“Cartuchos quemados”, así llaman los columnistas y entre la clase política a la nueva estructura directiva del PRI estatal. Pero José Manuel Romero Coello tiene sus razones para rodearse de semejante “cuadro de profesionales”, listo “para empezar a preparar la elección del 2021”; sus propios motivos para hacerse con un “equipo” de tanto “talento” (esos fueron los términos usados en el comunicado oficial):
Un hombre que ya está en sus cuatro décadas (nació en 1981) y es “la amalgama perfecta entre experiencia y juventud”, como dijera Arjona, necesita de colaboradores que puedan comunicarse con una militancia mayoritariamente madura.
Me pregunto si los priistas más jóvenes son de la generación de la nueva encargada de la Secretaría de Comunicación Institucional, Norma ‘Nana’ Silva Preciado.
Pero es otro el propósito de convocar a priistas aparentemente ya jubilados (“en política no te metes, te meten; y no te sales, te sacan”, decía otro clásico): impedir que se vayan a otro partido.
QUÉDATE EN CASA
Como especie, el político mexicano ha demostrado una capacidad enorme de reiventarse a partir de una decisión personalísima: cambiar de partido.
El tabú que implicaba la ideología se rompe cuando, un instituto político como el PRI, hace tiempo que contrarió la doctrina fundacional del nacionalismo revolucionario y se convirtió en una maquinaria al servicio de la política neoliberal.
Hasta el priista más comprometido con los documentos básicos (que, por lo demás, fueron oportunamente reescritos) entiende la necesidad de un pragmatismo. Y lo que quiere Romero Coello es impedir que la sangría continúe.
Algunos de los secretarios del nuevo comité directivo estatal se acercaron en su momento a otros partidos, específicamente a Morena cuando el triunfo de López Obrador en la elección presidencial se hizo inminente.
No es un secreto que Leoncio Morán ha estado reclutando a priistas que se sienten incomprendidos, con la promesa de postularlos a una alcaldía o diputación local por Movimiento Ciudadano.
Y tampoco es un arcano que entre los operadores del dirigente estatal del Verde, Virgilio Mendoza, ahora en la búsqueda de la candidatura a gobernador por la coalición cuatroteísta, hay muchos priistas.
Otorgar responsabilidades a liderazgos natos, morales, generacionales, sectoriales o territoriales, es la única manera que tiene Romero de mantener intacto el voto duro del PRI, calculado en 80 mil electores.
FMP HASTA ARRIBA
Bajo la directriz del delegado regional del CEN, el exgobernador Fernando Moreno Peña, y la supervisión del delegado del comité ejecutivo nacional en Colima, Antonio Lugo Morales, los cuadros distinguidos que acompañarán a José Manuel Romero y a la secretaria general del CDE, Betzaida Pinzón Carreto, a mantener vivo y actuante al PRI, son:
Arturo Díaz Rivera como secretario adjunto de Presidencia (un cargo que a nivel local no es muy usual pero que es el mismo que en el nacional tiene Arnoldo Ochoa, si es que eso significa algo) y Carlos Cruz Mendoza como secretario de Operación Política.
Bibiana Fonseca Martínez será la secretaria de Organización, un cargo que tradicionalmente es tercero en el organigrama pero ahora queda, quizá con la misma joda de antes, por debajo en jerarquía de los que ostentan el exprocurador estatal y el exsecretario de Educación.
Nombraron a Alejandro Vergara Mendoza como secretario de Acción Electoral, Sharon Berenice Robles Lima como secretaria de Finanzas, Gibrán Bohórquez León como secretario Jurídico y de Transparencia, Teresa Santana Blake como secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil y Zahira Vanessa Hernández Cruz en la secretaría de Vinculación con las Instituciones de Educación.
Un infaltable en la estructura directiva del PRI, José Antonio Orozco Sandoval, será el presidente del Comité de Reconstrucción y Movilidad. Mientras Mercedes Arévalos Vallejo (gente cercana a Romero) va a la Secretaría del Deporte.
El regidor Héctor Magaña Lara coordinará el enlace con los ediles priistas, pero nombraron al ex alcalde capitalino y exdiputado local Arturo Velasco Villa secretario de Vinculación Legislativa. Curiosamente, no llamaron a ninguno de los tres congresistas que el tricolor tiene en esta legislatura local.
