Olvidando que llegaron al Congreso local por los sufragios que recibió en cascada el proyecto de López Obrador, los diputados de la 4T que votaron a favor de la solicitud del crédito ignoraron el mensaje presidencial contra el endeudamiento de los estados.
Esos legisladores se atienen a que el nuevo régimen federal no ha desarrollado mecanismos partidistas, políticos ni institucionales para llamarlos al orden. Pero la 4T tiene que mostrar que la traición no paga y que, por lo menos, quienes se vendieron no serán sus candidatos en 2021.
La línea estaba muy clara. El 27 de mayo de 2020, AMLO conminó a los estados a enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia ¡sin contratar deuda!
El Presidente anunció que se adelantarían participaciones por un monto de 60 mil millones de pesos –constituyentes de un fondo para estabilizar presupuestos de gobiernos locales– pero, a cambio, los estados y municipios deberían presentar un plan de austeridad y de lucha contra la corrupción.
BLOQUE CUATROTEÍSTA
De las tres fracciones que en el Congreso local se identifican con la 4T (Morena, PT y, por una alianza en el Congreso federal, el PVEM), el coordinador morenista Vladimir Parra y el del Partido del Trabajo, Carlos César Farías, bajaron la instrucción presidencial de no aprobar el crédito.
Sin embargo, a Parra lo desobedecieron Julio Anguiano, presidente de la comisión de Hacienda, y Guillermo Toscano, secretario de la misma y presidente en turno de la mesa directiva, sin olvidar a Isabel Martínez, la diputada que suplió a la víctima de homicidio Anel Bueno.
La madrugada del sábado 4 de julio, Anguiano se apresuró a declarar aprobado el dictamen sin cerrar la sesión. Y el martes 7, Toscano se prestó a la maniobra del Ejecutivo para cambiar la sede del Congreso e impedircon el uso de la fuerza pública la entrada de otros diputados al recinto alterno. Ya en la sesión de pleno, Martínez votó a favor.
Rogelio Salinas y casi todos los legisladores del PT, por su parte, cumplieron la instrucción de no votar mediante la astucia de no presentarse a sesión. Permitieron de ese modo una reducción en el número de votos que se requerían para aprobar la solicitud del Ejecutivo.
En cambio, el líder de la bancada del Verde, Miguel Ángel Sánchez, llegó al extremo de asegurarel jueves 9 de julio que el crédito contaba con el aval del gobierno federal. Y afirmó que el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, vino un día antes a Colima para reiterar ese apoyo.
Sin embargo, el gobierno estatal aclaró que el funcionario trató con el Ejecutivo “asuntos de gobernabilidad”. Y cuando la senadora Gricelda Valencia increpó el jueves al Subsecretario, Ricardo Peralta mantuvo la discreción sobre su agenda en la entidad.
(En cumplimiento de sus responsabilidades, lo que el Subsecretario tendría que haberle advertido a JIPS es que, precisamente, usar la fuerza pública para agredir a los diputados pone en jaque la gobernabilidad).
Por lo que respecta a la posición del Verde, ni el dirigente estatal del PVEM, Virgilio Mendoza –quien aspira a la candidatura de la 4T a gobernador–, ni la senadora Gabriela Benavides se pronunciaron en cuanto al crédito.
VOCES CONTRA LA DEUDA
La clase política cuatroteísta se ha venido manifestando en contra del endeudamiento:
El lunes 6, la diputada federal Claudia Yáñez Cabrera instó al gobierno de Colima a aplicar mayor disciplina en los gastos y sólo realizar las erogaciones necesarias para la operación de un gobierno austero y honesto.
Es irresponsable “comprometer las finanzas públicas de las próximas administraciones estatales”. Nacho se queja que le dejaron una pesada deuda que debió refinanciar a largo plazo, pero ahora quiere hipotecar “el futuro económico-financiero de los colimenses”, dijo Yáñez.
Por esta vía, JIPS dejaría al estado sin capacidad de endeudamiento para las próximas administraciones y sin margen financiero para enfrentar eventuales desastres, como sismos y huracanes, sentenció la representante por el primer distrito.
El mismo lunes, el senador Joel Padilla reprobó la intención de endeudarnos por varias generaciones. Y tras reiterar su llamado a Peralta para que desistiera de enviar la iniciativa, el dirigente del PT en el estado subrayó que el endeudamiento ya es alto.
VIOLENCIA FÍSICA
Mientras se desarrollaba un plantón en el Palacio Legislativo, el martes 7 de julio por la mañana la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, subió a sus redes sociales un video solidarizándose con los legisladores y la gente que se dio cita afuera del Congreso.
“Ya de por sí hay una deuda de más de 3 mil millones de pesos a pagar a largo plazo” y una a corto plazo por un monto similar, pasivos a los que tendrían que sumarse estos 750 millones de pesos, alertó la edil porteña.
