“Tenemos un buen Seguro Social en México”, me dijo una vez un médico de ese instituto. “Pero es el seguro social de un país pobre y, por lo tanto, es un seguro pobre”.

Hablábamos de las carencias que enfrentan, en general, las instituciones médicas en nuestro país, pero que en el IMSS eran en esa época más notorias que en el ISSSTE o en el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) en razón del volumen de afiliados: a mayor población derechohabiente, más numerosas las quejas por malos servicios.

La proporción tendría que ser a la inversa, considerando que en el IMSS la aportación económica es tripartita –el trabajador, el patrón y el Estado–, mientras que en el ISSSTE o en el ISSFAM, el patrón y el Estado son la misma entidad. Sin embargo, durante décadas buena parte de las políticas de salud pública descansaron en el IMSS, con lo que se disparó el número de beneficiarios potenciales con respecto a los asegurados que pagaban cuota.

Por ejemplo, en algún momento de su historia, el IMSS empezó dar atención gratuita a las familias de los ejidatarios, y luego se incorporó a todos los estudiantes de educación media-superior y superior.

Pese a que prometía eficiencia, el modelo neoliberal consintió prácticas que deterioraron las finanzas del Instituto. Entre otras, la tolerancia de las autoridades del Trabajo y del propio IMSS a esquemas como el outsourcing,mediante el cual gran cantidad de empleos fijos no cotizaban al Seguro Social.

Otra práctica deficitaria era que trabajadores y patrones, supuestamente de mutuo acuerdo, pagaban una cuota menor a la que correspondía al salario real (En el caso de los burócratas del estado de Colima, vale decir que la iguala de poco más de cuatro salarios establecida mediante un convenio con el IMSS, por lo menos cubre los costos reales de la atención médica).

FUEGO A DISCRECIÓN

En tiempos del panista Vicente Fox se creó el Seguro Popular, supuestamente como un mecanismo para resarcir el daño que causaron los gobiernos revolucionarios precedentes al incumplir, con sus hospitales civiles y centros de salud con un enfoque meramente asistencial, la promesa de garantizar una cobertura universal.

Sin embargo, el Seguro Popular nació con un vicio de origen: no buscaba beneficiar a toda la población abierta sino apenas a un porcentaje de esa mayoría que no estaba cubierta por cualquiera de las otras instituciones públicas de salud o por seguros privados.

No se aspiraba pues a la cobertura universal, pero tampoco a la cobertura total. Quien haya estado afiliado al Seguro Popular sabe que había un número limitado de servicios a los que el asegurado tenía derecho sin costo, pero también que había enfermedades, tratamientos médicos, fármacos y procedimientos quirúrgicos que, simplemente, no estaban contemplados.

En realidad, el Seguro Popular nació con un segundo pecado original: era un pretexto para transferir a los estados recursos federales no sujetos a comprobación; fue una más de las estrategias que siguió el presidente Fox para granjearse la lealtad de los gobernadores, especialmente de los mandatarios priistas.

SI TODO ERA BONITO…

Por lo demás, el Seguro Popular era un plan de salud, no una institución de seguridad social. El gobierno federal entregaba dinero a los estados.

Gracias a eso, gobernadores como el tristemente célebre Javier Duarte, en Veracruz, se robaron el dinero en forma tan descarada que, para simular el cumplimiento de las metas, se inyectó a los niños que requerían quimioterapia agua salina en lugar de los fármacos indicados para el tratamiento de cáncer.

Y no hablemos de los estados donde se aplicaba de veras solamente la primera y la última dosis, pero en el resto del tratamientos se administraban placebos a los pacientes. O de los gobiernos locales que compraron equipo médico chatarra –como aparatos de rayos X y radioterapia–, haciéndolo pasar como nuevo. Ni de los secretarios de salud en los estados que inflaron los costos de los medicamentos e instrumental médico, al hacer la requisición de compra.

Este potencial de corrupción estaba implícito en el modelo del Seguro Popular. Aunque de eso no hablaron en el periplo que hicieron por los medios, sin otro propósito que descalificar al naciente Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), Salomón Chertorivski que, sin ser médico, fue secretario de Salud en la administración panista de Felipe Calderón, ni Julio Frenk, titular de la SSA durante la presidencia de Vicente Fox.

IMPERFECTO, NO PERFECTIBLE

Pese a la resistencia que –de buena fe o como un abierto reproche por la discrecionalidad perdida en el manejo de los recursos– presentan algunos gobernadores al nuevo modelo, no tengo duda que el Insabi puede llegar a ser la institución que más se acerque al ideal de un Estado de Bienestar que aspira a la cobertura universal en salud.

Sin embargo, como el IMSS, el Insabi nace pobre porque es el sistema de salud para población abierta de un país pobre o, mejor dicho, de un país donde el Estado es pobre.

Tendríamos que aumentar el porcentaje del producto interno bruto que se destina a salud, para acercarnos a los estándares de cobertura de los países nórdicos, de Francia, Gran Bretaña o Canadá. Y tendríamos que aumentar la recaudación fiscal para poder incrementar el presupuesto.

Eso no se va a lograr el primer año, pero está claro el objetivo de lograr a la larga la cobertura sanitaria universal (CSU), esto es, que “todas las personas y comunidades reciban los servicios de salud que necesitan sin tener que pasar penurias financieras para pagarlos”.

Como indica la Organización Mundial de Salud (OMS), la CSU “abarca toda la gama de servicios de salud esenciales de calidad, desde la promoción de la salud hasta la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos”.

La campaña negra para desacreditar al Insabi dibuja un panorama de desabasto de medicamentos, cuotas de recuperación excesivas y población antes derechohabiente que ahora quedó descobijada, que puede corresponder (o no) con casos específicos. Pero se vuelve inaplicable la comparación entre el Insabi y el Seguro Popular cuando se contrasta el naciente instituto con un sistema de salud, “mejorable y perfectible” como anduvo diciendo Chertorivski, que en la realidad nunca funcionó perfectamente.

NI SEGURO NI POPULAR

Si era tan exitoso el Seguro Popular, como dicen Frenk y Chertorivski o los gobernadores panistas que se niegan a firmar el convenio con el Insabi, ¿por qué la gente aplaudía tanto cuando López Obrador en campaña se mofaba diciendo que ni era seguro ni era popular?

El candidato de la esperanza emulaba así a Cantinflas que –en una película distinta a El Señor Doctor (1965), porque esa fue patrocinada por el IMSS– dijo que el Seguro Social es “muy seguro pero nada social”.

En cambio, quienes no dudaron en sumarse al nuevo proyecto de salud pública son los mandatarios estatales emanados del PRI, entre ellos el colimense José Ignacio Peralta Sánchez.

Los gobernadores priistas tienen sobrados motivos para quejarse de la centralización de los recursos y de las compras consolidadas que ya no les permiten hacer negocio con los proveedores, pero saben que usar a los enfermos para agarrar a gentazos al presidente López Obrador resultaría contraproducente en las elecciones de 2021.

Además, varios de esos gobiernos priistas están en vías de extinción. En la sucesión de esos mandatarios terminará inevitablemente el dominio tricolor, tanto en aquellos estados donde no ha habido alternancia, entre ellos Colima, como donde el PRI recuperó la gubernatura.

Los gobernadores panistas apuestan a endosarle a la 4T el costo político del descontento por la mala atención en salud, pero los priistas sólo buscan salir impunes de sus mandatos. Y en lo último que piensan es en desafiar al Ejecutivo federal, cuestionando un instituto que tiene la impronta de dos grandes logros del priato: el IMSS y el ISSSTE.

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