La consulta popular sobre la revocación de mandato del presidente atrajo a las urnas a 16 millones 163 mil 9 ciudadanos, de acuerdo al conteo rápido del INE.
Comparada la consulta con las elecciones generales de 2018 o la intermedia de 2021, son pocos. Pero considerando todos los factores que se activaron para desalentar la participación ciudadana, muchos.
El presidente López Obrador consiguió mover músculo electoral casi sin usar el aparato del gobierno ni el de los gobiernos estatales que son de la 4T. Sin embargo, la oposición se salió con la suya en la estrategia de no ofrecer resistencia y, por tanto, no facilitarle al mandatario alguna medida contra la cual contrastar su propia fuerza.
Este ejercicio no fue un combate, sino una exhibición de boxeo de sombra; fue un alarde de balón dominado, no un partido de futbol; o, para no salirnos de la metáfora, es una serie de vanidosas poses frente al espejo, no un concurso de fisicoculturismo donde los jueces tienen que elegir al ganador comparando entre la simetría y la armonía, la vascularización, el volumen y la definición de los músculos de los competidores.
Con una participación de entre el 17 y 18.2% del padrón electoral, el ejercicio no es vinculatorio debido a que no se alcanzó el 40% mínimo requerido. El resultado nada sorprendente es que, del total, entre el 90.3 y el 91.9 por ciento cruzó en la boleta que López Obrador “siga en la Presidencia de la República”.
En una consulta que legalmente se convocó para echar fuera al presidente, eso significa que se alcanzó el objetivo político de la ratificación. Al imponerse mayoritariamente el voto para que continúe gobernando, esta ratificación es también un acto de legitimación y relanzamiento de López Obrador.
DESINFORMACIÓN
Sospecho que muchos de los votos que corresponden al porcentaje (entre 6.4 y 7.8) a favor de la revocación, los emitieron electores confundidos.
La convocatoria y toda la publicidad que recibió esta consulta fue en el sentido de revocar el mandato, mientras que la ratificación del presidente quedaba implícita. Buena parte de los votos en contra de AMLO bien podrían corresponder, entonces, al segmento de simpatizantes de la 4T que no entendieron el significado de la palabra ‘revocación’.
¿Cuál es el porcentaje de quienes votaron concientemente por la revocación, desoyendo las indicaciones de los partidos, organizaciones civiles, grupos empresariales, instituciones religiosas, líderes de opinión y hasta consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE)? Es inmensurable.
Lo que sí podemos documentar es cómo todos estos actores políticos, económicos y sociales llamaron a través de los medios de comunicación y, señaladamente, de las redes sociodigitales a abstenerse de votar.
Y lo hicieron por las razones más absurdas que se hayan invocado en el nombre de la democracia. Por ejemplo, se insistió en que a mayor participación, menor democracia. Y a quien no se convenciera con esta frase contradictoria, se le colmó de prejuicios respecto a que la consulta sobre la revocación por pérdida de la confianza no era sino un entrenamiento para, más adelante, promover una sobre la extensión del mandato y, eventualmente, otra más tramposa para la reelección de López Obrador.
En nada ayudó a disipar estos temores –como bien apuntó el abogado Manuel Vega Zúñiga, con quien coincidí en una mesa de análisis en Canal 12– que los antecedentes de revocación de mandato en Latinoamérica se hayan dado en Ecuador, Bolivia y Venezuela, por parte de gobiernos identificados con la revolución bolivariana.
PROVOCACIÓN
El conductor José Luis García nos preguntó a los panelistas si al cierre de la jornada comicial del domingo, podríamos llamar a esta una consulta histórica. Al margen del debate que se ha dado sobre la pertinencia o relevancia de la misma, respondí: es histórica porque se trata de un hecho inaugural.
Incluso, si en próximas legislaturas la hoy oposición consiguiera las dos terceras partes del Congreso para borrar este nuevo derecho ciudadano de la Constitución, la posibilidad de echar fuera a un presidente que no cumpla sus promesas de campaña o traicione la plataforma política con la que registró su candidatura ya se instaló en el imaginario de un importante número de votantes.
Claro que en aras de una partidocracia que evidenció su pragmatismo con el Pacto por México y la coalición Va por Claudio X. González, puede haber en el futuro una regresión en los derechos ciudadanos. Pero como señaló Andrés Manuel López Obrador en la mañanera del lunes 11 de abril, les va a costar trabajo.
Sin duda, aprovechando el péndulo sexenal, habrá una intentona para impedir que transitemos a una democracia participativa. Una democracia ya no meramente representativa ni exclusivamente procedimental. Una democracia no únicamente electoral, sino económica y social. Una democracia entendida como igualdad de oportunidades para todos y en todos los campos: desde el sexual y racial hasta el político, pasando por el educativo y cultural, el laboral y de la competencia empresarial, etcétera.
Pero tan posible como darle vuelta a la mayoría legislativa y volver a la Constitución neoliberal que soñó Carlos Salinas de Gortari, es que en la próxima solicitud de revocación de mandato se reúnan las firmas aun sin el impulso del gobierno en turno, y entonces sí se supere el 40% del padrón para que el resultado sea vinculante.
