Los detractores de la 4T en los medios digitales y las redes sociales han querido presentar la reforma al Poder Judicial en Colima como un golpe del Ejecutivo a la judicatura estatal, pero ese debate ya se dirimió a nivel nacional y lo perdieron los opositores a la elección directa de jueces.
Ni los funcionarios judiciales que se movilizaron ni, especialmente, los voceros de los intereses económicos, políticos y hasta criminales que se han beneficiado de la conformación de una judicatura federal aparentemente plagada de nepotismo, amiguismo e influyentismo, lograron imponer esa narrativa donde la división de poderes queda anulada con la reforma.
Por lo mismo y en la medida que se trata de una armonización de la normatividad local a la Constitución federal, los partidos políticos y sectores del gremio de abogados que se jactan de tener posiciones en el Poder Judicial del estado difícilmente habrían conseguido, aunque se lo propusieran, sabotear la elección de magistrados del STJE y jueces locales.
No lo lograron en el Congreso, donde los diputados de Morena, PT, PVEM y el partido local Nueva Alianza reunieron los votos suficientes –17 de los 25 legisladores– para modificar la Constitución de Colima.
Y, a diferencia de lo que ocurrió en la cúpula de la justicia federal, en el pleno del Supremo Tribunal de Justicia nueve de los 10 magistrados aceptaron emitir una opinión favorable a la reforma: el pronunciamiento en contra fue de Sergio Marcelino Bravo.
La gobernadora Indira Vizcaíno también dio formalmente su beneplácito, luego de sopesar el impacto presupuestal que tendrá la liquidación o, en su caso, jubilación de los jueces de primera y segunda instancia en Colima.
RENOVACIÓN TOTAL
Checo Bravo no estuvo de acuerdo con la idea de que se renueve de un jalón toda la estructura judicial. En general se oponía a la reforma, pero debe haber entendido que esa batalla ya estaba perdida. Se hubiera conformado si, como se hará a nivel nacional, se dividieran en dos grupos los cargos que serán sometidos a votación y que los sustitutos de los que permanecerían en funciones se eligieran hasta 2027.
La Asociación de Jueces de Primera Instancia de Colima fue más allá cuando, en rueda de prensa previa a la sesión del Congreso, pidieron aplazar el proceso democrático judicial empalmándolo con los comicios en los que se renovará la gubernatura del estado, los ayuntamientos y el Congreso local, en concurrencia con la elección de la Cámara de Diputados.
Sugieren los jueces que no hay tiempo para formar juzgadores que reemplacen a la judicatura que renunciará en masa. Pero quizá lo que muchos reclaman es el tiempo que les faltó para completar los años de servicio y poderse jubilar.
Entre los secretarios de Acuerdos y actuarios en los juzgados, e incluso entre los proyectistas y demás integrantes de la ponencia de algunos magistrados del Supremo Tribunal, hay molestia porque el nuevo esquema de elección desquicia su personal proyecto de crecimiento profesional.
De alguna manera su futuro en el Poder Judicial está vinculado a la suerte de su jefe. Y si éste se jubila o no logra ser reelecto, el subordinado asume que por otra vía él tampoco llegará a juez.
En el Poder Judicial existe una cultura de grupo. Muchos jueces llevan consigo en sus nuevas encomiendas a quienes han sido sus colaboradores. Y cuando el juez llega a magistrado, los integra a su ponencia. Es frecuente que cuando un profesional sin carrera judicial se convierte en juez de apelación, lleva a la administración pública a quienes trabajaron con él en la práctica privada, institucional o académica del Derecho. En esa concepción de la carrera judicial en equipo, quedarse sin padrino implica una desgracia.
Por lo demás, hay un legítimo temor a que la liquidación del Poder Judicial genere una serie de situaciones de corrupción. Para evitarlas, es necesaria una estricta vigilancia ciudadana y gubernamental. Algunos de los opositores a la reforma sostienen que, sabiéndose con los días contados, magistrados, jueces y funcionarios judiciales sin ética se apurarán a cumplir, ya sin ningún pudor, los compromisos que tienen con ciertos justiciables. Afortunadamente, no sólo la parte afectada por estas decisiones podría detectar la parcialidad de una sentencia emitida con todo descaro. Habrá que integrar a la conversación pública estos asuntos.
