Dado que sigue predominando el neoliberalismo en este gobierno de la cuarta transformación, ¿cuál sería una alternativa viable a ese modelo?, se pregunta la economista Violeta Núñez.
La académica de la UAM-Xochimilco conversó en la emisión del 9 de diciembre de 2021 de Perspectivas –el programa de Rompeviento TV que conduce Ernesto Ledesma (https://www.youtube.com/watch?v=1WLFWOCbPrI&t=46s)– con dos de los 19 coautores del libro La economía de la 4ª. Transformación (Juan Pablos Editor, 2021) que Núñez Rodríguez coordinó.
En su caso, se trata de un par de los expertos que revisaron la dimensión neoliberal del modelo económico que sigue el actual gobierno: José Gandarilla, investigador de la UNAM, y Arturo Huerta, profesor del posgrado en la Facultad de Economía de esa misma casa de estudios.
Para Huerta, si México y los países desarrollados se industrializaron fue gracias a las políticas proteccionistas. Y si unos y otros nos hemos desindustrializado, es por el libre comercio.
Por eso, en su opinión, cuando Trump amenazó al gobierno mexicano con imponer aranceles si no detenía la inmigración de Centroamérica, López Obrador debió aceptar: “Retomar los aranceles le hubiera permitido al gobierno mexicano proteger la producción nacional y recuperar el proceso de industrialización y de crecimiento de la economía, sin verse subordinado como hasta la fecha al planteamiento estadounidense de ‘Quédate en México’”.
Con la polémica en curso respecto a si Estados Unidos terminará subsidiando a los autos eléctricos (al momento de la charla faltaba la Cámara de Representantes, pero ya lo había aprobado el Senado), Huerta subraya que EEUU tiene el manejo soberano de su política económica para hacer lo que quiera. Al igual que el gobierno mexicano que ya advirtió, a través de la Secretaría de Economía, que impondría aranceles al país vecino si se subsidia a los autos eléctricos.
“Si la Unión Americana subsidia a su industria eléctrica, México tambien puede o incluso a la agricultura. Pero eso no pasa por la mente de los economistas [neoliberales] que tenemos.
“Y es que hay muchos poderes, efectivamente. Durante la crisis de 2008-2009, se reconoció que el modelo favorecía al 0.1 por ciento de la población y excluía al 99.9 por ciento de los habitantes. Se empezó hablar entonces de cambiar las políticas económicas predominantes. Pero, una vez que en 2010 se empezó a vislumbrar una recuperación, todo mundo olvidó que el modelo no funciona.
“Una nueva crisis se presentó en 2020, en tres ámbitos: salud, economía y medio ambiente. Sin embargo, los gobiernos siguen aplicando las políticas económicas predominantes”, critica Huerta.
NO HAY CAMBIO
“No obstante, en otras partes del mundo sí hay un cambio”, comenta el autor de libros como Hacia el colapso de la economía mexicana, La austeridad fiscal: causas y consecuencias o El ocaso de la globalización.
“Muchos países están regresando a las políticas proteccionistas ya que hubo un rompimiento de las cadenas productivas por el cierre derivado de la pandemia. Eso hizo que muchas naciones buscaran asegurar su propio abasto de insumos estratégicos, para no depender de otros. Se están instrumentando políticas proteccionistas y se retoma el proceso de industrialización. Pero, en México, los tomadores de decisiones no tienen idea de esto.
“Respecto a cuál es la alternativa posible, las mismas circunstancias obligan a ir planteando una política económica distinta porque la predominante nos ha llevado a un mayor subdesarrollo y atraso: el nivel del producto interno bruto en el tercer trimestre de 2021, fue igual al PIB del tercer trimestre de 2016.
“Es decir, tenemos un retraso de cinco años y, si contamos per cápita, de mucho más. No hay perspectiva de crecimiento porque éste requiere bajas tasas de interés, incremento en el gasto público, políticas proteccionistas y créditos baratos.
