Establecer un sistema de cobertura universal en salud, es uno de los grandes desafíos que enfrenta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hasta ahora el Estado ha fracasado en garantizar el acceso a la salud de la llamada población abierta.
El Seguro Popular creado durante la Presidencia de Vicente Fox es precisamente lo contrario a un esfuerzo por lograr la cobertura universal. Antes de que se dotara a la Secretaría de Salud de una fuente de financiamiento basado en un seguro médico subsidiado en proporción a los ingresos del beneficiario, los servicios de salud eran para todos.
Bueno, en teoría para todos aquellos que no contaban con otra forma de protección: la del IMSS, ISSSTE, Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), seguros médicos de gastos mayores como los que tenían los funcionarios del gobierno federal o, en el caso de la burocracia del estado de Colima, Pensiones Civiles del Estado que ofrecía (otra vez en teoría) servicio médico particular.
Con el Seguro Popular, la Secretaría de Salud encontró el pretexto perfecto para negar la atención (gratuita) a los que no están afiliados. Y créanme, es mucha la gente que no está asegurada y tampoco puede pagar los servicios médicos y hospitalarios que ofrece la SSA, cuyas cuotas dejaron de ser simbólicas y más bien están pensadas como un ingreso económico para los estados.
NO LLEGABA EL DINERO
El desprecio de la clase gobernante para con el pueblo al que decían obedecer, motivó que por años se negara o se desviara el presupuesto para salud.
Por eso, el hospital civil era un hospital de pobres y las unidades de salud han sido una afrenta constante para la gente que se acerca a buscar un médico (aunque sea un pasante). Los mentados centros de salud carecen de fármacos básicos y material de curación.
Como aparentemente nunca íbamos a llegar por vía presupuestal a la cobertura universal, al pragmático Fox se le ocurrió crear un nuevo seguro médico: el Seguro Popular. Éste generó un nuevo segmento de derechohabientes, pero no agotó el universo de la población abierta.
El modelo de Seguro Popular se pervirtió cuando el Presidente de la alternancia, doblegado por los gobernadores (y no sólo los priistas) que entrevieron la posibilidad de convertirse en virreyes de sus estados, entregó a la secretaría de Salud de cada entidad los fondos para subsidiar a familias de escasos recursos.
Bajo el amparo de la descentralización, esos recursos fueron sistemáticamente saqueados por los mandatarios estatales. Los desvíos millonarios de Javier Duarte en Veracruz es la más cínica expresión pero no la única documentada del peculado cometido por todos los ejecutivos locales.
UN SEGURO PARA TODOS
No es la primera vez que se le pide al Instituto Mexicano del Seguro Social que ponga su infraestructura, personal y recursos financieros al servicio de la población abierta.
En 1979 se creó IMSS-Coplamar, un programa de solidaridad social por cooperación comunitaria establecido por un convenio entre el Instituto y la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados de la Presidencia de la República (Coplamar).
Ya antes, en 1973, se había reformado la Ley del Seguro Social para facultar al IMSS a extender su acción a grupos de población sin capacidad contributiva, en condiciones de pobreza y marginación extremas.
Un año después se instrumentó el Programa Nacional de Solidaridad Social en el que se estableció que como retribución por el acceso a los servicios, los beneficiarios realizarían aportaciones en efectivo, o bien, trabajos personales en favor de sus propias comunidades.
Con Carlos Salinas de Gortari el programa cambió de nombre a IMSS-Solidaridad, para ajustarlo a la nomenclatura del Pronasol. Y Fox lo denominó IMSS-Oportunidades.
López Obrador no sólo ha propuesto transformarlo en IMSS-Bienestar sino que ya anunció que, eventualmente, los afiliados al Seguro Popular en Salud serán atendidos en clínicas, hospitales y centros médicos del Seguro Social.
Como no se ha explicado si estamos ante una inminente fusión de los servicios de salud o se trata de una mera alianza estratégica, el anuncio tiene muy nervioso al personal del IMSS. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) se adelantó a decir que no aceptarán la sobrecarga de trabajo que supone la nueva demanda.
¿HABRÁ RECIPROCIDAD?
Por su parte, la derechohabiencia del Seguro Social se pregunta qué recibirá en reciprocidad por la fusión de estos sistemas.
De allá para acá se entiende, pero ¿los afiliados al IMSS tendrán acceso a los hospitales y centros de atención especializada de la Secretaría de Salud en caso de necesitarlo?
Los institutos nacionales de Cardiología, Ciencias Médicas y Nutrición, Cancerología o Pediatría, como cualquier otra instalación de la red hospitalaria de la Secretaría de Salud (federal) deberían ser accesibles, sin mayor trámite, para quienes son atendidos regularmente en el IMSS.
Y con el mismo expediente, eh, nada de tener que renunciar a la cobertura del IMSS para poder ingresar a un centro de atención del otro sistema.
En Colima, a menos que sea por la cercanía a su domicilio no se me ocurre que alguien quiera ser atendido en el Hospital Regional “Carlos Ortiz Mariotte” en lugar del Hospital General de Zona del IMSS.
Por muy buena que pueda ser eventualmente la atención en el mal llamado hospital universitario, el flamante nosocomio del IMSS que ahora en Villa de Álvarez sigue llevando el nombre del doctor Leonel Ramírez García, es una instalación nueva y con más especialidades médicas que las disponibles en avenida Camino Real.
En la comparación entre los servicios que prestan una y otra institución de salud, la dependencia del gobierno estatal ofrece sin embargo un tipo de atención a la que algunos derechohabientes del IMSS quisieran tener acceso: la que brinda el Centro Estatal de Cancerología.
Los pacientes del Seguro Social que deben someterse a un tratamiento de quimio o radioterapias deben trasladarse al Centro Médico de Occidente, con las molestias, los riesgos y los gastos que eso supone.
El Centro Estatal es una buena opción, no obstante que Cancerología es un proyecto frustrado que debería estar en un nivel de servicios que no tiene debido al incumplimiento transexenal en el cronograma de equipamiento.
En algún momento de su historia, se adquirió para el Centro Estatal de Cancerología equipo obsoleto o incompleto. Y hay sospechas de que los medicamentos no son precisamente los que requieren los pacientes. En ese sentido, sería el colmo que mientras nos escandalizamos porque en Veracruz aplicaban solución salina en lugar de quimioterapia a niños con cáncer, por los mismos años en Colima sólo hubiese garantía de confiabilidad en la primera y la última sesión de un tratamiento de quimioterapia.
En una siguiente entrega de esta columna, continuamos con el tema.