Colima es, sin duda, una entidad de automóviles. Así lo demuestra el uso que se da a sus calles. Más allá del Andador Constitución en la capital colimense, de la calle López Mateos que da de frente al jardín del centro de Tecomán y del denominado Callejón del Arte en Manzanillo, que se encuentra a un costado de la Presidencia Municipal, no existen más calles que puedan considerarse peatonales. Quizá una que está en proceso de peatonalización es la Calzada Galván en su tramo que va de la Piedra Lisa a la Glorieta del DIF, que en su más reciente remodelación se recorta el espacio utilizado por los vehículos para quedar en sólo dos muy reducidos carriles, uno de ida y otro de vuelta, aumentando con ello el espacio a favor de la gente que transita a pie o en bicicleta.
Así lo demuestra también el número de vehículos en circulación. De acuerdo a los registros administrativos de INEGI en el año 2018 en el estado de Colima había un total de 341,633 vehículos automotores, de los cuales 51.9% son automóviles, 29.3% son camiones o camionetas y 18.4% son motocicletas. Asimismo, los datos indican que el padrón vehicular de la entidad ha crecido, del 2013 al 2018, a un ritmo de 14,600 vehículos adicionales cada año o, lo que es igual, de 41 vehículos más cada día. También, de ello se puede afirmar que en promedio en el estado de Colima existe 1 vehículo por cada 2 colimenses o 2 vehículos por cada hogar, lo cual ya en sí, dice bastante.
¿Por qué es importante esto? Porque en una sociedad que le asigna harta importancia al uso de vehículos y que en sus calles circula diariamente un gran número de éstos, entraña al mismo tiempo una serie incalculable de problemas en los ámbitos económico, ambiental, social y político, con gran impacto adverso en la vida de las personas. ¿De entre tantos, cuál es uno de los problemas que merece la atención de todos? El de los llamados corralones, encierros, depósitos o confinamientos vehiculares, los que por mucho tiempo han sido un dolor de cabeza para toda la gente en Colima, por sus altos costos, por la dificultad de recuperar los vehículos que ahí llegan y hasta por los malos tratos, indiferencia y abusos que se reciben por parte de quienes los administran.
¿Qué dice la Ley sobre esto? La Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima señala en su artículo 1, palabras más, palabras menos, entre otras cosas, que se considera de utilidad pública el establecimiento de encierros y confinamientos, cuya obligación de proporcionarlos corresponde originalmente al Poder Ejecutivo del estado. Asimismo, el artículo 110 de la misma Ley dispone que: “Los depósitos vehiculares serán aquellos lugares oficiales para el resguardo de cualquier vehículo sujetos a almacenamiento por encontrarse a disposición de una autoridad administrativa o judicial, cuya operación y funcionamiento se encuentra a cargo del Ejecutivo del Estado o en su defecto concesionados a personas morales que cuenten con la autorización estatal para la prestación de dicho servicio”.
¿Cuáles son las razones por las que un vehículo puede ser confinado a un corralón vehicular? Cuando notoriamente emitan gases u otros contaminantes, produzcan ruidos que rebasen los límites permitidos, se califiquen en abandono, se identifiquen descompuestos en vía pública, por orden de autoridad judicial, recuperados por robo, por encontrarse estacionados o detenidos en áreas restringidas, participen en hechos de tránsito o se identifique su conductor porta documentos vehiculares alterados o falsos. Así, diariamente las autoridades de caminos federales, de movilidad estatal y de tránsito municipales, ordenan que una cantidad creciente de vehículos sean enviados a corralones.
El caso de los corralones vehiculares en el estado de Colima es importante y trágico al mismo tiempo. Las quejas por cómo se administran y funcionan son, paralelamente, históricas y recurrentes. Cuando el propietario o poseedor de un vehículo tiene contacto con los administradores de los corralones, sabe que lleva las de perder, que pagará grandes sumas de dinero por su resguardo, que no tendrá certidumbre sobre los bienes que dejó dentro del mismo, que no podrá reclamar si lo encuentra dañado en su exterior o interior, que hará trámites tardados y difíciles, que el vehículo al ser recuperado estará en franco deterioro por estar durante varios días a sol y lluvia, y que experimentará hasta maltrato, indiferencia y frustración; pocas son las personas que sí recuperan su vehículo una vez entrado en un corralón vehicular de la entidad.
¿Por qué sucede esto? En primer lugar porque los corralones vehiculares en el estado de Colima no se encuentran en control directo de autoridad pública alguna, sino que, desde hace muchos años, están concesionados a particulares; concesiones que otorgó el Poder Ejecutivo estatal. Segundo, porque existen monopolios u oligopolios, es decir, sólo hay un corralón o apenas dos o tres que dan atención a uno o varios municipios. La muestra más clara es el corralón El Mezquite que se encuentra a pocos kilómetros antes del ingreso a los municipios de Colima y Villa de Álvarez en la autopista Manzanillo-Colima, en el que a simple vista se observan miles de vehículos de todo tipo que ya no pudieron ser recuperados por sus dueños, siendo una pérdida económica familiar importante.
Tercero, porque es muy alto el precio que se paga por el resguardo de un vehículo en un corralón, razón por la que rápidamente se generan cuentas impagables, que pronto rebasan el valor del vehículo mismo, haciendo inviable su salida. En el Decreto que Establece la Regulación para Operación y Fija la Tarifa Máxima de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos para el Estado de Colima de fecha 12 de mayo de 2018 y expedido por el Poder Ejecutivo del estado, se establece que se debe pagar a un corralón una tarifa diaria de 17 pesos para el caso de bicicletas y motocicletas, de 52 pesos para automóviles y de 61 pesos para camionetas. Basta que cada quien calcule el precio a pagar de acuerdo a su experiencia personal para conocer el costo del corralón.
Poderes ejecutivos y legislativos van y vienen, sin encontrar nadie solución plausible, satisfactoria y sostenible al gran dolor de cabeza que significan en la actualidad y lo han significado históricamente los corralones vehiculares para los colimenses. Sin duda, una mejor medida sería que el Estado y los Municipios de la entidad recuperaran la rectoría de los depósitos vehiculares en favor del interés público, así como de la economía y el bienestar de sus gobernados. Si esto no es posible, al menos se requiere implementar controles, inspecciones y vigilancia permanentes sobre los corralones existentes, a efecto de garantizar buen servicio, buen trato, aplicación irrestricta de la norma, protección a los derechos y el uso de recursos de inconformidad que den confianza y justicia a la gente. Aunque es mucho por hacer, se puede comenzar ya. ¿O usted qué opina?