“Para subordinar lo financiero a lo productivo, se requieren políticas económicas que no están contemplando el Congreso ni el Ejecutivo. Será hasta que la gente salga a las calles a demandar cambios de rumbo cuando eso ocurra. A nivel nacional y mundial, la ciudadanía va a tomar las calles demandando empleo, mejores salarios, política industrial y política agrícola que no existen.
“Toda crisis debe llevar al cambio de la situación política y económica que la generó. Pero en México no hay discusión alguna. La gente que llega al Congreso ni idea tiene. Yo he sido asesor en varias legislaturas, y es lamentable ver quiénes toman las decisiones. Tampoco la gente que ha metido este gobierno al banco central sabe nada de política monetaria. Y los otros [subgobernadores] son [economistas] neoclásicos.
“Hay que discutir el papel que debe tener el banco central, no casarse con el respeto a su autonomía. La autoridad [hacendaria] responde a los intereses del sector financiero, no a los intereses del sector productivo, del pleno empleo ni del bienestar. Los bancos centrales surgieron para financiar a los gobiernos, y fue precisamente porque les quitaron a los gobiernos el manejo de la política monetaria que estamos donde estamos.
“A este debate nacional debe contribuir La economía de la 4ª. Transformación, y deberían escribirse muchos más libros, artículos y relatorías de mesas redondas donde se discuta cuál debe ser el papel de la política monetaria y de la política fiscal, y se reflexione sobre la necesidad de tener una política industrial, agrícola y de empleo para evitar una mayor crisis a la que ya estamos enfrentando”, concluye Arturo Huerta.
EL DESPOJO
Desde la academia y el activismo político, Violeta Núñez ha sido una de las impulsoras de las reformas que podrían haber llevado a modificar la Constitución en materia eléctrica, aunque sí terminaron en cambios a la ley de minería para garantizar la soberanía nacional sobre recursos estratégicos como el litio.
En un reportaje de Rompeviento TV con el título ‘Ley Minera, la legalización del despojo’ (https://www.youtube.com/watch?v=Xp00czO3dMI), la investigadora expone las razones legales que hacen obligada una reforma del sector.
En el resumen que hace la redacción del medio digital se informa que la superficie concesionada a empresas mineras pasó, entre 1994 y 2018, a abarcar más de la mitad del territorio mexicano. A finales del mandato de Carlos Salinas de Gortari había dos millones de hectáreas concesionadas a empresas mineras, pero al término de la pasada administración la cifra aumentó, según el sexto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, a más de 105 millones de hectáreas por las nuevas concesiones.
“Son datos alarmantes –subraya Núñez Rodríguez en entrevista– pues la totalidad del territorio mexicano abarca 196 millones de hectáreas. Es decir, más de la mitad de esta superficie ha sido concesionada.”
¿Y cómo fue posible que llegáramos a esto? Para comprender la situación actual, en un reciente escrito esta doctora en Desarrollo Rural analizó la reforma al artículo 27 constitucional de 1992 durante la administración de Salinas de Gortari:
“Es preciso recordar que el histórico artículo 27 de la constitución política de 1917 fue parte fundamental de los acuerdos derivados de la revolución mexicana, pues marcó el inicio legal del reparto agrario. Sin embargo, con la reforma en la Constitución el logro del movimiento revolucionario se deformó, ya que con dichas modificaciones se cancelaba la posibilidad de que los campesinos que necesitan tierra la solicitaran al Estado. Además, se posibilitó la privatización de la propiedad social y, en particular, de las tierras ejidales.
Con la promulgación de tres leyes complementarias: la ley agraria, la ley de aguas nacionales y la ley minera, “de alguna manera tierra, agua y minerales se transformaban en mercancía”.
Violeta Núñez documentó que uno de los objetivos fundamentales de esta reforma era la modernización del campo bajo el argumento de que la inversión pública no podía, por sí sola, financiar y asegurar la productividad del sector agropecuario, entre otros motivos.
