A quienes como Ernesto Ledesma han dado voz a las comunidades indígenas, le queda claro qué quiere decir Fernando Buen Abad cuando señala, como uno de los puntos de su decálogo para debatir sobre las redes sociales, el tema de la comunicación comunitaria. En el marco de la batalla que se libra en México en torno al derecho a informar y ser informado, la cuestión es quién informa y qué informa.
¿A qué se refiere el académico de la Universidad Nacional de Lanús, Argentina, cuando habla de desarrollar la comunicación comunitaria?, pregunta el conductor del noticiero Perspectivas de Rompeviento TV, el 9 de febrero de 2021 (https://www.youtube.com/watch?v=7bV-701UZCU).
“A que no hemos sabido recoger y sistematizar las importantes tradiciones comunitarias de comunicación, empezando por el concepto de asamblea que se ha vulgarizado y llevado al ámbito empresarial o familiar, donde la asamblea no representa más que a unos cuantos que se autonombran, no al conjunto”, comienza por decir el también documentalista que, pese al acento argentino, nació en México.
“El concepto de asamblea que ya es por sí mismo un concepto comunicacional, pone en pie de igualdad a un conjunto que identifica problemas comunes, para resolverlos en plazos diversos.
“Esta lógica de la asamblea y su práctica, incluso, se ha venido ninguneando a la hora de construir la información. Lamentablemente, somos víctimas de formatos televisivos como el que durante años tuvimos que padecer en México, encarnado por Jacobo Zabludovsky. Un monigote sentado en un escritorio, a título personal decía siempre en primera persona: ‘esta mañana hablé con el presidente tal, con el secretario de Estado tal, con el gobernador tal’, como si la comunicación de la información dependiera de esa histeria individualista.
“Todos los reporteros que se formaron con Zabludovsky en 24 Horas, incluido ese que ahora se hace llamar el teacher Joaquín López Dóriga, su discípulo, siguen siendo la misma calaña de tipos cuya lógica es el reduccionismo a ultranza, a un individuo, de una materia que es en sí colectiva: la información.
“Es hora de romper con ese formato, para permitir que las múltiples voces construyan, desde esa multiplicidad, el producto social supremo que se llama información. No hay modo posible que uno se entere de qué está pasando en un salón de clases donde hubo un conflicto, si no hay participación de la comunidad que vive, conoce y padece el conflicto”, sostiene Buen Abad.
LA MASA INFORMATIVA
“Hemos visto ejemplos fantásticos: el problema de la delincuencia en los barrios no lo va a resolver el policía que mandan a cumplir las órdenes del funcionario de arriba, a quien no le importa negociar el conflicto; lo van a resolver los vecinos, los ciudadanos que saben dónde radica el problema, cómo se llama el causante, dónde se esconde, a qué hora llega y a qué hora sale.
“El desarrollo dinámico, real y concreto de todos los problemas, los conoce esa comunidad que, cuando se organiza en asamblea, es la principal productora de información en todos los ámbitos. Construir la comunicación comunitaria es habilitar a todos los sujetos, a los protagonistas de la organización de una comunidad, para que integren su voz, identifiquen y ejerzan su derecho a participar, a informar y a informarse.
“La masa de esta producción informativa, debemos aprender a sistematizarla. Para el ejercicio de estos derechos, hay que habilitarnos. Pero como no los hemos practicado dinámicamente, se nos han acartonado.
“La ecuación no es crear medios de comunicación para ver si logramos algún cambio, sino impulsar el cambio organizado desde las comunidades, y ahí crear los medios de comunicación que se necesitan para esos objetivos. Es una ecuación muy distinta, pueden ser medios complementarios pero, en todo caso, deberían partir de esa base.
“En países como Venezuela o Ecuador existe el poder comunal. En vez de tres poderes constitucionales (ejecutivo, legislativo y judicial) tienen cinco, al haber adicionado el poder electoral y el poder ciudadano. En ese sentido, es ‘comuna o nada’, el proyecto es que se desarrolle la sociedad en un sistema organizado de comunas, y que ese sistema produzca desde la base toda la información de sus transformaciones.
“Para ello se requieren canales muy aceitados, un conjunto muy complejo de redes y de medios para poder ir difundiendo, debatiendo y perfeccionando los resultados de esa masa informativa que viene desde la base. Y esto requiere por supuesto cambios de corto, mediano y largo plazo.
