Los voceros de los grupos de interés que mantienen la ilusión de influir en la conformación del gabinete de Indira Vizcaíno están desesperados. Es clara la intención de alentar la llegada de sus cuadros a determinadas carteras, aunque es menos evidente el empeño en proteger a aquellos mandos medios cuya permanencia en el gobierno es vital para cuidar de los negocios que hicieron al amparo del poder.
Se está promoviendo al interior del gobierno de Ignacio Peralta la degradación de directivos a posiciones intermedias, a fin de sacarlos del radar y librarlos de la poda sexenal. Por falta de contratos definidos temporalmente, mucho personal de confianza reclamará su basificación o una jugosa liquidación tras el cese. Ambas cosas, conservarlos en la nómina o indemnizarlos, tendrán un fuerte impacto en las finanzas de la próxima administración.
Montados en la idea de un gobierno por asamblea, algunos columnistas asumen que la designación que hará la titular del Ejecutivo de los funcionarios de su gabinete debe responder a la anuencia de poderes fácticos. Más de uno sostiene que Indira Vizcaíno ha de asignar las secretarías en proporción al peso específico de las fuerzas políticas que se expresan en el estado, incluidas las de oposición y, acaso, considerándolas primordialmente. En ese tenor hemos escuchado disparates tremendos, como ese de que la futura mandataria debe gobernar con sus enemigos más que con sus amigos.
Se leen y se escuchan opiniones que recogen las filias y las fobias de los grupos de poder derrotados en las urnas por Indira, respecto a quienes ellos vislumbran como potenciales colaboradores de la gobernadora. Sus juegos de palabras esconden, en realidad, el deseo de colocar activos de esa oposición en puestos de primer nivel y, sobre todo, de ubicar a incondicionales como mandos medios en la administración estatal. Un caso notable es el exalcalde de Villa de Álvarez, Enrique Rojas, nombrado al cuarto para las 12 responsable del programa de becas en la Secretaría de Educación.
AGENCIA DE COLOCACIONES
Hay en Colima una pretendida meritocracia que, a falta de servicio civil de carrera, ha mostrado su capacidad de sobrevivencia brincando de un gobierno a otro. Sin embargo, en 2021 las circunstancias cambiaron. Para empezar, no es el mismo partido el que representa el gobernante que se va, del que llevó al poder a la mandataria que llega.
La alternancia es algo que no habíamos visto en Colima, y eso determina que sea más alta la expectativa que la ciudadanía tiene de un cambio en la configuración del aparato oficial. Ciertamente, no se entendería la transición si los rostros o los apellidos en los puestos de dirección y operación de la nueva administración pública fuesen los mismos de los últimos sexenios.
Hay otra diferencia con sus antecesores, Indira llega al gobierno sin compromisos con partidos ni fuentes de financiamiento. No tiene que pagar cuotas de poder con nombramientos.
Indira ha sido, por lo demás, muy cautelosa en la información que ofrece acerca de cómo estará formado su gabinete. Por lo pronto, a quienes se asumen como gerentes de una agencia de colocaciones, les intriga saber quiénes integrarán el proceso de entrega-recepción, seguro para ir articulando el mapa político e identificar a los personajes con los que puedan eventualmente establecer una conexión. Sin embargo, no es regla que quienes participen del equipo de transición necesariamente deban quedar en las áreas de gobierno de las cuales fueron enlaces. Ya los simbolismos políticos han cambiado, y lo que hizo un gobernador hace cinco lustros no es obligación que lo replique la próxima gobernadora.
Ojalá mantenga Indira su estrategia de no revelar todas sus cartas si es posible hasta la víspera de la toma de posesión, porque sus enemigos se las van a querer quemar o, peor, cooptar a esas figuras.
BIENES MALBARATADOS
El 6 de julio el gobernador Ignacio Peralta envió al Congreso local una iniciativa de decreto que desincorpora algunos predios, con la finalidad de saldar el adeudo que el Gobierno del Estado tiene con el Instituto de Pensiones de Colima (Ipecol).
Por descuentos de nómina no enterados al fondo y por faltantes en las aportaciones de la patronal, la administración Peralta debía al Ipecol, hasta ese momento, 157 millones 468 mil 928 pesos. Y como los dos bienes señalados principalmente –el Estacionamiento Constitución, en el centro de la capital, y el Rancho Buenos Aires, localizado en el camino a El Chical, municipio de Coquimatlán– tienen un valor comercial que apenas suma 88 millones 181 mil 500 pesos, la iniciativa contempla la posibilidad de enajenar 12 predios más, ubicados en Tecomán, Cuauhtémoc, Manzanillo, Coquimatlán, Ixtlahuacán y Villa de Álvarez.
