Tal como consignamos en su momento en esta misma columna, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció el 7 de octubre de este año, en la resolución de su última asamblea celebrada en Miami, a los presidentes de Estados Unidos, Brasil, Nicaragua, Venezuela, El Salvador, Guatemala y México de estar estigmatizando a los medios y desprestigiando el periodismo.
Para la organización a la que pertenecen en nuestro país la cadena de periódicos El Sol de México (OEM) o el diario El Universal, esa conducta incentiva la violencia, en ocasiones de tipo físico, de los seguidores de gobernantes como Trump, Bolsonaro o López Obrador, contra empresas mediáticas y periodistas.
La relación causa-efecto se probó empíricamente hace unos días en Milwaukee, Estados Unidos, donde un racista blanco arrojó ácido de batería contra el rostro de un ciudadano de origen peruano, convirtiendo así en un crimen de odio el discurso xenofóbico de Donald Trump, dirigido especialmente contra los inmigrantes latinoamericanos.
En México, sin embargo, las continuadas agresiones contra periodistas no han roto la pauta marcada en los sexenios anteriores: las amenazas, asesinatos y desapariciones casi siempre buscan acallar a medios, reporteros u opinadores que revelaron la impunidad con la que se mueven los grupos criminales, sobre todo cuando esos periodistas han expuesto la complicidad de autoridades locales con la delincuencia organizada.
También ha habido casos en los que informadores sufren agresiones personales como inercia de la inseguridad que afecta a la sociedad entera.
Y no pocos hechos violentos se pueden explicar en la lógica de un ajuste de cuentas con informadores que, fundamentalmente en las redes sociales, se prestaron a fungir como voceros de una banda en disputa por el control de la plaza.
Con todo, cabe reprochar al presidente López Obrador que en estos 11 meses de gobierno no haya podido frenar las agresiones a periodistas, o que no avancen significativamente las investigaciones para aclarar la responsabilidad de tantos crímenes contra comunicadores.
Y es que tampoco ha disminuido el número de homicidios dolosos enmarcados en la violencia del narcotráfico. Es más, en 2019 parecen haberse incrementado, en parte porque ya no se ocultan las cifras reales pero, también, porque la actividad criminal repuntó como consecuencia de una actitud más desafiante de los cárteles ante la estrategia de paz del gobierno de la 4T.
PRENSA FIFÍ Y CHAYOTERA
La administración López Obrador no está matando a los periodistas. Pero es innegable que el Presidente ha buscado estigmatizar a un sector de la prensa y desprestigiar a figuras mediáticas que antes fueron muy influyentes, quizá guiada por el mismo espíritu justiciero que habla por voz del ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, para quien la prensa es defensora del status quo.
Imponer motes como “prensa fifí” (calificativo que se usó contra los periódicos porfiristas que socavaron al gobierno de Francisco I. Madero), referirse a algunos de sus críticos como “chayoteros” y calificar al autodenominado “cuarto poder” como vocero de la reacción o el conservadurismo, son actos de discurso político con los que López Obrador –mago de la comunicación persuasiva– ha golpeado a la prensa.
Esas declaraciones no suponen, pese a todo, censura ni restricciones a la libertad de expresión. Andrés Manuel no silencia voces, mas no teme discutir abiertamente con sus críticos.
Refractario a la idea de que el cargo de Presidente tiene demasiado poder y puede arrasar con cualquier fuerza en contrario, por lo que debe contenerse a sí mismo, López Obrador discute con los medios, cuestiona su línea editorial e informativa y hasta polemiza con los reporteros que acuden a las conferencias mañaneras.
NO SE HAN PORTADO BIEN:
AMLO dice defender su “derecho de réplica” y la libertad de opinar. Aunque es evidente, por lo demás, que tiene una concepción militante de la prensa:
Ve como opositores a los medios ligados empresarial e ideológicamente con las fuerzas que defienden el antiguo régimen. Y espera de los medios que lo acompañaron en su larga ruta como luchador social hacia la Presidencia, una disciplina de partido.
Por eso sus reclamos a la revista Proceso porque “no se ha portado bien”, o (sin mencionar el nombre del periódico) a La Jornada por “dar a conocer una fotografía falsa” de Ovidio Guzmán, en el esfuerzo por ganar la nota de la liberación del narcotraficante en medio del fragor de la batalla de Culiacán.