NO AFECTA A SINDICALIZADOS
Muy pocos de los actuales funcionarios del Poder Judicial o del gremio de litigantes quieren ver las ventajas de postularse al cargo de juez o magistrado, de hacer campaña resaltando sus propios méritos en el servicio público y de buscar granjearse el aval de los electores. Les parece indigno autoproponerse.
Hay que señalar que se trata de un poder en el que la máxima publicidad no es bien vista, y se prefiere el anonimato. Porque además la secrecía es parte del modus operandi en la impartición de justicia.
Para los abogados es una ventaja tener relación con un secretario de Acuerdos confiable, en todos los sentidos de la expresión. Un funcionario judicial “cuate” es parte de los activos que presumen los bufetes legales. Como infiltrados, pueden ser una fuente de información, un gestor para agilizar un proceso o un agente para traspapelar un expediente. Para esas tretas, los secretarios suelen ser mucho más eficaces (y ciertamente más baratos) que un juez dispuesto a venderse.
Por muchos motivos el ciudadano común no conoce los nombres de los juzgadores. Y si no fuera por los escándalos que se suscitaron en el marco de la elección del actual presidente del Supremo Tribunal, tampoco conocería el de los magistrados. ¿Cómo elegir, entonces, a los mejores de una nomenclatura cuya identidad en su mayoría ignoramos? Y eso que en Colima “¡todos nos conocemos!”
Lo que no veremos en Colima es la movilización de trabajadores sindicalizados que se dio en el Poder Judicial de la Federación. Los agremiados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado que encabeza Martín Flores saben que sus plazas en la estructura judicial no corren peligro. Tendría que forzarse mucho la versión para llamarse agraviados por la reforma. Pero si se sintieran afectados, el STSGE ha demostrado capacidad de movilización y de resonancia como para ganarle a la patronal cualquier batalla semiótica.
El mes pasado, la burocracia logró imponer en el sentido común la idea de que el Gobierno del Estado les empezó a cobrar el impuesto sobre la renta al aguinaldo. En realidad se los descuentan desde hace años, pero la administración de Indira Vizcaíno no quiso absorber el costo de condonar una tributación que pagamos todos los asalariados cuando el bono navideño es mayor a cierta cantidad.
Aunque se aprobó una tesis jurisprudencial señalando que la patronal no incurriría en responsabilidad administrativa por no retener ese impuesto siempre y cuando lo absorba el gobierno municipal o estatal de que se trate, la verdad es que enterar a la Secretaría de Hacienda el importe de 90 días de aguinaldo con cargo a la partida de gastos personales desquiciaría las finanzas de casi todas las tesorerías municipales.
Fue para evitar que ese apartado de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado quedara abierto a interpretaciones, que la bancada oficialista en el Congreso blindó la legislación.
¿Y SI LA ELECCIÓN FRACASA?
Incluso entre los que están de acuerdo con la reforma, hay quienes ven con temor que Colima se juegue en una sola apuesta lo que a nivel federal será poco más que un ensayo de elección.
Se trata de un proceso insólito donde el elector se las verá con nueve boletas. Debido al tamaño de este circuito, aquí se renovarán todos los cargos de la judicatura federal y, como ya dijimos, todos los del sistema de impartición de justicia del fuero común.
Por ello, si se complicara la elección (ya sea porque el INE no organice el proceso adecuadamente, porque no haya recursos suficientes o, a final de cuentas, porque la gente no acuda en masa a votar como pasó con las consultas para enjuiciar a los expresidentes o en la revocación del mandato de López Obrador), la elección democrática de jueces en la entidad fracasará total y no parcialmente.
Los diputados oficialistas hicieron caso omiso a las objeciones del magistrado Bravo Sandoval y de los jueces de primera instancia. Privilegiaron la oportunidad de impulsar la carrera judicial de una clase política y gremial distinta.
Y, para que la reforma constitucional quede en firme, sólo falta el aval de al menos seis de los 10 ayuntamientos: lo cual es un hecho porque en cinco municipios gobierna Morena, y en otros dos tiene mayoría el partido local Nueva Alianza.
