¿Qué está pasando en Colima?, preguntó un alto directivo del Instituto Mexicano del Seguro Social en una videoconferencia celebrada en mayo pasado. El tono alarmante de quien ocupa el cargo coordinador nacional de delegaciones fue motivado por el notable incremento en los casos de diabetes. Hasta el día de hoy, nuestro estado ocupa el deshonroso último lugar en la aplicación de exámenes de control y detección de esta enfermedad lo que, en sentido inverso, lo sitúa en la primera posición con registros de este padecimiento en todo el país.
De no ser porque, entre los meses de noviembre y diciembre, la institución federal envió al estado 40 mil reactivos de glucemia y hemoglobina glucosilada, hipótesis como el desabasto o anomalías en el proceso de adquisición, podrían ser las principales líneas de sospecha. Canceladas las dudas sobre un probable fraude, sólo resta esperar a que el supervisor de medicina familiar, Juan Gabriel Barrera Acosta, aclare las causas por las que la estructura a su cargo decidió no aplicar dichas pruebas cuando éstas permanecían intactas en el almacen.
Si esta omisión acarreó impactos en la salud de un amplio sector de los colimenses, la estrategia para corregir el rezago también anticipa efectos colaterales. Justo cuando el subsecretario de Salud Hugo López Gatell advirtió sobre la tercera ola de Covid en el país, la coordinación delegacional en Colima del IMSS extrajo de cada expediente médico los números celulares de aquellos pacientes cuyo historial clínico presentaba diagnóstico de diabetes. La intención: citarlos a la unidad médica más cercana a su localidad para aplicar una prueba que, en estricto sentido, debió llevarse a cabo a principios de año.
No obstante la urgencia que requiere esta atención médica, la convocatoria tiene un objetivo básicamente estadístico: aplicar cien exámenes diarios y con ello abandonar en el corto plazo el rezago que presenta Colima en la tabla nacional.
Lo que ignora este plan emergente, es que la concentración masiva de pacientes de alto riesgo podría elevar la cifra de contagios por Covid de manera considerable, y la experiencia que nos ha dejado la pandemia hace predecible otros escenarios que quizás sobren repetirlos en este espacio. La sola aglomeración de derechohabientes, por ejemplo, obligará a establecer un periodo de observación aún cuando éstos hayan sido inoculados con la segunda dósis.
De acuerdo a la normatividad del sector salud, este tipo de muestras no pueden practicarse en Unidades Médicas Familiares (UMF), toda vez que este nivel de clínicas no están certificadas para la aplicación de las tomas, como tampoco disponen del personal necesario para llevar a cabo el protocolo de sanitización entre cada consulta.
Hoy viernes 9 de julio es el segundo día consecutivo en que la clínica N°5 de Cuauhtémoc aglutina a decenas de pacientes para la obtención de muestras sanguíneas sin que la Comisión Estatal de Riesgos Sanitarios (COESPRIS) se haya pronunciado al respecto.
Mientras tanto, el grupo de médicos que contactó a este columnista para exponer el caso, manifiesta su preocupación ante un problema que evolucionó, seguramente, por la supervisión que no hizo el delegado Edgar Javán Vargas Salazar.