El gobernador Ignacio Peralta se dice determinado a conseguir que se revoque la concesión de la caseta de Cuyutlán.
Notable afirmación la del mandatario porque sus antecesores no coincidieron con semejante reclamo popular. Al contrario, gobiernos como el de Mario Anguiano operaron para modificar los términos a favor de Pinfra e, incluso, extender el plazo del título de concesión.
Los usuarios del tramo carretero Armería-Manzanillo observamos en incontables ocasiones cómo las acciones gubernamentales (tanto del orden federal como del estatal) se combinaron para proteger los intereses de la empresa.
A tal grado que se usó a las policías para controlar a los manifestantes, o se toleró la presencia de guardias blancas y grupos de choque que, con el pretexto de ‘liberar la caseta’, en realidad lo que buscaban era forzar el pago de la cuota a quienes pretendían ejercer su ‘derecho al libre tránsito’.
En el discurso político, legisladores de casi todos los partidos han venido acreditando desde hace años que la inversión privada que se hizo en ese tramo de la autopista ya se recuperó. Descontados los gastos de mantenimiento, la ganancia ha sido enorme.
Nos explicaron cómo se alargó el plazo transfiriéndole a la caseta de Cuyutlán la recaudación que perdieron los concesionarios, tras la desaparición del peaje en el libramiento carretero de Manzanillo. Y cómo, por una triangulación insólita, los usuarios de esta autopista estamos contribuyendo a la recuperación del costo de una carretera ¡en otro estado!
Nos queda claro que la empresa Pinfra defiende un negocio que no sólo es boyante ahora mismo, sino que crecerá exponencialmente en la medida que vaya aumentando el número de contenedores que entren y salgan del país por el puerto de Manzanillo. A falta de doble vía, el ferrocarril no es mejor opción y buena parte de esa carga se transportará por carretera.
UN PROCESO ENREDADO
Nada de eso ha pesado hasta ahora en el proceso jurídico para revocar el título de concesión, aunque la administración Peralta acaba de decir que la causa de los colimenses está muy avanzada. Sin duda, la coyuntura que hace viable la revocación es el cambio de régimen a nivel federal.
Existen irregularidades contundentes por parte de la concesionaria, pero hasta ahora los abogados de la empresa han conseguido que la autoridad jurisdiccional que lleva el asunto no repare en ellas.
Para detallar la ruta crítica que ha seguido el proceso judicial, dijo Nacho Peralta hace unos días, “se creó el micrositio www.col.gob.mx/casetacuyutlan con el objetivo de poner a disposición de la población con absoluta transparencia la información obtenida y acciones generadas por el Gobierno del Estado”, “así como las acciones y juicios promovidos ante las autoridades federales correspondientes para demandar la nulidad y/o revocación del mencionado título de concesión”.
De acuerdo a los documentos que se pueden consultar en esa página web, los términos de la convocatoria (lanzada el 2 de abril de 1990) y lo estipulado en el pliego general del concurso de adjudicación (con fecha 27 de abril de ese año) estableció, como criterio fundamental para el fallo, que participaran en la licitación aquellos contratistas que ofrecieran el menor plazo posible de explotación de la concesión, y bajo ningún caso debía exceder los 20 años.
Ese mismo año de 1990 en que se adjudicó la concesión (el 2 de agosto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de ese mes), la Ley de Vías Generales de Comunicación establecía en su artículo 146 la prohibición para que las concesiones excedieran los 20 años. De hecho, el plazo original para operar la caseta de Cuyutlán fue de apenas 9 años 3 meses.
“Pese a ello, se han autorizado cinco prórrogas de ampliación del plazo del título de concesión, por lo que su vigencia podría ser hasta el año 2050”, reconoce el Gobierno del Estado.
LA VÍA JURÍDICA
Además, en el apartado de Gestiones y Acciones de Gobierno del Estado para la Nulidad y/o Revocación de la Concesión de la Caseta de Cuyutlán del micrositio, figuran “las acciones administrativas y jurídicas emprendidas por la actual administración estatal ante las irregularidades ya referidas en el otorgamiento del título de concesión y posteriores prórrogas”.
En julio de 2018, la administración de Ignacio Peralta le solicitó a la SCT –cuyo titular era entonces Gerardo Ruiz Esparza, su antiguo jefe cuando el gobernador de Colima despachó como subsecretario de Comunicaciones– la nulidad y/o revocación del título de concesión. Pero en septiembre recibió una respuesta negativa de la Secretaría.
