Por una promesa de campaña que respondía a un reclamo histórico de la población ante los altos sueldos en la órbita federal, más que a una exigencia de la sociedad colimense, los diputados de Morena han sido desde que rindieron protesta blanco de una artificiosa campaña mediática y de troles en las redes sociales que les reclama cumplan el compromiso de bajarse el sueldo a la mitad.
Ignoro si por un acto de sabotaje contra quienes fueron sus aliados electorales o como una legítima respuesta a lo que considera un problema de credibilidad que puede llevarlos a sufrir un mayor desgaste político, el diputado del Partido del Trabajo, Carlos César Farías, presentó una iniciativa para hacer efectiva la promesa de campaña. Como se esperaba, fue desechada por la mayoría.
No se van a bajar sensiblemente el sueldo, ya dijeron. Y el costo político de defender sus precepciones actuales será alto, porque ninguno de los diputados se atreve a decir que se merecen la dieta y demás prestaciones económicas.
Cuando mucho han dicho que necesitan el dinero: para apoyar a la gente que se les acerca, para subsidiar a alguna organización civil que realiza labores altruistas, para contratar asesores, etcétera. No he escuchado a ningún diputado, en esta ni en pasadas legislaturas, admitir que la política cuesta y mucho.
Tampoco, que el proyecto de reelegirse es una aspiración legítima. Es más, con las reformas constitucionales ahora los diputados están moralmente obligados a mantener su curul en aras de la urgencia que tiene la sociedad de profesionalizar a sus estadistas. Y eso implica una inversión regular en operación política. En otras palabras, se ocupa lana pa’ la grilla.
¿EN VERDAD GANAN MUCHO?
El debate se ha centrado en la evidente incongruencia de diputados como Vladimir Parra que en campaña hicieron promesas que hoy quisieran relativizar. Pero nadie se ha planteado las preguntas correctas:
¿Realmente ganan mucho los diputados locales en Colima? ¿Nos cuesta mucho el Poder Legislativo a los contribuyentes del estado?
Me dicen que nuestros congresistas son los terceros peor pagados entre las legislaturas estatales del país. Pero la verdadera disparidad de este Congreso es que tiene 25 diputados para un estado con diez municipios y una población que no llega a 800 mil habitantes.
Son muchos congresistas. En Jalisco, con 125 municipios, tienen 38 diputados por ambos principios: de mayoría relativa y representación proporcional. Y en Michoacán, con 113 municipios, son 40 legisladores.
Podríamos discutir semanas enteras acerca de la improductividad histórica de los diputados colimenses. Pero pagarles menos no los hará más productivos, como no los llevó a producir mejores leyes el pagarles mucho en anteriores legislaturas.
Y, como a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, pagarles menos no los hará necesariamente más honestos ni más justos. Pero pagarles menos sí podría hacerlos deshonestos.
Una remuneración insuficiente para las expectativas que se hicieron como candidatos y las necesidades que tienen como diputados, los hace vulnerables. Y baratos.
En la Legislatura anterior, corrió la leyenda urbana de un diputado que, para romper la mayoría panista, pidió 10 millones de pesos al gobierno de Ignacio Peralta. En esta legislatura, sabedores los operadores políticos del Ejecutivo de la precariedad de los diputados, según corren rumores le habrían ofrecido apenas un millón de pesos a uno de los integrantes de la mayoría por traicionar a su bando.
DIPUTADOS DE TERCERA
En síntesis, el económico no es el único factor para la productividad y la eficiencia de un diputado. Pero la cuestión de fondo sigue sin responderse: ¿es excesivo el sueldo de los diputados?
Algunos colegas periodistas hicieron el desglose de las percepciones económicas de los diputados. Y lo que muestra esa tabla es que los recortes no son suficientes. Siguen ganando arriba de cien mil pesos.
Pero no todos y no cada mes. En esta Legislatura sigue habiendo diputados de un cheque, de dos cheques y de tres cheques. Un cheque por la dieta, dos por presidir una comisión (aunque ahora dicen que por pertenecer a cualquier comisión también les pagan) y tres por encabezar una fracción parlamentaria.
Tendrían que explicar los congresistas cuánto de ese dinero son ingresos netos y cuántos son recursos para operar legislativa y políticamente. ¿Cuánto se debe gastar, por ejemplo, en pagar asesores sobre temas especializados que no dominan los diputados?
Finalmente para gestión social no queda mucho, se volvió políticamente incorrecto disponer de una partida para atender peticiones de ayuda económica y en la Legislatura pasada renunciaron a ese dinero.
Poniendo como tope el sueldo del Presidente de la República, el parámetro de los salarios de nuestros diputados está en la propia administración pública estatal. ¿Ganan los legisladores mucho más que el Gobernador? ¿Ganan menos que un secretario de Despacho, considerando sobresueldos y compensaciones de los miembros del gabinete?
Mientras no pongamos en claro esas cuentas, todo lo que se diga sobre la obligación de los diputados de bajarse el sueldo a la mitad para que se les quite andar haciendo promesas demagógicas, no es más que una campaña para desprestigiar al Congreso y, en su momento, sentar a los diputados a negociar el presupuesto y los mecanismos de fiscalización.