+ El Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense de Manzanillo hace acompañamiento a las víctimas cuando se acercan a pedir ayuda.
+ El Estado ha fallado porque no ha esclarecido los crímenes y ha abandonado a las víctimas: Griselda Martínez.
Este lunes, durante la ceremonia cívica en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la presidenta municipal Griselda Martínez pidió un minuto de silencio por todas las mujeres víctimas de la violencia, “por todas las mujeres que fueron acalladas, que eran madres, esposas, hijas, hermanas, por todas ellas”.
La alcaldesa lamentó que el Estado haya fallado en el tema de la violencia de género y señaló que es urgente que las instituciones generen conciencia en la sociedad para cambiar modelos, concepciones, formas y patrones de conducta. “El gobierno ya no debería permitir espectaculares donde utilizan la imagen de la mujer como si fueran objetos sexuales, por ejemplo. Tuvimos un Estado que nunca reguló nada y que nunca permitió que se nos viera como se nos ve, permitió que se nos agrediera como se nos agrede y permitió que se nos matara como se nos mata, con total impunidad. Tuvimos un estado machista que no tenía ningún tipo de conciencia y que le importó poco las condiciones en las que sobrevivimos las mujeres en este país”.
Griselda Martínez explicó que hoy Manzanillo tiene un gobierno sensible porque se conocen las causas que generan la violencia, también los procesos para que esas violencias escalen; es por ello que esta administración trabaja para disminuir sus índices con calles bien iluminadas, mejoramiento de andadores, calles, intervenciones artísticas y actividades culturales; sin embargo, la violencia tiene raíces profundas, es por ello que el Instituto de la Mujer Manzanillense -INMUJERES- brinda acompañamiento integral a las mujeres víctimas de violencia y desde que las recibe en primer contacto, se les brinda ayuda, atención y asesoría jurídica para protegerlas, hasta que estén a salvo.
Finalmente, Griselda Martínez sugiere legislar para que cuando las instituciones le fallen a las víctimas con negligencia y falta de seguimiento, los funcionarios omisos sean destituidos y sancionados, como un acto de justicia que el Estado le debe a las víctimas.