Las y los legisladores de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado aprobaron un Punto de Acuerdo en el que se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que investigue de oficio las probables violaciones a los derechos humanos en relación al desalojo de familias del Ejido de Campos, Manzanillo, Colima, después de que el pasado miércoles 29 de junio del presente se realizó un desalojo con uso de la fuerza pública a más de 100 personas, entre las que destacan niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, y personas que viven en situación de pobreza extrema.
En el mencionado punto de acuerdo, se refiere que la Sexagésima Legislatura “hace un atento y respetuoso exhorto a la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Maestra Rosario Piedra Ibarra, para que investigue de oficio las probables violaciones a los derechos humanos, que se pudieran haber cometido por el desalojo de aproximadamente 24 familias del Ejido de Campos, en el que se hizo uso de la fuerza pública, derivado a lo ordenado por el Mtro. Roberto Carlos Ramos Coronado, Juez Sexto de Control y Juicio Oral del Primer Partido Judicial en Tonalá, Jalisco, respecto de la carpeta de investigación 39957/2022”.
De acuerdo con lo expuesto en el Pleno, por parte de la diputada del Grupo Parlamentario de Morena, Isamar Ramírez Rodríguez, en varios de los casos “las familias tenían más de 40 años viviendo en el lugar y con mucho sacrificio y esfuerzo construyeron sus viviendas. Además de las viviendas que fueron desalojadas, también se impide el acceso a espacios de uso común como son la Casa de Adultos Mayores de Campos en la que las personas de la tercera edad acuden semanalmente a tomar talleres y cursos; a la Cancha de Futbol de la comunidad, en la que decenas de jóvenes realizan actividades deportivas”. También se aseguró un bien inmueble de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (Capdam), que sirve para dotar del vital líquido a la población de Campos.
Además, en el documento se señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es competente, por ser un caso en el que se ve implicado el Poder Judicial del Estado de Jalisco, en relación con hechos ocurridos en el Estado de Colima, es decir, hay dos entidades federativas involucradas, además en el hecho posiblemente estén involucradas tanto autoridades o servidores públicos de la Federación, como de las entidades federativas o municipios.