Como parte de la estrategia de López Obrador para develar la corrupta relación prensa-poder en el sexenio pasado, se dieron a conocer los nombres de 15 columnistas que recibieron mil millones de pesos cada uno del gobierno de Enrique Peña Nieto.
AMLO dejó en claro que a esos columnistas que tienen portales de manera individual pero que no dejan de ser periodistas, ya no les va a dar publicidad oficial. Eso se entiende, pero ¿por qué entonces sí tienen derecho a beneficiarse del presupuesto los youtubers que no son periodistas?, pregunta Miguel Badillo, director de la revista Contralínea.
Ya veremos cómo ese tipo de criterios que han sido verbales hasta ahora, se cumplen a partir del miércoles 17 de abril de 2019. Ese día se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los 21 artículos que norman la asignación de la publicidad oficial en México, adelanta Badillo.
Para Alejandro Páez Varela, el subdirector del portal Sin Embargo que junto a Álvaro Delgado, reportero de Proceso y columnista de El Heraldo de México, participó con Miguel Badillo en la mesa de los periodistas a la que convoca cada miércoles Julio (Hernández López) ‘Astillero’ en la segunda emisión de Radio Centro Noticias, el tema sigue siendo la discrecionalidad.
Los criterios dados a conocer por la 4T dejan muchas preguntas en el aire, señala Páez. Por ejemplo, ¿los medios nativos van a tener pautas de publicidad distintas a los migrantes digitales?
NATIVO O MIGRANTE DIGITAL
“Proceso viene de una experiencia impresa pero migró hacia las plataformas digitales donde tiene un éxito brutal, es el quinto o sexto lugar en el internet, con cinco millones de seguidores en Twitter”, señala Páez Varela.
“A su vez, tiene como medio análogo una revista que se publica (y ahora también se distribuye de manera pirata en redes sociales). ¿Al semanario le van a asignar una pauta por el impreso y, además, otra como un portal exitoso?”, cuestiona.
En el conversatorio que se puede escuchar bajo el título: ‘¿La “Ley Chayote” realmente se fue?’ (https://www.youtube.com/watch?v=LotjDg2OHeA), Alejandro Páez plantea el caso de la publicación en la que trabaja:
“Sin Embargo es un medio completamente digital. Nosotros hicimos una apuesta por el futuro, desde un principio no nos interesó conseguir dinero para imprimir. En ese sentido, ¿qué tipo de pauta vamos a tener? La reglamentación no te dice nada”.
Ese es el asunto, enfatiza Álvaro Delgado:
“Más allá de lo que diga López Obrador o lo que diga Jesús Ramírez Cuevas en sus declaraciones de la mañanera, hay que atenernos a lo que se publicó en el Diario Oficial. La verdad es que no hay criterios establecidos para los medios digitales. Me preocupa porque seguimos en la misma circunstancia previa a la emisión de este acuerdo, y no veo que necesariamente vaya a mejorar”.
Alejandro Páez menciona al colectivo Medios Libres formado antes de que empezara el gobierno de la 4T. En él participan especialistas, medios y organizaciones no gubernamentales, quienes plantearon una posible salida al problema y aclararon los puntos que ahora son polémicos: ¿quién va a medir a la radio?, ¿quién va a medir a los portales?
“Por ejemplo, Sin Embargo no tiene contratado a ComScore. Y si me mides con ese servicio el portal va a salir castigadísimo en las listas, porque es una empresa privada la que hace una medición que se difunde masivamente y algún noticiero la cita después”.
Si no está definida la medida para los medios digitales, específicamente, o para la radio y la televisión, queda un amplio margen para la discrecionalidad, subraya Páez Varela.
Miguel Badillo aporta otro dato preocupante: cuando se dice en los lineamientos que se va a entregar hasta el 25% de publicidad a un solo medio de comunicación, con una campaña como máximo, el mensaje va dirigido a la televisión: a Televisa y a TV Azteca en menor medida. “¡Lo que menos tienen estas reglas es claridad!”