Y sobre los proyectos para los que Nacho requiere el dinero (terminar el C-5, fortalecer la estrategia de seguridad y concluir la restauración de Palacio de Gobierno), Griselda Martínez advirtió que las administraciones tienen que ser austeras y transparentes.
Si en una administración pública no se rinden cuentas, no se combate la corrupción ni se aplica la disciplina financiera, tampoco se justifica incrementar la deuda, dijo la presidente municipal.
Conocido el resultado de la accidentada sesión, el mismo martes 7 el dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, sentenció en Twitter que “el endeudamiento… fue ilegal. Con esa deuda se hipoteca el futuro de los colimenses. Las resoluciones del Congreso de Colima no pueden darse con policías y represión”.
SELECCIÓN EQUIVOCADA
El miércoles 8 de julio, los integrantes del Consejo Estatal de Morena manifestaron “nuestra indignación ante la violencia, física y política ejercida por el Poder Ejecutivo” en contra de las diputadas Blanca Livier Rodríguez, Ana Karen Hernández, Claudia Aguirre y Araceli García, así como del presidente de la Comisión de Gobierno Interno, Vladimir Parra. Se utilizaron las “fuerzas antimotines para agredir de manera cobarde” a esos parlamentarios, denunciaron.
Incluso el presidente del comité directivo estatal de Morena, Sergio Jiménez Bojado,largamente enfrentado al consejo político que encabeza Vladimir, tuvo que lamentar ese mismo día “el zafarrancho” y reconocer que el debate tenía que darse en el pleno del Congreso, dentro del recinto legislativo.
Y aunque explicó que el cambio de sede fue resultado de las tensiones a las que “abonó” Vladimir Parra, ofreció “analizar si el realizar la sesión en una sede alterna estuvo legalmente fundamentado”.
Parra, a su vez, había responsabilizado de esta situación a Jiménez Bojado y a Claudia Yáñez, porque fueron ellos quienes seleccionaron “equivocadamente” como candidatos a los ahora diputados que traicionaron a la 4T.
DIERON LA BATALLA
Cuando la narrativa oficial insistía en considerar que el crédito había sido aprobado legalmente, la delegada federal de Programas para el Desarrollo en el estado de Colima, Indira Vizcaíno, el jueves 9 de julio celebró a los diputados de Morena que se opusieron al endeudamiento con acciones como tomarel Congreso desde la noche del lunes.
Los diputados “estuvieron a la altura de nuestro pueblo”, escribió en sus redes sociales. “Y dieron la lucha para buscar evitar el atraco que implica la aprobación de un nuevo crédito sin transparencia y con opacidad”.
A los nombres de Blanca Livier, Ana Karen, Claudia, Araceli y Vladimir, añadió Indira los de Mayra Villalvazo y Arturo García Arias, quienes “han hecho frente estoicamente a todo tipo de violencia política y física”.
El mismo jueves, la senadora Gricelda Valencia aseguró que enviaría una carta dirigida al secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, para solicitarledetener el procedimiento de adquisición de deuda pública a largo plazo.
Recordó que el Presidente de la República ha sido claro al instar a las entidades a evitar el endeudamiento de las arcas estatales.Y sostuvo que no hay argumentos sólidos para que Nacho Peralta requiera de un empréstito para solventar el tema de seguridad.
Por la actitud “indolente” del Gobernador, no han sido efectivas las estrategias implementadas para darle solución al problema de la inseguridad. “Los colimenses no le creemos (…). Primero tienen que transparentar en qué se ha utilizado el recurso (para el C5i) antes de venir a pedir prestado de nuevo”.
Para la senadora, los actos de violencia ejercidos contra los diputados de Morena son un hecho histórico. Y responsabilizó al mandatario estatal por hacer uso de la fuerza pública estatal en contra de los representantes populares.
NO TIENE LLENADERA
El mismo jueves 9, la representante por el segundo distrito electoral federal, Rosa María Bayardo Cabrera, presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para exhortar al Gobierno del Estado de Colima a suspender, no ejercer y dejar sin efecto la autorización del congreso local para adquirir y contraer deuda pública. Trece legisladores suscribieron el exhorto.
Bayardo opuso un dato a las razones esgrimidas por el gobernador Peralta (crisis financiera y supuesta disminución de los recursos enviados desde la federación a la entidad): para 2020, la Cámara de Diputados aprobó un gasto federalizado por un importe superior a los 16,700 millones de pesos, lo cual significó el mayor presupuesto que el estado de Colima haya recibido en toda su historia.
Ignacio Peralta alega que los recursos son insuficientes para hacer frente a los compromisos financieros de su administración, escribió la diputada federal en sus redes sociales oficiales, pero “al gobernador no hay dinero que le alcance”.
Bayardo también denunció las irregularidades que se presentaron durante la sesión del Congreso local: aunque se requerían 16 votos, sólo se emitieron 15; violentando los derechos humanos, se realizó una estrategia para evitar que los legisladores que estaban en contra de la deuda emitieran sus votos; “estas acciones están ampliamente documentadas por los medios de comunicación”.
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