Propenso a pensar en voz alta, el Presidente no calculó la lectura indignada que haría el gremio de la cita de Gustavo Madero, el hermano del presidente revolucionario que también sufrió martirio por parte de Victoriano Huerta: “Están muy excitados. Le muerden la mano a quien les quitó el bozal”.
CORTAR EL FLUJO DE DINERO
La verdadera agresión que ha sufrido la industria de la información y, en particular, la comentocracia mexicana, es de tipo económico. El gobierno federal redujo este año el gasto en publicidad oficial y, muy señaladamente, suspendió los millonarios recursos que se destinaban con Peña Nieto a comprar conciencias y alinear en el proyecto neoliberal a los generadores de opinión pública.
Esta merma en las ganancias de empresas periodísticas que llegaron a depender, hasta para sus gastos fijos, del presupuesto para publicidad oficial, creó una tormenta perfecta junto al efecto devastador de las tecnologías digitales –como lo describió el reportero Luis Pablo Beauregard en un reportaje del 3 de mayo de 2019 en El País (‘Fin de ciclo para la prensa mexicana’; https://elpais.com/internacional/2019/05/03/mexico/1556840314_544026.html).
Medios emergentes basados en la lógica del emprendimiento personal y la gratuidad en el acceso a los contenidos, destruyeron un modelo de negocio fincado tradicionalmente en los ingresos por publicidad, la venta de ejemplares o el cobro de servicios.
En los medios mexicanos, a los activos anteriores se agregaron subsidios indirectos, ya sea por la vía de una nula exigencia en el cumplimiento de obligaciones laborales, como por exenciones fiscales para los grandes empresarios o tolerancia ante la evasión tributaria de los medianos.
Al revelar la lista de periodistas que tenían contratos de asesoría, consultoría o difusión de actividades con el gobierno anterior, la nueva administración federal dio un golpe contundente a los beneficiarios de este “chayote” institucionalizado.
Lamentablemente, en esa polémica quedó en el aire precisar cuántos de estos contratos con portales, páginas web o simples cuentas en redes sociales que las figuras de la prensa, la radio y la televisión mantienen a título personal y al margen de los medios en los que escriben, conducen o comentan, son descarados ‘embutes’ y cuántos de ellos calificarían como legítimos apoyos al periodismo independiente.
LA LEY TELEVISA
En un vano intento por restablecer el gasto en publicidad oficial, los medios lanzaron una agresiva campaña en contra del gobierno a inicios de 2019. Al cabo de unos meses, los tiburones de la comunicación en este país comprendieron que López Obrador no se va a dejar intimidar y que tendrán que buscar otra estrategia para recuperar sus antiguos ingresos.
Era tal la necesidad de afirmar la legitimidad de regímenes como el Calderón, resultado de un fraude electoral, o de acallar escándalos mayúsculos de corrupción como los que se dieron con Peña Nieto, que el gasto en comunicación gubernamental en los sexenios más recientes creció a niveles históricos.
Nunca la Presidencia de la República había gastado tanto en medios. De hecho, empresas como Televisa dejaron de ser “un soldado del PRI”, como lo fueron con Salinas, o un hábil capitalizador de ese buen negocio que es la democracia, como lo fueron con Fox. Como dijera Jenaro Villamil, especialista en periodismo de medios, los gobernantes fueron quienes se convirtieron en soldados de la televisión (https://intoleranciadiario.com/articles/2011/03/16/72416-los-politicos-son-soldados-de-televisajenaro-villamil.html).
En el contexto de la campaña electoral de 2006, las televisoras se dieron el lujo de gestionar su propia legislación, la Ley Televisa, que luego la Corte desechó por inconstitucional.
En ese contexto, no hay duda que López Obrador pretende instaurar un nuevo ecosistema de medios de comunicación, donde se terminen los privilegios, se combatan los monopolios y se estimule la competencia. Si de este modo consigue, además, tener medios afines al proyecto de nación que comparten las diferentes vertientes del movimiento progresista que lo llevaron a la Presidencia, mucho mejor.
Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com.