La Federación de Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamiento y Organismos Descentralizados de Colima, presidida por Audelino Flores, envió un documento al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que solicitan su intervención para evitar el despido de 31 trabajadores que han sido dados de baja de la administración estatal.
“En el término del artículo 35 fracción V de la Constitución Federal como un derecho de la ciudadanía venimos a hacer uso el derecho de petición que conjuga a la vez el Art. 8 de la Ley de Leyes, para solicitar su intervención ante el Gobierno del Estado para que en cumplimiento al pacto federal el Gobernador del Estado de Colima, Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, deje sin efecto de manera inmediata los despidos de los 31 trabajadores que laboran en el Gobierno del Estado de Colima a partir del 31 de marzo del año en curso en que se decretó la contingencia por motivo de la peste del COVID 19”.
En dicho documento agregan que “la actitud del Gobernador del Estado de Colima viola los derechos humanos de los 31 trabajadores despedidos pues no existe motivo ni causa para su despido, máxime que el estatus laboral de éstos es el de trabajadores de base sindicalizados pertenecientes al SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, que preside la Secretaria General la LIC. CRISTINA NAVARRO CASTRO y cuyo carácter fue reconocido por el TAE del Estado de Colima al hacerse el registro de éstos por el Sindicato”.
Afirman que “desde luego que la conducta del Gobernador del Estado no es acorde a la tónica que está llevando a cabo el Gobierno Federal que usted preside ni a las recomendaciones del Subsecretario de Salud y la Secretaría del Trabajo Federal en el sentido de que no se podrán hacer despidos de trabajadores en esta contingencia de salud y que deberán de cubrir los sueldos de manera íntegra con todas las prestaciones por lo que el Gobernador del Estado ha subvertido el orden constitucional en el estado de Colima, además de que no ha sido factor de desarrollo en el estado se está oponiendo a la directriz presidencial plasmada en decreto el 30 de marzo del 2020 en el irrestricto respeto a los derechos laborales de los trabajadores y que lejos de abonar a la unidad nacional en esta etapa, está provocando que se haga una rebelión de los ciudadanos de Colima por los actos inhumanos e inconstitucionales del Ejecutivo local , pues su conducta ha puesto al pueblo de Colima no solamente en peligro de contagio del Coronavirus por no proporcionar a la comunidad colimense, y en especial al sector salud los elementos necesarios para evitar el contagio, además de que en los despidos masivos de trabajadores los va a condenar a la inanición de las familias de los despedidos”.
Finalmente, exponen que “en efecto el orden económico está colapsado por el problema de salud que atraviesa no solamente México sino del mundo, y ya se están dando incrementos en los delitos de robos, homicidios y otros, por lo que se nos está poniendo en el caso de efectuar una defensa privada de nuestros derechos en ausencia de autoridad y seguramente que a nuestro movimiento se adherirán abogados, ingenieros, peluqueros, fontaneros y demás personas que ejercían una profesión y trabajo libre los cuales no están contemplados en los apoyos ni programas sociales que su gobierno federal ha implementado, ya que su política se concreta al apoyo de los pobres pero no a la clase media y menos a la clase burocrática”.