De esta suerte, en junio de este año se renovarán mediante elección popular los 10 asientos del Supremo Tribunal de Justicia y todo el entramado de juzgados especializados en las materias penal, mercantil, civil o familiar. Los juzgados de Paz no serán tocados por la reforma, como tampoco los Juzgados de Menor Cuantía que se derivarían de los primeros cuando aquellos sean reestructurados.
Aparte de que se mantiene el número de magistrados en lugar de reducirse de manera proporcional al recorte que la Corte sufrirá pasando de 11 a nueve ministros en el pleno, que se elija toda la judicatura en 2025 es la principal diferencia de la reforma local con la nacional. En el Poder Judicial de la Federación la mitad de los magistrados de Circuito y jueces de Distrito permanecerá en funciones hasta 2027, pero el periodo de todos los ministros termina este año.
EL PLAN B
En los Diálogos por la Transformación del jueves 9 de enero, la gobernadora Vizcaíno Silva presentó la reforma al Poder Judicial como un proceso para que el cual se tienen los recursos presupuestales suficientes.
La reforma judicial federal alteró los planes de reestructura del poder judicial local que había presentado la mandataria al arranque de su sexenio. Para realizar este plan A, es presumible que Indira contaba con una lista de juristas a los cuales iba a impulsar a las magistraturas conforme estas fueran quedando vacantes.
La titular del Ejecutivo había anunciado, además, su intención de crear el Consejo de la Judicatura Estatal. Sin embargo, ahora tendrá que emular el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que plantea la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por dos instrumentos: un Órgano de Administración Judicial (encargado también de reconocer la carrera judicial, llevar el control interno y elaborar el presupuesto de este poder) y un Tribunal de Disciplina Judicial.
Las funciones y alcances de este Tribunal han sido objeto de su propio debate. Se critica la factibilidad de que cinco jueces puedan vigilar el actuar de 50 mil funcionarios y empleados de la judicatura federal, o que esa supervisión atente contra la independencia judicial y socave el debido proceso en las causas que lleva el juzgador investigado.
Hay corrientes que observan en la designación de este Tribunal la mano con la que el Ejecutivo hará una persecución selectiva de los jueces que no se plieguen al interés presidencial. Y, para documentar el pesimismo de los opositores a la reforma, me dice Abraham Méndez Palomares que uno de los primeros países donde se implantó este modelo para enjuiciar a los jueces fue Venezuela.
Lo cierto es que las funciones de un Órgano de Administración y de un Tribunal de Disciplina Judicial en Colima tenderían a romper, por un lado, el favoritismo que se ha dado en el pleno del Supremo Tribunal de Justicia cuando de reconocer la carrera judicial de un funcionario se trata o, por el contrario, la benevolencia con la que solían sancionarse los actos de corrupción.
ES UN PEQUEÑO LUJO…
Por lo demás, las condiciones de este plan B de la reforma judicial local son distintas a los mecanismos que contempla el plan C federal. El esquema de retiro para los magistrados sigue la pauta que marcó el plan de jubilación anticipada en ese plan A al que, en su momento, no se quisieron acoger varios de los magistrados que aún no concluyen su periodo o que ya alcanzaron su definitividad. Aun cuando jubilarlos a todos supone una fuerte erogación, Indira dice que al estado le generará un ahorro porque no se pagaría la indemnización.
En Colima, ante la disolución de la judicatura, los jueces superiores tienen dos opciones: o aceptan el retiro voluntario (en dado caso, se jubilan con la parte proporcional a los años de servicio) o se postulan para ser electos nuevamente al cargo por voto popular. Eso sí, quienes reciban su haber de retiro no podrán participar en un proceso mediante el cual, si se inscriben, podrían ser electos para un periodo determinado con la posibilidad de una reelección.
El avance cívico y político que esta reforma plantea es que, previo a la elección, podremos discutir públicamente la idoneidad de los aspirantes a ocupar los cargos de ministros de la Corte, magistrados de Circuito y jueces de Distrito, particularmente en el caso de los que son nativos de aquí o conocidos en Colima. Y, ya no se diga, podremos ventilar la trayectoria de quienes pretenden convertirse en magistrados del que se denominará Tribunal Superior de Justicia del Estado de Colima o en jueces de primera instancia.
Y, pese al riesgo de que se genere una crisis operativa en el Poder Judicial, que la ciudadanía elija sus jueces es un gran paso en la transición a la democracia.
Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com