Desde Buenos Aires, Argentina, el doctor en Filosofía de la Comunicación Fernando Buen Abad desglosó su decálogo para debatir sobre las redes sociales. En palabras de Ernesto Ledesma, quien lo entrevistó en su noticiero Perspectivas de Rompeviento TV, el 9 de febrero de 2021 (https://www.youtube.com/watch?v=7bV-701UZCU), el enfoque del académico de la Universidad Nacional de Lanús supone un ángulo completamente distinto a los lineamientos que plantea el senador Ricardo Monreal en su iniciativa para regular las redes sociales.
En entregas anteriores conocimos la mirada que sobre este tema tiene el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, quien señala que la administración de López Obrador no es proclive a que el gobierno regule las redes, pero que tampoco queden sujetas a los criterios empresariales. Y conocimos también la perspectiva del presidente del Sistema Público de Radiodifusión (SPR), Jenaro Villamil, para quien es urgente tanto crear redes sociales propias del Estado mexicano como combatir la infodemia. Al respecto de esos tres puntos de vista, Buen Abad señala:
“La necesidad de regular las redes sociales es un tema que lleva años discutiéndose en el mundo. No es una novedad política. Desde hace años se está debatiendo la problemática de los medios de comunicación, y todo lo que de esto atañe o involucra a individuos en particular, grupos en específico y organizaciones políticas, en sus distintos ángulos.
“Ya en1973, la Organización de los Países No Alineados empezó a ver un problema grave en los medios. Y además de llamar a un nuevo orden económico mundial, en aquella época también convocaron a un nuevo orden de la comunicación y la información. Para eso, pidieron a la ONU –a través de la Unesco–que hiciera un diagnóstico global del problema de la comunicación.”
EL INFORME MACBRIDE
Hacia 1975, se le pidió a Sean MacBride –“destacadísimo luchador por los derechos humanos a nivel mundial, Premio Nobel de la Paz y Premio Lenin de la Paz, hombre con una reputación intachable”– que dirigiera esta investigación a nivel planetario. Bajo su mando, la Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comunicación de la Unesco produjo un documento que se publicó hasta 1980,y que conocemos todos como el Informe MacBride (Un solo mundo, voces múltiples. Comunicación e información en nuestro tiempo; Fondo de Cultura Económica; México, 1980).
Ni bien se publicó el Informe, lo metieron a la congeladora por los datos que arrojó, no obstante el prestigio de los expertos consultados y de las plumas que participaron en su redacción, entre otros Gabriel García Márquez, que para entonces y hoy todavía son referentes. El Informe advirtió que el proceso de monopolización de las herramientas de comunicación, se convertiría en una amenaza contra las democracias.
“El gobierno de México está, por primera vez, reaccionando a esta advertencia. Por fin, el Estado mexicano tiene la sensibilidad para responder a una panorámica global que, no solamente está tan mal como lo anunció el Informe MacBride, sino que empeoró radicalmente. De los 600 dueños de medios de comunicación que había hacia el año 80en el mundo, nos quedamos con nueve u ocho latifundistas de la comunicación.
“Lo que está haciendo el gobierno mexicano merece reconocimiento. No sólo porque está reaccionando a esta situación sino porque, además, la está golpeando. No es una sensibilidad puramente metafísica, sino que obedece a una tensión política nacional que le ha llamado a suscitar un debate y a tratar de profundizarlo al máximo”, sostiene Buen Abad.
DIEZ MANDAMIENTOS
Los puntos del decálogo para debatir sobre las redes sociales, son lo siguientes:
1.- Información y comunicación son derechos humanos, no mercancías;
2.- Expresarse libremente asumiendo la responsabilidad por lo que se expresa;
3.- Soberanía tecnológica para la soberanía semántica;
4.- Fiscalías especializadas en delitos comunicacionales;
5.- Comités éticos para la Equidad Comunicacional;
6.- Priorizar en la información y la comunicación, las luchas emancipadoras de los pueblos;
7.- Auditoría permanente al presupuesto en Comunicación;
8.- Desarrollar la Comunicación Comunitaria;
9.- Modificar la Enseñanza de la Comunicación; y,
10.- Acceso gratuito a redes sociales.
DERECHO, NO MERCANCÍA
Fernando Buen Abad desglosa el primer mandamiento: la información y la comunicación son derechos humanos, no mercancías.
“Existe una confusión generalizada: nos enseñaron que los medios de comunicación son un grupo de empresas que hacen y dicen lo que les da la gana, porque tienen un poder, al que llaman incluso ‘cuarto poder’, salido solamente de la acumulación e incluso concentración de la opinión publicada (que no necesariamente es la opinión pública).
