Tener un Congreso del Estado que no sea apéndice del Ejecutivo y ejerza su autonomía a cabalidad, servirá a Colima para quitarse las costumbres que retrasan el desarrollo de nuestra entidad, a capricho de la nula o sesgada visión política de los gobernadores que hemos padecido.
En semanas recientes, el Congreso del Estado de Colima aprobó modificar la Constitución estatal con el objetivo de crear el “Plan General de Desarrollo para el Bienestar”, el cual tendrá una visión a 30 años, al que deberán sujetarse todos los servidores públicos de la entidad, y que pretende evitar que veamos (tal como sucedió hace algunas semanas) que el Ejecutivo entregue un informe lleno de logros intrascendentes.
Dicho dictamen, presentado por el diputado Vladimir Parra Barragán y elaborado en conjunto por las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; de Planeación y Turismo; y de Justicia, Gobernación y Poderes, contendrá la estrategia y políticas públicas a largo plazo, enfocados en dar herramientas de monitoreo, seguimiento y evaluación de desempeño, para que en un momento dado dicha visión no se desvíe de su intención original.
Se plantea que el Plan General deberá revisarse cada 5 años, con una actualización a los 15 años, analizándolo integralmente cuando se requieran revisiones extraordinarias por eventos naturales extraordinarios o consecuencias anticipadas del cambio climático, muy acorde a la agenda internacional de los países más avanzados.
Sus objetivos inherentes son combatir la desigualdad social en Colima, procurando entes de bienestar generalizados, como pueden ser en temas socioculturales, económicos y ambientales, sopesados y planteados no solamente por actores que actúan en la esfera gubernamental, sino por investigadores, intelectuales de diversas fuentes, e incluso artistas, lo que le da la dosis de participación ciudadana que en muchas ocasiones anteriores ha sido un proceso simulado.
Hay que destacar que, para dar cumplimiento al Plan General, cada primero de octubre el titular del Poder Ejecutivo entregará su informe de gobierno en el que debe plasmar el cumplimiento a las políticas y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo, no como una carta de promesas y buenas intenciones, más bien como un reporte de cumplimiento en aras de un mejor desarrollo estatal.
Por otro lado, el diputado local por el Distrito VI, Francisco Rodríguez García, presentó hace un par de meses una propuesta para reformar la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima, “con la finalidad de que el 30 por ciento de lo recaudado por el cobro de impuesto predial, se destine a obras que soliciten los ciudadanos a través de una consulta pública en sus respectivos municipios”.
Dicha propuesta busca la creación del “Presupuesto Participativo por Asentamientos”, a donde irían los recursos económicos recaudados en cada municipio, con dos modalidades: la primera, por monto general de inversión que no tiene limitación más que la presupuestal que se establezca por porcentaje de recaudación global; y la segunda, por asentamientos en la que se establecerán montos para acciones por colonia o comunidad rural dependiendo de la recaudación del impuesto predial en éstas.
En su momento, Rodríguez García declaró que “se preverá que el gasto de una parte de los ingresos municipales por el impuesto predial, sea directamente decidido por los ciudadanos y ejercido en las propias colonias donde se encuentre asentada la ciudadanía, ya que con ello, se busca que el 30 por ciento de lo recaudado en cada colonia por concepto de impuesto predial, se destine a obras y acciones relacionadas con las funciones y los servicios públicos”.
Importante pues ya es sabido que en la actualidad los municipios se han establecido como pagadores de nómina, que deben dejar a un lado potenciales obras incluso cuando llegan los días en que su sindicato les exige el aumento salarial del 6 por ciento.
De igual manera, tales acciones terminarían con las interminables quejas de los colonos que ven retrasadas las obras que solicitan a las diferentes administraciones municipales, pero también serían un incentivo para que los propios colonos realicen su pago de impuestos en búsqueda de beneficios traducidos en obras que realmente les sean útiles en las inmediaciones a sus domicilios.
Por ejemplo, en días pasados la alcaldesa manzanillense, Griselda Martínez, anunció a colonos de diferentes zonas de la ciudad porteña, más de 34 obras que ya se están realizando y estarán terminadas antes del 31 de diciembre del presente; de igual manera, los invitó a reunirse con ellos cada mes para programar obras en colonias que no aparecieron en la lista este año, pues “cada lugar recibirá beneficios con programas sociales y obras”.