PISO PAREJO EN MEDICIÓN
Julio Astillero da voz a lo que dijo Jesús Ramírez Cuevas respecto al asunto de la medición esa misma mañana del miércoles de Semana Santa, cuando se dieron a conocer los criterios:
“…hay otras normas que enmarcan el trabajo de comunicación del gobierno. Son la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Comunicación Social –que está impugnada– y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
“El Presidente la República señaló en la introducción que estamos en un proceso de transición porque contamos con un marco legal incompleto. Falta una Ley General de Comunicación Social que sea acorde a lo que la opinión pública, los periodistas, los medios de comunicación, los especialistas y académicos han demandado”.
Según el vocero presidencial, falta también un padrón único de medios de comunicación. Y definir el tema de las mediciones de audiencia, pues tampoco hay un estándar único.
Incluso, recientemente se generó una polémica en los medios de comunicación por eso, dijo Ramírez en referencia a la guerra de las audiencias que desataron Radio Fórmula y Radio Centro.
“Entonces tenemos que llegar a una estandarización para que pueda haber un piso parejo para todos, y podamos proceder con equidad en materia de publicidad y de recursos para la comunicación”, se oye decir a Jesús Ramírez en la grabación.
IMPUGNADA PERO VIGENTE
¿Cómo hacemos para tener piso parejo en las mediciones?, pregunta Julio Astillero.
Según Álvaro Delgado, con este fragmento de la exposición del vocero del Gobierno de la República queda claro que el asunto no está resuelto, que está pendiente y que lo que se publicó en el Diario Oficial fueron criterios provisionales, “muy apresurados e incompletos”.
Al reportero de Proceso le llama la atención que Ramírez hable de una Ley de Comunicación Social impugnada, “que impugnamos muchos, pero es una ley vigente. Quizá valga la pena aprovechar esta circunstancia para, de una vez por todas, más allá de estos criterios generar la posibilidad de un consenso entre todos los involucrados, para que se formule una nueva iniciativa de ley que regule la publicidad oficial en particular”.
Ya hay un insumo, aclara Delgado. “La propuesta del colectivo Medios Libres sobre la ley de publicidad oficial propone que sea el INEGI el que elabore las mediciones de audiencia en radio y en televisión, algo que por lo demás ya hace. Y también define los criterios para la asignación de publicidad oficial para medios escritos”.
Según el autor de la columna ‘Historia de lo inmediato’, la propuesta de Medios Libres contrasta con la Ley de Comunicación Social que aprobó el Congreso a propuesta de Enrique Peña Nieto. La norma aprobada en abril de 2018 cumplió con un mandato de la Suprema Corte pero no acota la discrecionalidad en la que por lo demás, insiste Delgado, reincide López Obrador con este acuerdo de los 21 puntos.
VIEJAS PRÁCTICAS PRIISTAS
Para Miguel Badillo, un punto central de esta discusión es la discrecionalidad con la que se movió en gobiernos priistas y panistas la asignación de publicidad.
Un segundo punto es que, gracias a estos lineamientos, por lo menos vamos a saber cuánto le están dando a Televisa y cuánto le van a dar a los periódicos o a cualquier otro medio de comunicación.
“Es importante transparentar el gasto porque, gracias a eso, vamos a poder medir, criticar y cuestionar por qué le pagaron tanto a éste y por qué a este otro no le dieron publicidad”.
La discusión sigue siendo acerca de la discrecionalidad. A menos que haya señales de lo contrario, los gobernantes siguen teniendo el control, no lo quieren soltar. Es dinero público el que finalmente utilizan para que no les peguen, sostiene Badillo.
Por lo que cabe preguntarse si no estamos volviendo a “las viejas prácticas priistas, que han hecho mucho daño en una relación prensa-poder que es de sumisión y de complicidades”.
Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se puede leer en: www.carvajalberber.com y sus redes sociales.