En pocas palabras, este aspecto de la democracia ya no tiene retroceso. Y es algo que tendrá que considerar aquel sucesor de López Obrador que se plantee un corrimiento al centro dentro de la transformación o, de plano, que intente la restauración del viejo régimen.
REVOCACIÓN
Todas las transformaciones estructurales implican condiciones coyunturales. Todos los objetivos a largo plazo, se emprenden cuando las circunstancias son propicias.
López Obradorincluyó entre sus promesas de campaña la revocación de mandato a la mitad del periodo, bajo la premisa de que “el pueblo pone y el pueblo quita”. Los reaccionarios calcularon que, para entonces, Andrés Manuel estaría tan desgastado por la ejecución de un proyecto de nación que planteaba cambios tan radicales como cancelar el aeropuerto de Texcoco, que la propuesta se volvería contra él.
Sin embargo, cuando se preparaban los partidos para la elección intermedia concluyeron que, de ir López Obrador en la boleta, se repetiría el fenómeno de la presidencial donde el abanderado de la coalición jaló consigo a candidatos desconocidos o polémicos hasta llevarlos al Congreso, varias gubernaturas y muchos ayuntamientos.
Con la ayuda del INE aplazaron la revocación casi un año, siempre que no se empalmara con las elecciones locales de 2022. El argumento fue que, antes de cumplirse los tres primeros años del sexenio, la ciudadanía no tendría elementos para evaluar al gobierno. Y dado que en la revocación el presidente no iba a competir con otro candidato, sólo podía ser medido con sus propios parámetros, esto es, calificado por sus logros o por sus yerros.
Queda en el aire la duda: ¿qué habría pasado en el caso de que López Obrador llegase debilitado a la intermedia? Aquí, como dice el lugar común, el hubiera no existe. Pero es obvio que el presidente aprovechó la ventana de oportunidad que le ofrecían sus niveles de aceptación, para materializar una promesa de campaña y dejar instalado un mecanismo que le permita prolongar lo más posible la vigencia de la cuarta transformación.
PARTICIPACIÓN
La revocación de mandato es una práctica de democracia participativa, un paso adelante en la transición democrática. Hasta ahora hemos sopesado las virtudes y defectos de una de sus formas, con dos ejercicios que deben ser vistos como meros entrenamientos: la consulta popular sobre el juicio a los expresidentes y la del domingo.
Falta explorar los alcances de otras formas de participación ciudadana en la toma de decisiones. Entre ellas el plebiscito y el referéndum no sólo para el diseño de políticas públicas o, incluso, de la participación vecinal en la aplicación de una parte del presupuesto, sino para la aprobación popular de reformas y leyes que puedan ser obstruidas por la partidocracia.
Cuauhtémoc Cárdenas, un personaje que no estuvo de acuerdo con estrenar la revocación de mandato con un presidente tan alejado del riesgo de perder la consulta como es AMLO, habla en su libro más reciente de los retos de la democracia con adjetivos.
Siguiendo la línea de pensamiento del tres veces candidato presidencial, podemos decir que en una democracia progresiva se ubican aquellas conquistas sociales y, sobre todo, formas de participación ciudadanas que van más allá de la elección de gobernantes y representantes populares.
Cumplidas las metas del sufragio efectivo y la no reelección del presidente y gobernadores –un tabú en la cultura política mexicana que difícilmente se erradicará–, quedan pendientes en el plano de la democracia procedimental la segunda vuelta electoral y la elección directa de funcionarios judiciales (y electorales), con los que se podría poner fin a la lógica de cuotas entre partidos y de cuates al interior de estos mismos que le dan sustento a la partidocracia.
Con todo, la democracia electoral no satisface los anhelos de una democracia adjetivada. Se ha destacado la dimensión democrática de la asistencia a las urnas, pero queda un largo trecho para acercarnos al ideal de una democracia económica, social e internacional, sostiene Cárdenas Solórzano.
LEGITIMACIÓN
Sigo creyendo que los gestores de la revocación debieron pedir directamente la ratificación del mandato. O pelear para que hubiera campañas de proselitismo que ayudaran a los electores a entender el dilema, es decir, a saber entre qué acciones debían optar: que se vaya o que se quede el presidente.
Tendría sentido la ratificación en el afán de crear un tipo de legitimidad presidencial distinta a la concedida por la voluntad expresada en las urnas, o la que políticamente suponen las elecciones intermedias con su posibilidad de mantener, recuperar o perder la mayoría en la Cámara de Diputados.
Cuando se esperaba que iniciara la curva descendente en la autoridad política de López Obrador, ya que tal ha sido el ciclo histórico sexenal, un mandato ratificado lo hace un presidente doble o triplemente legítimo: en 2021, Morena siguió siendo la bancada más numerosa; y en 2018 no sólo ganó sino que obtuvo un triunfo contundente. La ventaja fue tal que, si viviéramos en una democracias donde existe segunda vuelta electoral, no hubiera sido necesaria.
La nueva legitimidad le permitirá a Andrés Manuel, en un juego democrático abierto donde ya no hay tapado ni dedazo, pero sí un presidente jugando a ser el fiel de la balanza, resistir presiones de las diferentes corrientes de la 4T e imponer a la candidata o al candidato oficial. Y hacerlo sin caer en la perversión de engañar a los suspirantes, haciéndoles creer a todos y cada uno que son el elegido.
Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com