El título de este articulo resume los dos tópicos que abordo párrafos abajo. Se trata de dos situaciones, problemas o deficiencias, del gobierno de Ignacio Peralta Sánchez que, como el pueblo lo percibe y padece, no obedece a las normas institucionales, sino a intereses políticos que la sociedad registra con toda evidencia: negocios, enriquecimiento y supeditación del gobierno a intereses particulares, y derroche de recursos financieros para engordar a medios con los que tiene complicidad, quise decir relación de publicidad.
La sociedad colimense en la actual circunstancia de pandemia por el Covid-19, agrava su dinámica económica y social. Se siente el peso de las disposiciones por confinamiento. La gran mayoría de personas no salen a trabajar; los negocios están cerrados, y en el desamparo sus empleados. Hay pues, un panorama desolador que, sin embargo, era previsible, y obligaba a autoridades de los tres ámbitos, a tomar las medidas respectivas. Tanto para cuidar del trabajo en su nómina burocrática, como promover a nivel de gobiernos estatales, acciones y medidas solidarias con la población.
Nada ha ocurrido, sin embargo, de acuerdo a las verdaderas necesidades de la sociedad colimense y sus sectores económico y social; es decir, el gobierno estatal ha actuado en forma ciega, manca, muda y sorda frente a los problemas de la pandemia, salvo ordenar a su titular de Salud -por cierto, un coto de poder gracioso hacia Mario Delgado Carrillo- que salga a dar cuenta de cómo se incrementan los contagios.
Pero no ha habido medidas estructurales, que solo requieren de voluntad, de ganas de ser solidario con el pueblo, como lo viene haciendo la alcaldesa Griselda Martínez y acaso otro alcalde.
Al contrario Ignacio Peralta Sánchez, mal educado en las recetas y teorías económicas, que han dañado a Colima y al país entero hasta antes de que llegara un gobierno diferente; en lo único que se ocupa, es en andar como, orquestando agitaciones separatistas de la cultura fiscal federal, con otros gobernadorcillos iguales de torpes en gobernabilidad. Se queja Ignacio Peralta de que no hay presupuesto, y en ello miente; pues la federación le ha enviado al estado un incremento del 17 por ciento al año pasado, según estimaciones de diputados de oposición.
Para que se vea su indolencia frente a las graves consecuencias que enfrentan sectores de la población, hay que revisar el trato que su gobierno fifí o neoliberal, que tiene el sello de envasado de origen por influencias de su amiguis, el defenestrado y huidizo, Luis Videgaray; le ha dado a los trabajadores. Al comienzo de su fracasado gobierno, que se encuentra referenciado en el último lugar o casi de las valuaciones; Peralta despidió a cientos de trabajadores de distintas áreas, descabezando toda la administración, pues era la fuerza laboral que sostenía las acciones del deficiente gobierno.
Hay una acción reprobable que agravó, lejos de soliviantarla, la situación de decenas de familias a cuyos jefes y jefas, les quitó el sueldo de la manera más ruin y miserable, influenciado por sus funcionarios de su propia calaña o perfumitos, como lo son los juniors que ocupan sus cargos para medrar en la tesorería y en la administración, donde con ellos conforma una triada pestífera sobre la sanidad del gobierno estatal.
Por eso es que, y aquí volvemos a los señalamientos de la indolencia del gobernador frente al tratamiento de la pandemia en términos de repercusión social y económica y del trabajo; al recordar el decreto 269 aprobado por el Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, el 8 de abril pasado; y que el gobernador no ha respetado. En dicho decreto se señala que no se deberían rescindir relaciones laborales en el tiempo crítico de la situación de pandemia; lo que también abarca a los Ayuntamientos.
Sin embargo, el gobernador Ignacio Peralta, no ha hecho caso a este decreto, es decir, a pesar de que con toda claridad se señala que no ha lugar a andar despidiendo y mandar al desamparo a cientos de familias, cuyos jefes o jefas se desempeñaban con eficiencia y eficacia en las dependencias estatales; atentando contra la dignidad y los derechos fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores ,en el contexto de la pandemia, lanzó la guillotina contra los trabajadores, que ahora exigen la reinstalación. Y que han demandado al Gobierno del Estado por tan criminal fechoría administrativa en contra de las fuentes de trabajo con que decenas de familias se ganan el sustento.
