En una semana, en el diario capitalino El Financiero el periodista Alejo Sánchez Cano dedicó cuatro de sus columnas Desde San Lázaro al gobernador de Colima: ‘Ignacio Peralta, con un pie en la cárcel’ (9 de agosto de 2021); ‘Colima sangriento y un gobernador corrupto’ (10 de agosto); ‘Alerta en Palacio Nacional por la crisis en Colima’ (11 de agosto) y ‘La estafa maestra de Peralta en Colima’ (13 de agosto).
En una entrega anterior de Estación Sufragio reseñamos las dos primeras colaboraciones de la tanda que Sánchez Cano dedica al gobierno de Colima, en el marco de la declarada quiebra financiera que llevó a Peralta Sánchez a no pagar la quincena a burócratas y maestros afiliados a la sección 39 del SNTE. En esta segunda parte, repasaremos los comentarios de las siguientes dos columnas de Desde San Lázaro.
Las piezas periodísticas de Sánchez Cano resultan interesantes porque revelan cómo la administración Peralta está en la mira de la llamada prensa de referencia, lo que anticipa varios escenarios políticos: en uno de los cuales no se descarta que Peralta termine sujeto a un proceso judicial que serviría, fundamentalmente, como escarmiento para todos aquellos gobernadores que se negaron a escuchar el llamado a la austeridad, la transparencia y la honestidad en el manejo de los recursos públicos que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a su arribo al poder.
NO PERDIERON POR CASUALIDAD
En ‘Alerta en Palacio Nacional por la crisis en Colima’ (https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/2021/08/11/alerta-en-palacio-nacional-por-la-crisis-en-colima/), Sánchez Cano afirma que la administración de José Ignacio Peralta Sánchez “ha sido el ejemplo más representativo de cómo llevar a un gobierno a la quiebra en poco menos de seis años, merced a proseguir con el endeudamiento creciente que hicieron sus antecesores, sin medir el impacto en las finanzas públicas y sus consecuencias en la falta de liquidez para cubrir el gasto corriente como el pago de sueldos y salarios de los trabajadores al servicio del estado”.
El columnista no duda al aseverar que “Peralta intentó chantajear al presidente López Obrador, en su más reciente visita a la entidad, al mentirle sobre las razones de la insolvencia que impiden pagar los sueldos de la burocracia del estado”. Para “justificar su negligencia”, agrega, Nacho trató de hacerle creer al jefe del Ejecutivo federal que en sus manos “está el destino de miles de trabajadores colimenses”.
Sin embargo, celebra Sánchez Cano, el presidente de México no cede “ante este tipo de chantajes y menos aún cuando estos son consecuencia de actos en los cuales se sospecha corrupción”. El desvió ilícito de recursos públicos es el “estigma que cargará Peralta como una pesada losa sobre sus hombros”. De hecho, la Auditoría Superior de la Federación tiene bien documentadas las observaciones realizadas por este órgano revisor contra Peralta, las cuales rondan los 5 mil millones de pesos.
Para el columnista de El Financiero, “no fue casualidad la derrota sufrida por el PRI en los pasados comicios del 6 de junio”. La alternancia política en la entidad es, además de un severo revés para Peralta, un hecho inédito luego que el tricolor “conservó el poder en todos los comicios celebrados con anterioridad”.
EL ZOOLÓGICO ENTERO
Indira Vizcaíno recibirá “un gobierno en quiebra y endeudado con vencimientos en el muy corto plazo, del orden de la tercera parte” de los 6 mil 22 millones de pesos que suman la deuda pública, “de los cuales más de 2 mil millones tienen que pagarse casi de inmediato”. La gobernadora electa no ganó la rifa del tigre sino el zoológico entero, comenta Sánchez Cano.
“Tan sólo en el año 2020, el gobierno del estado de Colima contrajo deuda pública con bancos por el orden de mil 950 millones de pesos; esto, de acuerdo al Registro Único de Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda (actualizado a junio de 2021). De esta cantidad, las obligaciones a corto plazo suman mil 210 millones de pesos; mientras que las de largo plazo alcanzan 740 millones de pesos.”
Y el único crédito publicitado para enfrentar el Covid-19, contra lo que diga Peralta, “fue uno de corto plazo otorgado por HSBC el 23 marzo de 2020 de 100 millones de pesos, con los que se asegura que se adquirió equipo médico de protección, un tomógrafo y respiradores”.
Para el grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, “la insolvencia financiera que enfrenta el gobierno del estado es sólo una confirmación de las irregularidades administrativas que han sido señaladas constantemente por ellos y que la crisis administrativa refleja al menos una pésima planeación, una gran falta de orden administrativo y genera sospechas fundadas de manejo discrecional de los recursos públicos y de posibles actos de corrupción”.
La cuenta pública refleja una realidad que no se corresponde con el panorama económico. “El titular del Ejecutivo sostuvo que durante 2020 su gobierno recaudó menos recursos de los esperados; sin embargo, hubo un crecimiento en los ingresos estatales por el orden de 1.3 por ciento comparado con 2019, según un análisis del Centro de Estudio de las Finanzas Públicas (CEFP) del Congreso de la Unión. Y si se revisan las aportaciones y participaciones federales, el CEFP establece que Colima dejó de recibir aproximadamente 250 millones de pesos por estos conceptos en 2020. Esta contracción de 250 millones de pesos no es una cifra comparable con los mil 210 millones de pesos que requirió a corto plazo a distintos bancos. La diferencia revela el tamaño de las irregularidades y el desorden financiero del actual gobierno estatal”, concluye Sánchez Cano.