Al cambio de Gobierno, el 4 de diciembre de 2018 se realizó el mismo planteamiento –con oficio, relatoría y solicitud de nulidad– al actual titular de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú.
“También se entregó un expediente al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y se inició un recurso legal en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre otras acciones”, señaló el Gobierno del Estado en un boletín de prensa.
Para ello, el 3 de agosto habían solicitado a la SCT copias certificadas de diversos documentos buscando interponer demanda de nulidad y/o revocación de la concesión de la caseta de Cuyutlán.
Estos documentos tendrían que haber estado en el expediente que puntualmente debió archivarse en el Gobierno del Estado, pero se infiere que administraciones anteriores no se preocuparon por llevar la bitácora o que la SCT, intencionalmente, mantuvo a los representantes del pueblo de Colima ignorantes de la situación jurídica de la caseta.
LA RUTA POLÍTICA
En esta lucha no ha estado solo el gobierno de Peralta Sánchez. El propio micrositio reconoce el acuerdo del Congreso del Estado (del 2 de agosto de 2018, firmado por la Legislatura anterior) para turnar al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, enviada por el Gobernador del Estado “con la finalidad de que los recursos obtenidos por una caseta se destinen exclusivamente para generar un beneficio directo a los usuarios de la misma”.
Esto coincide con diversas propuestas para que el importe por el pago del peaje ingrese directamente a la tesorería estatal. Una idea tan ingenua esta última como cuando funcionarios estatales sugirieron en otro sexenio cancelar los dos aeropuertos existentes (Colima y Manzanillo) y dejar uno solo en Tecomán. O abrir un puerto en la laguna de Cuyutlán operado por una API estatal.
El mismo Tribunal Federal de Justicia Administrativa que desestimó la solicitud del gobierno local, admitió el 5 de marzo de 2019 la demanda para la revocación que mes y medio antes había presentado, en su calidad de ciudadana, la delegada en Colima del gobierno federal, Indira Vizcaíno Silva.
Todavía como diputada federal por el Distrito II, Indira había gestionado ante la concesionaria, una reducción en la cuota para los automovilistas de Colima. De este modo, de pagar 130 pesos en lo sucesivo pagarían 45 pesos, un descuento del 65%.
Para la tarifa especial hay que acceder al pago electrónico de peaje, lo que se conoce como TAG, que se tramita en las oficinas de la caseta, en este caso sin costo y con solo presentar tarjeta de circulación, identificación personal y comprobante de domicilio.
La TAG supone una innovación tecnológica a los chips que gestionó en su momento el gobernador Mario Anguiano, que estaban además limitados en cuanto al número de beneficiarios.
Cuando anunció la gestión, Indira Vizcaíno dijo que buscaba evitar que el costo de una de las 15 carreteras más caras del país siguiera dañando las finanzas familiares. Pero insistió en la vía jurídica, adicional a la vía política, para transparentar el tema de la concesión.
NO DESAPARECERÁ LA CASETA
Por lo demás, anular la concesión no implica quitar la caseta. Caminos y Puentes Federales es una paraestatal y no se ha sabido que elimine alguna, incluso después de rescatar una infraestructura concesionada y que los particulares dejaran de cobrar el peaje.
Se ha hablado de que el mantenimiento constante y costoso que requiere la carretera se garantice con el peaje del transporte de carga, permitiendo la libre circulación de los usuarios particulares y, especialmente, de los turistas.
Lo cierto es que son tantas las dificultades económicas que enfrenta la Cuarta Transformación, que el gobierno federal difícilmente renunciará a los ingresos que le proporciona la autopista, en parte porque ya están considerados entre los ingresos fiscales y, también, porque la carretera demanda urgentes obras de modernización.
Todavía hay una cuantiosa inversión pendiente de realizar tan solo para completar la infraestructura como fue originalmente planteada: desde la construcción del cuerpo faltante del puente de Tepalcates, hasta la sustitución del que se ha venido usando hasta ahora. Por no hablar de la eventual ampliación de la autopista a, por lo menos, seis carriles.
La caseta desaparecería si, aprovechando el flujo de tráileres, se decidiera construir una autovía exclusiva para el transporte de carga, siguiendo una vía corta a Guadalajara que saliera del estado por Minatitlán y a través del llano en llamas.
No obstante, retirar la concesión a Pinfra sí abre la posibilidad de que bajen las tarifas o incluso se elimine el cobro de peaje para los vehículos particulares.
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