A parte de una decisión dolosa, carente de sensibilidad social, y que no atiende la situación de emergencia que vive la sociedad colimense por la pandemia; tal despido también es una muestra de la incapacidad de administrar, y una prueba elocuente de corrupción pública. Pues es claro que en este contexto de emergencia, hay facultades del ejecutivo para ajustar el presupuesto y no dañar a quienes dependen de su fuente de trabajo. Dos aspectos debieron analizarse antes de que se despidiera a las personas, y son, las del ajuste presupuestal, reduciendo, por ejemplo viajecitos de golfos del gabinete, compra de otros servicios, etcétera; como de reducir también el gasto de Comunicación Social.
El rubro de la Comunicación Social, es un expediente sumamente delicado y visiblemente una muestra de corrupción. Más de cincuenta millones de pesos, ha gastado superfluamente el gobierno de Ignacio Peralta para desviar gastos y comprar una imagen que de nada le ha servido, por lo que se sospecha de contubernio, corrupción o alguna estrategia corruptil.
Si atendemos a los análisis periodísticos contundentes, como de Avanzada; y a los señalamientos parlamentarios sobre el manejo de los recursos financieros destinados a inflar medios; el gobierno de Ignacio Peralta deberá enfrenar aquí un verdadero juicio con, incluso, responsabilidades de penalidad pública.
Esos más de 50 millones de pesos en gastos mediáticos, podrían cubrir los sueldos de las trabajadoras y los trabajadores que en el contexto de la pandemia fueron echados al desamparo, perdiendo sus fuentes de ingresos. Pero, en vez de cubrir el sueldo laboral de los cientos de personas despedidas al inicio de su mal gobierno, y luego las decenas despedidas en plena pandemia; decidió apoyar a sus tíos en los medios de su propiedad, y a otros medios cuyo historial y la crítica en este sentido, es del dominio público.
Es verdaderamente la suya una actitud indolente, que refleja carencia de sentido social, que muestra incapacidad administrativa. Parece que no tiene asesores, o que no les hace caso, más que a Moreno Peña y a su tío director de un periódico. Es una pena que el secretario general de gobierno, el profesor Arnoldo Ocho González, no le presente una tarjeta con un proyecto de solución para que reinstale a las y los trabajadores despedidos en la tormenta de la pandemia.
PUNTO Y RAYA
LOCHO, ENEMIGO DE LAS FIESTAS DEL PUEBLO
Oportunista convenenciero, a quien sus últimas imprudencias le han salido en contra; el alcalde de Colima, parece que odia los festejos populares, y gustoso, parece encontrarse muy a gusto del lado negativo de la pandemia que padece el pueblo de Colima.
Fue de los primeros alcaldes mitoteros que se alebrestaron ante una declaración pandémica, cuando aún no hacia foco a la región del occidente de México; pero, para sacar tajada de oportunista, se sumó al gobernador de Jalisco, llevándose ambos entre sus ímpetus protagonistas al gobernador de Colima, Ignacio Peralta, ahora pastor de Locho. Si se recuerda, se adelantaron, cuando aún no era tiempo, al confinamiento y al cierre de la economía de restaurantes y comercios, con tan graves consecuencias, que ahora mismo los empresarios se lo echan en cara.
Luego vinieron las sanitizacones escenográficas del alcalde Leoncio en plazas y mercados, con también graves consecuencias tóxicas, en alguna medida, y lo señaló la Organización Mundial de la Salud, que estas no tienen utilidad y sí son contaminantes.
Pero, volviendo al protagonismo del alcalde de Colima, que se acelera como los trompos, mientras la criminalidad, los servicios y las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, se agravan; ahora dice que la feria de Colima no debe llevarse a cabo. Esta declaración amerita una respuesta contundente del rector del organismo encargado de ella, el profesor Petronilo Vázquez Vuelvas. Cuando menos para detener ese ímpetu protagonista del alcalde, que así quiere llamar la atención.
Claro que hay que analizar el hecho, pero el alcalde no tiene vela en el entierro, para decidir algo, si más bien es un enemigo de los festejos del pueblo colimense, como se comprobó cuando, efectivamente, a regañadientes pudo desarrollar un pobre Festival del Volcán, que fue un asco, si se compara con la gran organización que la administración anterior desplegó.
Y respecto a la Feria de Colima, también el alcalde Leoncio, pretende convertirla en arena para pelear con los otros organizadores institucionales el desarrollo o no de este magno festejo. No le haya la redondez al círculo ni la cuadratura al cuadrado este alcalde Leoncio.
¡Hasta la próxima!