El 25 de abril de este año, con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención, el Senado de la República aprobó en lo general la ley que busca regular la publicidad oficial que los entes públicos otorgan a medios de comunicación, también conocida como #LeyChayote. La norma había sido aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de abril.
Esa infame ley modifica el artículo 134 de la Constitución y entrará en vigor el 1 de enero de 2019 a menos que tome su lugar en el marco jurídico la Ley General de Publicidad Oficial propuesta por Morena y pactada con la organización no gubernamental de origen inglés, Artículo 19, y sus aliados gremiales y sociales que conforman el colectivo Medios Libres.
La Ley Chayote fue la respuesta del Congreso de la Unión a la orden emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio como límite al 30 de abril para emitir una legislación que garantizara la transparencia en los contratos, topes claros al gasto de comunicación social y una distribución lógica y equitativa del dinero, entre otros elementos a atender.
Sin embargo, desde que empezó a discutirse en las cámaras la iniciativa de #LeyChayote recibió muchas críticas y descalificaciones por tratarse de un engaño, de una simulación.
Un diputado del PAN señaló que la medida deja intacta una ley no escrita que los funcionarios han impuesto a los medios desde hace tiempo: “No te pago para que me pegues”. Y perpetúa una situación en donde la mayoría de los medios en México dependen en gran parte de la publicidad oficial y pocos sobrevivirían sin ella.
“Esa dependencia da a los funcionarios una ventaja para presionar a los propietarios de los medios a que difundan historias favorables y eviten que otras salgan a la luz. Editores y reporteros dicen que los funcionarios de manera frecuente dan forma a las noticias, al decirles a las empresas de comunicación masiva qué deben o qué no deben reportar”, señaló Paulina Villegas en un reportaje de The New York Times: ‘La ley de publicidad oficial en México que los críticos tildan de inútil’ (https://www.nytimes.com/es/2018/04/17/enrique-pena-nieto-publicidad-oficial/).
“El gobierno tiene a sus medios favoritos que fungen como voceros”, dijo a su vez al diario neoyorquino un diputado federal del Partido de la Revolución Democrática. “Ellos los premian con jugosos contratos publicitarios, y ellos asfixian y castigan aquellas voces críticas que no replican el mensaje oficial”.
Lo que lleva al NYT a concluir que “los anuncios, que tienen el objetivo de informar a la población sobre servicios gubernamentales, son usados a menudo para pregonar los intereses de los funcionarios”.
LA POLÉMICA LEY MORENA
El jueves 25 de octubre de 2018 se mostró en conferencia de prensa el texto de 12 mil 344 palabras ya madurado en 99 por ciento de la propuesta de Ley General de Publicidad Oficial.
Lo presentaron a nombre del colectivo Medios Libres Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 capítulo México; Justine Dupuy, de Fundar; Irene Levy, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y algunos periodistas, con el beneplácito del futuro coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez.
Según Rogelio Hernández López, en su columna Miradas de Reportero del 29 de octubre que publica en Eje Central, ‘Alerta periodistas y empresarios. Ahí viene la ley que sacudirá el mercado publicitario’ (http://www.ejecentral.com.mx/miradas-alerta-periodistas-y-empresarios-ahi-viene-la-ley-que-sacudira-el-mercado-publicitario/), en caso de aprobarse esta ley disminuirá drásticamente los montos del gasto público y ampliará “la cantidad de competidores al incorporar a otros sujetos sociales e individuales a esa redistribución de los convenios de publicidad en los tres niveles de gobierno en las 32 entidades de la república”.
Hernández López, que parece hablar por una industria que depende para su supervivencia de la publicidad oficial y del culto a la imagen de los gobernantes, subraya que habrá una drástica reducción del gasto federal en esta materia:
“Propone [ese proyecto de ley] repartir una cantidad equivalente al 0.05 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación, que equivaldría a unos 2 mil 640 millones de pesos en 2019, casi la quinta parte del total gastado por el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2017”.
Al columnista de Eje Central le alarma que a esta iniciativa ciudadana “la maquetaron organizaciones no gubernamentales, algunos medios no industrializados y unos pocos periodistas”. Jesús Ramírez consultó “muy discretamente con un segmento ciudadano bastante restringido a una sola corriente de organismos sociales, pocos medios y menos periodistas”.
Y eso explica, escribe Rogelio Hernández, “en parte que la segunda esencia de su iniciativa destile severos controles para impedir que funcionarios disfracen propaganda como información pero también porque incorpora una batería de condiciones a las empresas que quieran obtener esos recursos públicos”.
ACABAR CON LA DISCRECIONALIDAD
En el resumen que el columnista hace de la iniciativa: “Las empresas que quieran ingresar al Padrón Nacional de Medios y a la Plataforma de Proveedores tendrán que sujetarse a que el Inegi (Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía) sea quien verifique que cumplen con los registros y permisos de la Segob y de la SRE, que revise su presencia y alcances tanto de tirajes o rating; esperar que les autorice como proveedores la Secretaría de Hacienda; informar al INAI; transparentar abiertamente los ingresos que obtenga del sector público; contar con un código de ética, con un defensor de la información y comprobar que se apega a la ley federal del trabajo en el trato a sus trabajadores”.
Esta iniciativa, sigue explicando Hernández López, “asimila casi todas las pautas del proyecto de ley de propaganda que propuso el diputado Pablo Gómez… pero reduce a 0.05 en lugar del 0.3 por ciento el monto que se destinaría a este gasto del presupuesto anual de egresos de la federación; esta sí le da sentido a la intervención estatal en el mercado de la publicidad al agregar nuevos sujetos económicos para el mercado de la publicidad, tales como los medios públicos, los medios electrónicos de organismos sociales, comunitarios e indígenas no lucrativos, las propuestas informativas en línea y hasta institucionaliza como sujetos económucos a individuos ‘influenciadores’”.
Las proposiciones de Medios Libres superan las de la iniciativa para expedir la Ley General de Propaganda Oficial que el también diputado por Morena, Pablo Gómez Álvarez, presentó el 9 de octubre, en lo concerniente a “bajar más los topes del porcentaje que una empresa puede tener del gasto total”.
Según Hernández López, Pablo propone que “ninguna empresa pueda alcanzar más del 20 por ciento”. Pero la propuesta de Medios Libres lo baja al 10 por ciento. “Gómez perfiló que ninguna rama (TV o radio o impresos, etc.) puede pasar del 30 por ciento y esta también impone solo 10 por ciento. Tales topes llevan dedicatoria para las grandes televisoras y cadenas de radio que en bloques se llevan cada año más del 60 por ciento del gasto público en publicidad”.
En una siguiente entrega continuaremos con el desglose que hace Rogelio Hernández de la iniciativa de Ley General de Publicidad Oficial.