El avalúo ya mueve a suspicacias. El valor del estacionamiento fue fijado por la Secretaría de Administración y Gestión Pública en 36 millones 319 mil pesos, y constituye una ganga considerando los ingresos por pago de tarifas por hora y pensiones por mes, así como los beneficios indirectos que recibe la tienda departamental anexa. La inversión se recuperaría en tan poco tiempo que más parece un regalo para la empresa interesada en adquirirlo.
Buen negocio para el gobierno estatal sería conservarlo o, bien, traspasarlo como activo al Ipecol y que éste lo administrara. No pocos sistemas pensionarios en el país invierten sus caudales en inmuebles, particularmente en estacionamientos y edificios de departamentos, cuyo alquiler capitaliza al fondo.
Por su parte, el valor comercial asignado al Rancho Buenos Aires, 51 millones 862 mil 500 pesos, está por debajo de la cotización de los predios que se ofrecen en la zona. Varios agricultores consultados por esta redacción coincidieron en que el precio de la hectárea se calculó a la mitad del que prevalece en el mercado inmobiliario. Es verdad que cuando hay urgencia por hacer líquido un bien patrimonial se sacrifica la ganancia y se absorben pérdidas, pero no sería remoto que esta venta también lleve dedicatoria.
CAPITALISMO DE CUATES
¿Se quieren apropiar del patrimonio público los socios de los funcionarios que están a punto de dejar la administración? Antes esas rentas sirvieron para tener ingresos para el DIF estatal, es decir, se fondeaba la política asistencial con base en esos bienes. Pero ahora hay una urgencia por cederlos a bajo costo a los mismos grupos empresariales que han hecho toda clase de negocios en este sexenio y en anteriores gestiones de Peralta.
No se venden estas propiedades por falta de dinero ni para cumplir compromisos financieros, sino para que alguien salga beneficiado de la desincorporación. Empero, los funcionarios promotores no han tomado en cuenta que las irregularidades en operaciones inmobiliarias son más fáciles de descifrar que las especulaciones financieras. Y más riesgosas, ya es delito grave la corrupción. Para no ser imputados tendrían que plantear bien los términos de la adjudicación, que no haya lugar a dudas respecto a un posible conflicto de interés.
Por mandato constitucional, los gobiernos deben acrecentar el patrimonio, no reducirlo. No se trata de terrenos ociosos, sino de infraestructura funcional que, en el caso del estacionamiento, es redituable. Pero qué se puede esperar de un gobierno que, en todas las operaciones inmobiliarias en las que se ha inmiscuido, dejó un halo de sospecha: desde La Campana –que, según Mario Anguiano, a él se la ofrecieron a menor precio y con una mayor extensión, lo que de todas maneras no compensaba los problemas jurídicos y políticos que supuso para Ignacio Peralta inmiscuirse en un litigio entre particulares– hasta la antigua zona militar, por no hablar de la polémica concesión del parque regional para convertir un espacio público en zoológico privado.
NADAR EN DINERO
Como gobierno neoliberal, el de JIPS quiso convertir en negocios de particulares muchas de las funciones que implicaban una responsabilidad para el sector público. Y el mejor ejemplo es la vieja alberca de la unidad deportiva Morelos, escuela de natación por antonomasia en Colima y donde se han forjado campeones nacionales, que fue destruida para dar paso a una piscina concesionada.
Toda la unidad deportiva, por cierto, fue remozada y reequipada a costos estratosféricos en diversas ocasiones y en sucesivos sexenios, pero con el actual proyecto de modernización no se midieron a la hora de exagerar los costos. Tanto que tuvo observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y ahora se trabaja a marchas forzadas para que la obra refleje, mínimamente, los recursos millonarios que el Gobierno de México autorizó como inversión.
La concesión de la alberca, como la del parque regional, se tendrá que revisar; transparentar un proceso mediante el cual un bien público que fue, precisamente, pensado para el goce y disfrute del pueblo de Colima, se regirá ahora por un reglamento de club deportivo privado.