También se planteó eliminar los impedimentos a las sociedades mercantiles para dar capacidad a los productores de vincularse, efectivamente, a las nuevas condiciones de mercado. En ese entonces, Carlos Salinas expresaba que, ‘frente a un México nuevo, la modernización se impone como única vía para enfrentar los retos de la economía, dentro de un marco de competitividad, eficiencia y excelencia’.
ASÍ EN LA TIERRA…
En este contexto, y con argumentos similares a los de la reforma del Artículo 27, fue propuesta la iniciativa de la ley minera. Al respecto, Salinas dijo que la iniciativa de ley buscaba promover una mayor canalización de recursos a la exploración del territorio nacional, simplificar los procedimientos administrativos, alentar la inversión por parte de los particulares, permitir la participación del capital extranjero para la exploración y explotación, y eliminar los límites a la superficie concesible.
Violeta Núñez asegura que este acontecimiento sentó las bases del actual escenario minero nacional, que beneficia casi por completo a las grandes empresas mineras y ha constituido un proceso de despojo legal vivido durante los últimos 38 años. Además, ha posicionado a México como la nación latinoamericana con más conflictividad derivada de la minería.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía sobre la estructura de la producción minero-metalúrgica nacional, la participación de la gran minería en la obtención de oro en 2016 era del 98.96 por ciento, mientras que la mediana minería registró una participación del 1.03 por ciento, y la pequeña minería tan sólo del 0.01 por ciento. Este patrón se repite en la mayoría de los minerales. En más de la mitad de la producción minero-metalúrgica nacional, la pequeña minería tiene poca o nula participación.
Por otra parte, en su investigación Núñez Rodríguez da cuenta que el marco de la ley minera les brinda un poder lícito y casi absoluto a las empresas mineras, mientras deja prácticamente sin posibilidad a los pueblos indígenas de obtener una concesión.
…COMO EN EL SUBSUELO
Son varios los artículos que empoderan a las empresas mineras:
El artículo 10 de la ley minera dicta que la actividad de minería solo se podrá realizar mediante el otorgamiento de una concesión, y según el artículo 13 se otorgará esta concesión sobre terreno libre al primer solicitante. Ahora, en el caso de que el terreno esté ocupado por un pueblo o comunidad indígena que también solicite dicho terreno, se dará preferencia a los pueblos indígenas siempre y cuando cumplan con las condiciones y requisitos de la ley minera y su reglamento, lo que les deja fuera de la competencia, señala Violeta.
Aunado a esto, en su artículo 13 bis la ley establece que se le otorgará la concesión mediante concurso a quien presente la mejor propuesta económica para el Estado. Y, en su artículo 6, la ley minera declara la minería como una actividad preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno concesionado. Por si fuera poco, el artículo 21 establece que la propiedad social de los ejidatarios y comuneros podrá ser expropiada para llevar a cabo esta actividad.
Entre otras cosas, la ley minera posibilita la explotación de minerales en las áreas naturales protegidas y los mares de jurisdicción nacional. Establece que las concesiones se podrán otorgar hasta por 100 años. Y otorga a los beneficiarios el derecho a disponer de los minerales extraídos, y del agua que se encuentra en los terrenos amparados por la concesión.
Por otro lado, no se establece un límite máximo de la superficie de las concesiones o un límite al número de concesiones por empresa, dando pauta al acaparamiento. Y, en términos ambientales, no hay un artículo que limite la altamente contaminante minería a cielo abierto.
Finalmente, la ley federal de derechos, en su artículo 263, establece las cuotas a pagar por hectárea concesionada que actualmente van de 0.04 pesos a 175.90 pesos. Al respecto, Núñez subraya que la cuota de este derecho mínimo se estableció sobre la superficie y no sobre las utilidades de las grandes empresas mineras.
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