“Es posible la comunicación comunitaria cuando las comunidades tienen en sus manos las herramientas de comunicación que necesitan para contarse sus historias, hablar de sus malestares y construir juntos un plan de acción”, agrega el director del Centro Universitario para la Información y la Comunicación ‘Sean MacBride’ de la Universidad Nacional de Lanús, Argentina.
ALIADOS, JUECES Y MEDIOS
Luego que un oyente le reprocha con cariño su ausencia de Radio AMLO, y de escuchar opiniones del público respecto a que la caza de brujas y la guerra mediática contra Venezuela, son claro ejemplo del uso político de medios contra la democracia, Buen Abad señala a Haití como el primer golpe de Estado de la era Biden y responde a una cuestión:
Si todas las empresas privadas son reguladas por un marco legal distinto en cada país, ¿por qué esta industria que rige las redes sociales no es regulada?, ¿no deberían regularse mínimamente las redes para generar seguridad al usuario?
“Hay muchas razones que se tienen que esgrimir de manera sistemática. Una de ellas es el problema comunicacional que hoy se vive en América Latina, por ponerle una frontera. Tiene sus matices, como los tiene el caso de África, donde la presencia de las nuevas y muchas iglesias está generando otro tipo de experiencia y de fenómeno, también analizables dentro de sus pautas.
“En el caso de América Latina, el problema es serio porque es de seguridad nacional y seguridad regional. De los ya 14 golpes de estado que hemos tenido en Latinoamérica desde que empezó el siglo XXI, todos y cada uno han sido apuntalados por estrategias mediáticas, por el ariete de los medios de comunicación que han hecho lo que se llama ‘guerra de cuarta generación’ o ‘guerra de baja intensidad’, es decir, una guerra a través de los llamados medios de comunicación.
“Por cierto, a estas alturas las palabras comunicación y medios merecen también una revisión. Pero en cuanto a los golpes de Estado, es un problema de seguridad nacional y un problema de seguridad regional que hayan desestabilizado a gobiernos enteros.
“Desde el caso de Mel Zelaya en Honduras, el golpe de Estado con el que debutamos toda esta cadena brutal de recolonización imperial, hasta hoy hemos visto una combinación que se llama Lawfare: una operación de guerra mediática con alianza judicial, es decir, jueces y medios de comunicación aliados para golpetear proyectos y líderes sociales de la región”, apunta Buen Abad
EL NEGOCIO DEL BIG DATA
“Por geopolítica y por la operación mediática que no ha sabido traducirse en un acuerdo juridico-político a nivel regional, en nuestros países se está dando un problema político y de seguridad jurídica.
“Aunque existen las herramientas, todo mundo invoca al Tribunal de La Haya o a organismos internacionales como la OEA y la ONU, nadie se ha sentado realmente a crear un espacio de discusión dentro de ellos sobre el problema de la guerra mediática en el continente. Y mientras tengamos a Luis Almagro en la secretaría general de la Organización de Estados Americanos, no me hago ilusiones.
“Pero ya empieza a haber en los países una reflexión más allá de lo que se ve en la pantalla, acerca de cómo las ondas cortas y las ondas largas, el golpeteo mediático, están produciendo temblores brutales en las estructuras de Estado.
“No entrarle a esto significa ser muy ignorante o acabar siendo cómplice. Necesitamos elaborar un sistema de discusión política que nos permita decir abiertamente, a quienes manejan la economía de la información, que no pueden estar por encima ni por afuera de los reglamentos que los países requieren.
“El tráfico de data, de información, necesita tener una vigilancia del Estado porque las plataformas manejan nuestros datos más sensibles, desde el tipo de sangre hasta el saldo de la tarjeta de crédito, desde nuestras preferencias y formas de entretenimiento, hasta los hábitos de consumo y nivel de estudios.
“Los gigantes tecnológicos no solamente no tienen un control político y jurídico, sino que tampoco tienen obligación de tributo fiscal con el país en donde hacen negocio con nuestra información, la misma que luego venden carísima, y, a la vez, con la manipulación y la desinformación.
“Esta ecuación necesita una discusión muy detallada, minuciosa pero imprescindible. Y sí, hay manera de que los gobiernos ejerzan una reglamentación que, pese a tener un corte nacional, sea de perfil internacionalista”, concluye el invitado.