Tras recibir el acta del Tribunal Electoral del Estado (TEE) que la acredita como gobernadora electa, Indira Vizcaíno pidió a los diputados de la actual Legislatura que no aprueben la desincorporación de esos inmuebles para cubrir el pasivo con el Ipecol. Incluso, se dijo dispuesta a recibir Pensiones en las actuales condiciones financieras. Ya será su problema resolver la crisis de liquidez del fondo, sugirió.
Al margen de esa línea política, sería inadmisible que los diputados aprueben el decreto cuando estamos a semanas de que arranque el próximo gobierno. Especialmente los legisladores de los partidos aliados con Indira deben tener cuidado en la forma de manejar el tema, porque hay actores políticos que buscan dejar, en el imaginario colectivo, la percepción de que Vizcaíno Silva estuvo de acuerdo en que los funcionarios salientes asumieran los costos políticos de dejar en ceros la deuda del Gobierno del Estado con el Ipecol.
RETRATOS DEL PODER
En su hoy casa de gestión, Indira Vizcaíno se ha ido reuniendo con los alcaldes electos, generando diferentes lecturas del significado de estos encuentros, especialmente en el marco de la resolución del TEE a los casos de impugnación.
Como cuando para ella misma reclamamos el tratamiento de gobernante electa, independientemente de que hubiera procesos judiciales en curso, el hecho que Indira recibiera a la munícipe electa de Colima, Margarita Moreno, no necesariamente significó en ese momento que la candidata de Morena, Gisela Méndez, renunciaría a apelar a la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Aunque luego se vio que así fue.
Las reuniones con los futuros ediles abonan a la fortaleza política de Indira. Y evidencian cómo va ganando solidez mientras el gobernador saliente, Ignacio Peralta, la pierde. Indira adquiere cada vez más peso político, y la presencia de los presidentes municipales es un reconocimiento de su creciente autoridad. Es también un paso natural, la gobernadora simplemente va ocupando el vacío que poco a poco va dejando Nacho.
Cabe reconocer que en todos estos encuentros Indira se ha atenido a la institucionalidad, dirigiéndose a quienes realmente van a ocupar los cargos públicos y no a las fuerzas políticas que están detrás de cada uno de ellos.
Dentro de esas reuniones destaca la fotografía que se tomó Indira Vizcaíno con la alcaldesa electa Griselda Martínez, en Manzanillo. Como la gente lo reconoció en sus redes sociales, esta fue la entrevista de la gobernadora electa con un munícipe que cobró mayor notoriedad, porque disipa las dudas respecto a la relación que llevarán y remarca la importancia estratégica que tiene el puerto para el futuro gobierno del estado.
Indira fue para allá no tanto porque Griselda tenga una mayor jerarquía entre sus pares, sino por la relevancia que Vizcaíno quiere darle a ese municipio costero. El mejor indicador es su reiterado anuncio de que trasladará a Manzanillo la sede de al menos dos secretarías del gobierno, y que establecerá allá un despacho alterno.
Vizcaíno, además, ha sostenido reuniones con los diputados electos de su partido y acudido a encuentros no estrictamente institucionales, entre otros con representantes del sector privado. Se ha dejado ver también en actos públicos con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado (STJE), Bernardo Salazar.
En el plano federal, se reunió en los últimos días con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Scheinbaum, y con las otras gobernadoras electas. Así como con los titulares de SCT, Jorge Arganis Díaz Leal, y Sectur, Miguel Torruco, con quienes revisó las obras que se van a construir en Colima, entre ellas la ampliación a seis carriles de la autopista a Manzanillo, o en su caso la inclusión de los sectores vulnerables a los proyectos turísticos.
FOTOS Y RECUERDOS
La selfi de un connotado empresario colimense, en la que se ve al fondo al gobernador Ignacio Peralta en traje de baño y chaleco salvavidas, en lo que parece ser una práctica de esquí acuático, despertó toda clase de sentimientos entre los colimenses.
La mayoría de las expresiones son de burla e indignación, como si la gente la reprochara al mandatario tener un rato de esparcimiento mientras nunca se preocupó en seis años de los graves problemas financieros y de seguridad, los mismos que recibió y ahora hereda magnificados.
Tanto que ha gastado la oficina de comunicación social y la imagen de Peralta Sánchez es desastrosa. Sus dos legados icónicos serán el ceviche más grande del mundo y el momento en el que el Nacho sube empapado a un yate.