“Tenemos que situar el debate en el territorio que corresponde. No caer en la emboscada de discutir la libertad de empresa como si fuera sinónimo de libertad de expresión.”
LEY DE MEDIOS
En cuanto a expresarse libremente, pero asumiendo la responsabilidad por lo que se expresa, “hay experiencias ya”. Esto que se discute hoy, reglamentar los medios de comunicación, ha pasado por al menos tres grandes paradigmas en América Latina, sostiene Buen Abad.
“Por ejemplo, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión en Venezuela, llamada la Ley Resorte, planteó una serie de dispositivos en los que se observó, incluso desde el punto de vista técnico, la prohibición entre otras cosas a subir el volumen de la transmisión cuando vienen los anuncios. Esa es una vieja trampa de los publicistas y los medios de comunicación para llamar la atención, mediante el recurso de generar un campo sonoro preponderante.
“Con base en la observación de la conducta de los medios a este nivel,se construyó también la Ley de Medios en el Ecuador, un baluarte legal porque supone una concepción jurídica muy abarcativa de todas las posibilidades de comunicación, incluyendo las digitales y el internet.
“Y se hizo también una Ley de Medios Audiovisuales en Argentina, otro documento interesante que viene de una larga lucha y de una larga trayectoria de debates, específicamente contra la legislación que impusieron los militares en materia de comunicación, la llamada Ley de la Dictadura.
“Tenemos, entonces, un paquete de logros jurídicos y políticos en la mesa para resolver la problemática. Y uno de los más interesantes fue el que propuso el presidente Rafael Correa en Ecuador: llegar al punto en que garanticemos la libertad de la expresión, siempre y cuando también garanticemos la responsabilidad sobre lo expresado.
“En otras palabras, puedes decir lo que te dé la gana a condición de que te hagas responsable por lo que dices. Y esa asunción de la responsabilidad necesita códigos jurídicos, éticos y, también, editoriales.
“Por más ganas que tenga de insultar a cualquier persona, y aunque pueda acogerme a cualquier clase de argumento para decir que tengo ese derecho, no lo hay cuando el insulto pisa el territorio de delitos ya tipificados en el fuero común, como son la calumnia o la injuria. Fincar responsabilidades comunicacionales exige, entonces, tener un cuerpo de fiscalías especializadas en delitos comunicacionales, que los hay, y el más escandaloso es aquel que se produce cuando sobreviene el linchamiento mediático.
“A través de esta lapidación verbal, se dicta la muerte social, la muerte pública de alguien que después no encuentra cómo recuperar su prestigio, su credibilidad, su empleo y, a veces, ni su familia. Todo porque no hay quien se haga cargo de reparar el daño comunicacional.
El perjuicio no se puede reparar ni en lo particular ni en la extensión que se produce por los likes.Es imposible saber hasta dónde llegó el chisme de alguien que fue acusado falsamente de un delito o víctima de un rumor malicioso.
“Es necesaria una garantía absoluta para poder expresar con calidad y con integridad lo que uno desee, siempre y cuando entiendas que tienes que asumir esa responsabilidad palabra por palabra. Derecho y responsabilidad son una ecuación inseparable.”
ABOGADO Y COMUNICADOR
En México ya no hay delitos de prensa pero sí se puede exigir por la vía civil una compensación económica al daño moral, recuerda Ledesma. El exgobernador de Tamaulipas, Humberto Moreira, demandó al periodista Sergio Aguayo el pago de 10 millones de pesos. Vencido en los tribunales, el también investigador en temas de seguridad tuvo que ampararse.
“Ciertamente –dice Fernando Buena Abad–, las oportunidades que ofrece la comunicación se dan en condiciones muy diferentes”. El también documentalista fue acusado recientemente de ser agente de inteligencia del Partido Comunista chino, por retuitear un video de ese país. Dada la asimetría en la disponibilidad de los medios, “no tengo un recurso jurídico para llamar a cuentas y hacerlos responsables de esa calumnia”. A otros activistas en defensa de la humanidad como él, los acusaron de actuar como cajas de resonancia en la desbandada de bots chinos que atacan a Estados Unidos.
“No hay un marco de referencia para exigir que alguien asuma la responsabilidad de algo que dijo, sin pruebas ni fundamentos y a veces sin una estructura lógica siquiera. Pero tendremos que construirlo. Por lo pronto, cada vez es más necesario desarrollar nuevas disciplinas profesionales en las cuales las tareas del jurista o abogado se conectan con las propias de la gente de comunicación. Tendrá que surgir un híbrido de estos dos campos, una nueva especialidad cada día más urgente”, resume el director del Centro Universitario para la Información y la Comunicación ‘Sean MacBride’ de la Universidad Nacional de Lanús, Argentina.