+ Protegerán a niñas, niños y adolescentes, para evitar que sean ultrajados.
La legisladora Ana Karen Hernández Aceves propuso en el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en nuestra entidad, tendiente a proteger a quienes son menores de edad y evitar que sean víctimas de violencia sexual en las escuelas.
La propuesta busca reformar las fracciones XI y XII del artículo 58 de esa ley, para quedar así: “Conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, violencia sexual o cualquier otra forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes que se suscite y/o detecte en centros educativos”.
Igualmente, para que se elaboren protocolos de actuación sobre situaciones de acoso, violencia escolar y violencia sexual que afecte a niñas, niños y adolescentes, para guiar la actuación del personal en las escuelas, y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la violencia sexual es todo tipo de acto sexual o tentativa de consumarlo, comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, acciones para comercializar o utilizar la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de su relación con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo.
La OMS ha reconocido que la violencia sexual afecta a millones de personas en todo el mundo; que representa un problema grave de salud pública global y constituye un problema de derechos humanos de las víctimas y de justicia social, y uno de los grupos más vulnerables ante este tipo de violencia son las niñas y niños.
“Una violencia cuya magnitud y consecuencias son amplias, pero sobre la que poco se ha incidido para contener y atender de manera efectiva”, estableció la legisladora manzanillense.
Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el abuso sexual infantil o infanto-juvenil es una forma de violencia a la infancia que ocurre con mayor frecuencia de la que se piensa, que constituye desde el minuto cero un delito, con graves consecuencias que pueden durar toda la vida.
Medir la magnitud de la violencia sexual y del abuso sexual infantil no es tarea fácil pues se estima que respecto a este fenómeno no existen estadísticas confiables, pues es un problema que no se detecta a tiempo o es ocultado, sin llegar a la denuncia.
Según cifras de la OMS, 150 millones de niñas y 73 millones de niños han sido sexualmente violentadas y violentados en el mundo; una de cada cuatro mujeres y uno de cada seis hombres será abusado sexualmente antes de sus 18 años; y hasta 20% de mujeres refieren antecedentes de abuso sexual infantil.
De acuerdo con datos recopilados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, entre 2010 y 2015, se integraron 6 mil 300 averiguaciones previas en materia de abuso sexual infantil en quince estados de nuestro país. No obstante, esta Comisión estima que existe una «cifra negra» superior al 94% en lo que hace a los delitos sexuales.
Por su parte, la organización “Save the Children” reporta que cuatro personas en cada diez delitos sexuales son en menores de edad. En México, cada año se cometen al menos 600 mil delitos sexuales. Más de 28 mil personas figuran como víctimas en averiguaciones previas registradas entre 2010 y 2015 por casos relacionados con violencia sexual hacia niñas menores de 15 años de edad.
En el mismo periodo fueron atendidas 317 mil 996 niñas y adolescentes hasta 15 años de edad por casos de violencia sexual y las personas que agreden a las niñas y niños generalmente forman parte de su círculo “de cuidado» y convivencia inmediata: padres, padrastros, hermanos, abuelos, primos y personas conocidas de la familia.
Karen Hernández dijo que fuera de la familia suelen ser otros cuidadores o personas con las que se relacionan: docentes y personal de instituciones educativas, niñeras, entrenadores deportivos, sacerdotes, líderes de grupos y otros; figuras de autoridad y contacto frecuente con las y los niños agredidos.
Concluyó que como maestra, sabe que la comunidad escolar es espacio central para prevenir y detectar las diferentes formas de violencia sexual que pudieran estar viviendo niñas y niños, dado el contacto cotidiano y directo, así como el nivel de conocimiento que pueden tener las y los docentes y otros actores educativos respecto a cada una de las y los menores a su cargo.
“En ese sentido, es pertinente que las y los adultos cuidadores sepan qué hacer ante un caso de abuso sexual infantil. En especial, las y los docentes deben contar con una ruta o protocolo de actuación ante esta forma de violencia”, concluyó la diputada manzanillense.