En el sentir de la gente siempre han existido dudas y hasta desconfianza sobre lo que el gobierno hace con sus impuestos. El clásico discurso nos dice que estos sirven para pagar la nómina, ofrecer servicios y ejecutar obra pública. Sin embargo, además de estas interrogantes que prácticamente nunca se despejan del todo, en la sociedad prevalece el sentimiento de que es excluida de las decisiones relativas al ejercicio del dinero público. Es cierto que en la administración pública en sus diferentes niveles, han tenido lugar ensayos o experimentos de seguimiento, participación o contraloría social, que pese a algunos resultados exitosos, no han sido consistentes y en consecuencia no logran satisfacer esa necesidad que hay en la gente.
En estos tiempos en que el discurso ciudadano está dan de moda, vale la pena compartir algunas ideas sobre una propuesta que recientemente se aprobó el Congreso del Estado, y que además de pretender subsanaren esa carencia, puede llegar a convertirse no solo en una práctica que incentive la participación social en diferentes aspectos, sino también en un mecanismo de interacción permanente entre los gobiernos municipales y la comunidad.
La propuesta en materia de presupuesto participativo aprobada por el poder legislativo y que fue presentada por el diputado Francisco Rodríguez García, plantea que el 30 por ciento de los ingresos por impuesto predial, se destinen a obras o acciones que impacten en un beneficio directo a favor de vecinos de barrios, colonias y comunidades, esto a partir de los requerimientos de cada demarcación que se decidan mediante mecanismos de participación democráticos y deliberativos.
Es cierto que muchas propuestas e incluso reformas de carácter legal son letra muerta, en la mayoría de los casos porque su aprobación obedece a una lógica política o electoral, así como a protagonismos de los legisladores que buscan mostrarse productivos, pero con nociones bastantes limitadas del alcance financiero de sus planteamientos. Afortunadamente este no es el caso de la propuesta aprobada, que a grandes rasgos establece que los alcaldes puedan compensar por otra vía ese 30 por ciento del impuesto predial que sea por así decirlo, devuelvan a los contribuyentes para la realización de obras o mejoramiento de servicios en el lugar donde viven.
Los alcaldes que en un primer momento vean esta propuesta con resistencia o desconfianza pueden estar tranquilos, pues existe una salida para que en caso de que ya tengan programadas y comprometidas las finanzas municipales, puedan compensar ese 30 por ciento que se destinaría a las acciones que directamente señalen sus gobernados.
Señalaba el legislador de la bancada del PAN, que para el presente ejercicio fiscal los diez municipios en su conjunto proyectaron recaudar alrededor de 429 millones de pesos por concepto de impuesto predial, de los cuales el 30 por ciento, 129 millones, se podrían ejercer en la modalidad de presupuesto participativo. Dice Francisco Rodríguez que los munícipes podrían recuperar estos recursos si se reforma el Artículo 6° de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima, para incrementar de 22 al 25 por ciento el mínimo que los ayuntamientos reciben por concepto de participaciones federales, que en términos concretos equivale a 125 millones de pesos. De esta manera, en lugar de “perder” recursos por acatar la reforma e implementar el esquema de presupuesto participativo, los ayuntamientos estarían obteniendo adicionalmente una cantidad similar a la que se tenga que destinar para efectos del presupuesto participativo.
Con ello los alcaldes no solamente pueden ganar en credibilidad al hacer suya la reforma y legitimarse promoviendo mecanismos ciudadanos de decisión presupuestal, sino que también, al obtener una cantidad similar a la otorgada para dicho efecto, podrían aliviar un poco las finanzas de sus respectivos ayuntamientos.
Veremos en qué municipios hay interés por aprovechar esta iniciativa, la cual no solamente traería como beneficio involucrar a vecinos de colonias, barrios y comunidades en la toma de decisiones, concretamente en lo que hace el gobierno municipal con una parte de sus impuestos, sino que se estaría dando un paso que al menos hasta el momento y con los mecanismos de participación ciudadana vigentes no se había podido dar.
Para efectos de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, hay que esperar la reacción del grupo mayoritario en la legislatura estatal, cuyo discurso de transparencia, honestidad y dar el poder al pueblo empalma perfectamente con esta medida.
Amarrando Navajas:
+Nuevamente el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, fue calificado como uno de los mandatarios con la evaluación más baja, esto de acuerdo a la última encuesta realizada por CAUDAE Estrategias con el periódico El Heraldo de México. Integridad, capacidad y honestidad, fueron los rubros en que los colimenses situaron al mandatario como uno de los 5 peores gobernadores de todo el país.
+Si llegados los tiempos de tomar decisiones rumo al 2021, Felipe Cruz Calvario, no ve claridad para su futuro político en el partido Movimiento Ciudadano, un eventual deslinde ¿podría llegar a dejar un hueco importante de votantes villalvarenses en detrimento de las aspiraciones a la gubernatura de Leoncio Morán?
+Hay quien dice que lo peor que le puede pasar al PRI en Colima en el 2021 es perder la gubernatura, pero también es evidente que sería este resultado sería una catástrofe política si perdiera postulando a un candidato como Virgilio Mendoza Amezcua.
+Lo sucedido en el Colegio Inglés es una situación realmente desafortunada, sobre todo por los menores inscritos en dicha institución, por las maestras y maestros que seguramente con profesionalismo y ahínco se entregaron a las tareas formativas, y por los padres de familia que habían confiado al plantel el cuidado y desarrollo escolar de sus hijos. De acuerdo a la parte demandante el episodio final de un proceso legal que vimos en días pasados está más claro que el agua, pues un juzgado de Jalisco determinó las acciones a tomar ante el incumplimiento del pago por parte de quienes construyeron el edificio hace ya varios años.
Es correcto que una autoridad judicial de Colima, en tareas de coadyuvancia, ejerza el mandato de un juez del estado de Jalisco con el apoyo de la fuerza pública. No es la primera ocasión que esto ocurre. Lo que no debe volver a pasar, es que las autoridades educativas del estado carezcan en sus protocolos de las previsiones necesarias para que los colegios y todo tipo de instituciones educativas privadas, estén libres de adeudos y litigios que pongan en riesgo su funcionalidad, permanencia y el ofrecimiento continuo de los servicios educativos, deportivos y culturales que ofertan a las familias colimenses.
Dado que el colegio como tal no tiene impedimento alguno para seguir operando, esperemos que sus directivos encuentren lo antes posible una sede alterna para que los alumnos inscritos no pierdan clases y prosigan con sus estudios. En el caso de que todo sea una injusticia producto de una serie de arbitrariedades, lo mejor es que los directivos se defiendan en los tribunales y muestren a los padres de familia los comprobantes de pago del crédito que según el afectado, nunca saldaron parcial o totalmente.
+No causa extrañeza que entre los más alegres con la reciente visita de Mario Delgado Carrillo a Colima, se encuentren algunos personajes que mantienen una gran proximidad con el gobernador José Ignacio Peralta.