LA ESTAFA MAESTRA
En ‘La estafa maestra de Peralta en Colima’ (https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/2021/08/13/la-estafa-maestra-de-peralta-en-colima/) se plasman los “varios asuntos abiertos y un cúmulo de observaciones de la cuenta pública 2020”, por parte de la ASF que dejará Peralta al concluir su encargo el próximo 31 de octubre.
A ello hay que sumarle las demandas por incumplimiento de pago que preparan “varios de los proveedores del gobierno de Colima, así como una serie de investigaciones que escudriñan las cuentas bancarias personales de varios personajes que se prestaron a encubrir diversas operaciones de compraventa que se hicieron durante su administración y que siguen en la mayor secrecía”. Con base en esas pesquisas, asegura el reportero, las autoridades federales están listas para implementar carpetas de investigación que pronto se judicializarán.
En la lista de notables de la política que son cómplices del gobernador Peralta, figuran jerarcas incrustados en la cúpula nacional del PRI. La relación de “amistad entrañable” que prevalece entre Nacho y Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, trasciende el nivel de “compañeros de jarras” al tema de “los negocios”.
“De igual manera, la relación por intereses creados del mandatario estatal de Colima con algunos miembros de la jerarquía del PVEM, es de sobra conocida y […] pasa por el manejo discrecional de algunos permisos que tienen que ver con el Puerto de Manzanillo y claro, por el suministro de diversos insumos al sector de salud, en estos tiempos de pandemia”, asegura Sánchez Cano.
Tras prometer revelar “algunos pormenores y nombres de las investigaciones que hacen autoridades federales”, el columnista adelanta que “tan solo es cuestión de tiempo” que emerja “la punta del iceberg de la enorme corrupción que ha prevalecido en la administración” de JIPS.
Desde San Lázaro reconoce que, si bien, “las participaciones de la Federación hacia [nuestra] entidad se han dado en tiempo y forma”, ciertamente se redujeron en 150 millones de pesos y, “para resarcir esos recursos, Peralta contrató deuda por un monto superior a los mil millones de pesos y aún con eso, no tiene para pagar la nómina”.
FLUIDOS Y GRANELES
En la primera parte de una serie de colaboraciones sobre el tema, Sánchez Cano asegura que el puerto de Manzanillo ha estado desde hace años en la mira de los auditores por la sospecha de “una red de corrupción entre las autoridades portuarias, además de que también se ha vuelto blanco de los cárteles del narcotráfico y del crimen organizado para poder recibir y transportar droga y armas”.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) de la 4T confirmó esas sospechas de corrupción con una investigación que dejó al descubierto “una red en la que se otorgaban la venta y contratos de cesión parcial de derechos sin el aval de su Consejo de Administración, y detectó que funcionarios de alto nivel estuvieron involucrados en esa estructura en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto”.
El Universal publicó en su momento que la investigación, entregada el pasado mes de diciembre, “confirmó la denuncia que hizo la Auditoría Superior de la Federación en el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018”.
“Se encontraron tanto inconsistencias como incumplimiento y omisiones durante la gestión del ex director de la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo, Ovidio Noval Nicolau, al favorecer a empresas amigas, aunque al final no tuvo consecuencias legales.”
La ASF confirmó que Noval Nicolau “firmó el contrato número APIMAN01-035/18 con la empresa Logística de Fluidos y Graneles, que no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 17 del reglamento de la Ley de Puertos; además, otorgó una prórroga de 15 años al cesionario con número de contrato APIMAN01-020/07 sin cumplir la normativa”.
Una investigación del Órgano Interno de Control de la API Manzanillo detectó que Ovidio Noval, junto con Ricardo Martínez, entonces director adjunto de Proyectos Prioritarios Marítimo-Portuarios, y Alejandro Hernández Cervantes, director general de puertos de la SCT, formalizaron el contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones el 21 de agosto de 2017 con la empresa Logística de Fluidos y Gráneles, bajo el contrato APIMAN01-035/18 registrado el 27 de agosto de ese año, “a pesar de que la empresa no contaba con permisos y las autorizaciones de la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Competencia Económica y de las autoridades ambientales”.
Tampoco “presentó la acreditación de contar con recursos financieros, materiales y humanos para realizar el proyecto, entregó un título de propiedad que no se encontraba a su nombre, no presentó título de concesión de la zona federal marítimo terrestre y no proporcionó copia certificada de la autorización en materia de impacto ambiental”, cita el columnista.
Y menciona que Nora Alba Borrego Balleza, actual titular del Área de Quejas del OIC en esa misma API, había señalado desde el 15 de octubre de 2018, mediante el oficio OIC 09/179/363/2018, que “hay elementos para indicar que los servidores públicos señalados cometieron presuntas irregularidades administrativas (…) debiendo ser revocado dicho contrato en cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Puertos”.
El contrato contempla una concesión de superficie de agua de 159 mil 52.42 metros cuadrados, para construir y operar una terminal marítima especializada en almacenamiento de petrolíferos, para carga y descarga, manejo, almacenaje, alijo, estiba y acarreo de fluidos de cualquier tipo, sea granel, agrícola, fertilizantes y carbón con vigencia de 20 años y la posibilidad de prorrogarse, resume Sánchez Cano.
En la prometida continuación de ese reporte, el autor de Desde San Lázaro probablemente expondrá cómo ese contrato vincula a los familiares del gobernador Peralta con los negocios inherentes al nuevo puerto de Cuyutlán.