE NO PODRÁ RECHAZAR
Una segunda lectura parte de la hipótesis de que el pleito entre José Ignacio y José Manuel fue fingido. De hecho, ideado con la intención futurista de mantener al candidateable para 2021 libre de los costos políticos que implica ser el amigo más cercano del mandatario saliente.
Esta interpretación alternativa es contraria al espejismo de un líder nacional priista con autoridad para intervenir en la política estatal. La realidad del PRI como partido despojado de la Presidencia de la República (como se evidenció durante los 12 años de gobiernos panistas), es la de una dirigencia nacional sometida a los designios de los gobernadores priistas.
Los mandatarios emanados del tricolor contribuyen al sostenimiento económico del Partido donde el Revolucionario Institucional todavía es gobierno, y no sólo ahí.
Especialmente tras los recortes presupuestales y descuentos a sus prerrogativas, el PRI nacional depende de la generosidad de aquellos que se dicen jefes natos del priismo en los estados que gobiernan.
Si bien Nacho no ha mostrado ser el gobernador priista más identificado con su militancia, su compromiso con el Partido es el suficiente como para pedirle a Alito dos favores: legitimar la llegada de Romero Coello al PRI estatal y justificar la salida de Ochoa González del gabinete.
En la misma asamblea donde rindió protesta Romero Coello como dirigente estatal, se dio la invitación a Arnoldo en público. Aun cuando hubiera querido negarse, la bien instruida porra arrancó un fuerte aplauso y ovación que habrían tapado sus palabras.
UN POLÍTICO DE CARRERA
Que AOG se vaya al PRI nacional no es novedad, ha sido el espacio de desarrollo profesional de un cuadro que, en paralelo, hizo carrera como diputado federal y, en Colima, como encargado del despacho del Ejecutivo.
En esa condición, Arnoldo terminó siendo gobernador interino a la muerte de Gustavo Vázquez en 2005. Pero la salida del gabinete lo descarrila una vez más de su vieja aspiración a un mandato superior a dos meses.
Como secretario general de Gobierno, Ochoa González disputó con Silverio Cavazos la candidatura del PRI para la elección extraordinaria, pero le tocó ser gobernador chiquito como Leonel Ramírez (1973) y Carlos Flores (2003) antes que él, o Ramón Pérez Díaz (2015) después.
Fue finalista en el proceso interno de 2009 que favoreció a Mario Anguiano. Pero ya no estará en la lista de precandidatos del PRI a la gubernatura rumbo al 2021.
Mucho menos se concretará la posibilidad que tuvo de ser gobernador sustituto tras el hipotético retiro de Ignacio Peralta quien, a la mitad de su periodo,vio morir al régimen neoliberal sin haber sido llamado como secretario de Estado por Enrique Peña Nieto.
La eventualidad de que Ochoa González concluyese el sexenio que comenzó Nacho Peralta dos meses después (hubo otro interinato tras la anulación de las elecciones ordinarias), es de acuerdo a los corrillos políticos uno de los factores que animó al Gobernador a tratar de deshacerse de su secretario general una y otra vez.
CUOTA DE SACRIFICIO
El anterior intento de Nacho para deshacerse de Arnoldo, fue a raíz de los escándalos políticos por el asesinato de la diputada Anel Bueno y la ejecución de siete policías estatales.
El mandatario cesó a Enrique Sanmiguel pero se arrepintió de correr a Ochoa González. Y se puede inferir que cada vez que hubo cambio en la cartera de Seguridad Pública, Nacho trató de meter a Arnoldo en el paquete sin éxito.
Ante el asesinato del juez de Distrito Uriel Villegas y su esposa en la ciudad de Colima, la salida de Ochoa González bien podría representar un sacrificio de la administración Peralta para destensar las relaciones con el gobierno federal.
El vínculo institucional entre ambos órdenes llegó al punto de la ruptura luego de la intervención de la Fiscalía General de la República,en asuntos que corresponden al fuero común pero que llevan la marca de la delincuencia organizada. La misma noche del doble homicidio, llegaron a Colima una veintena de agentes federales.
Arnoldo Ochoa es también la cuota de sangre que el gobierno de JIPS está dispuesto a pagar a Morena, en busca de la aprobación de un crédito por 722 millones de pesos.
Como jefe del Gabinete de Seguridad, se explica que el secretario general de Gobierno sea chivo expiatorio de un asunto financiero ya que parte del endeudamiento se justificaría por la necesidad de concluir el C-5.
El gobierno estatal necesita reponer los recursos que ya recibió para terminar esa instalación de seguridad, cuya puesta en marcha es clave para que los órganos de prevención del delito y procuración de justicia puedan ver y escuchar los movimientos de grupos delincuenciales hegemónicos en la entidad.
ENDEUDAMIENTO INEXPLICABLE
Si el Ejecutivo hubiese desplegado tantos esfuerzos para convencer a los diputados sobre la urgencia de que se apruebe el crédito, como dedicó a aleccionar a periodistas y empresarios de la construcción, la discusión se habría llevado en el seno del Congreso donde, por lo menos, hubiera habido margen para una negociación política.
El debate técnico lo perdió el Ejecutivo desde el momento en que dispuso del presupuesto estatal con tanta opacidad. Nacho Peralta le debe a la ciudadanía evidencias del uso que le ha dado al dinero público. Y el desglose de la solicitud de crédito no convence a nadie:
– 500 millones para seguridad, en el estado con el mayor número de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, sí, pero donde el gobierno local no ha hecho el menor esfuerzo por esclarecer esas muertes ni reducir la impunidad;
– 176 millones para atender la contingencia sanitaria por el coronavirus, cuando las cuentas por ejercicios pasados en el rubro de salud no son claras; y
– 46 millones de pesos para concluir la remodelación de Palacio de Gobierno, cuando antes nos vendieron la certeza de que ese recurso ya estaba considerado en el gasto público.
Es comprensible que el Legislativo se resista a aprobar un nuevo crédito después que el Ejecutivo abusó no sólo de la petición de ignorar el monto de la deuda acumulada, sino también de la facilidad de contratar préstamos a corto plazo.
El gran problema para que le autoricen a Nacho el nuevo endeudamiento es la sospecha de que el gobierno estatal necesita liquidez para financiar las campañas de los candidatos oficialistas.
Siendo tan poco viables los triunfos de priistas, cabe suponer además que el objetivo no es gastar un dinero que en todo caso no es para eso, sino desviarlo.
En Colima el PRI ya perdió la mayoría en el Congreso y en los ayuntamientos, junto a todas las posiciones de representación popular de carácter federal.
La única que obtuvo el tricolor en 2018, en alianza con el Verde, fue un escaño en el Senado por la primera minoría que le correspondió al PVEM y este partido es ahora aliado de Morena.
En ese sentido, es de esperarse que la oposición local busque impedir que el partido gobernante en Colima use el poder para conservar el poder.
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