Dulce María Montes Salas queda en la Secretaría de Vinculación con Puertos Marítimos, Pedro Martínez Rivera en la de Medio Ambiente y, como secretario de Atención al Transporte y Movilidad (acaso con la encomienda de combatir a los mototaxis), Alberto Medina Urgell.
CONCILIACIÓN O RECHAZO
La iniciativa presentada por el gobernador Ignacio Peralta el 4 de agosto de 2020, para hacer obligatorio en Colima el uso del cubrebocas so pena de sanción administrativa (multa por más de 40 mil pesos), pone en jaque a las distintas fracciones en las que se pulverizó la mayoría que consiguió la coalición Juntos Haremos Historia, en la elección de diputados locales de 2018.
Mientras el nuevo presidente de la Comisión de Gobierno Interno, Carlos César Farías, nos dijo en #CarvajalBerberAlAire que “dentro de esta pandemia toda propuesta es bienvenida y debe ser analizada”, su compañera en el Partido del Trabajo, Ana Karen Hernández Aceves, señaló en el mismo espacio que “las multas serían un atropello para los bolsillos de quienes buscan el sustento personal o familiar”.
Farías aclaró que las críticas a la iniciativa “se enfocaron a las sanciones”. Y aunque él no está de acuerdo con infraccionar a quienes no obedezcan, “se debe socializar la propuesta, que se comprenda, que no se use el cubrebocas en todos los lugares, ni a todas horas, sólo donde hay cierto contacto con las personas”.
Según el coordinador de los diputados petistas, la iniciativa del Ejecutivo ha tenido una mala percepción, pues en la actualidad, “todos usamos el cubrebocas en lugares donde hay cierta cantidad de personas. Sabemos que al hablar se arroja algún tipo de aerosol, y con cubrebocas eso no pasa a mayores”.
Por eso pidió analizar la iniciativa y plantear “agregados a la propia ley, porque carece de las medidas preventivas que la gente debe hacer en casa”.
LEY CUBREBOCAS
La posición conciliadora del diputado Farías busca aparentemente que se apruebe la Ley Cubrebocas. Pero eso choca con la línea presidencial que el miércoles 12 de agosto expresó, en la conferencia de Salud en Palacio Nacional, el subsecretario Hugo López-Gatell.
Luego que una reportera le preguntara en la mañanera de ese mismo día al presidente López Obrador: ‘¿Usted por qué no usa el cubrebocas?’, el mandatario le encomendó a López-Gatell aclarar esas dudas legítimas. Y lo que hizo el funcionario fue retomar fragmentos de las varias veces que ha usado la vespertina para explicar los pros y contras de usar cubrebocas, la pertinencia o irrelavancia del utencilio.
El Subsecretario aprovechó el viaje para fijar postura ante ocurrencias como la que tuvo el gobernador de Colima. El cubrebocas, dijo, “es una medida auxiliar” que sirve “para interferir con la salida pero no con la llegada”. No sustituye otras medidas, como el lavado de manos, proteger el estornudo, la sana distancia o quedarse en casa si se tienen síntomas.
Sin embargo, comentó López-Gatell, “no sé exactamente qué día” el Congreso del estado libre y soberano de Colima recibió “una iniciativa de ley para establecer el uso obligatorio del cubrebocas”. La propuesta del Ejecutivo considera una sanción de “más de 40 mil pesos de multa” al ciudadano que no porte el cubrebocas.
La misma periodista que cuestionó a López Obrador porque no usa cubrebocas en la mañanera, le preguntó por qué no “hacíamos obligatorio el uso de cubrebocas [como pretenden en Colima], y el presidente públicamente me encargó la misión de volverlo a explicar”.
Las medidas de control epidémico para SARS-CoV-2 que el Gobierno de México dispuso “fueron cuidadosamente analizadas para que, al tiempo que fueran útiles” ya sea por su carácter masivo o instrumental dirigido a la contención, garanticen el respeto a los derechos humanos, enfatizó López-Gatell.
ACUÉRDENSE DE GIOVANNI
Desde los acuerdos secretariales para establecer la Jornada de Sana Distancia, se estableció que todas las medidas se deben hacer con estricto apego al respeto de los derechos humanos.
“Ya vivimos una situación en un estado en particular [se refería a Jalisco] donde hubo un operativo local que llevó a una muy lamentable -como lo son todas- defunción de una persona por abuso de la fuerza pública”.
Recordemos que la autoridad municipal de Ixtlahuacán de los Mebrillos invocó, como justificación ante el abuso policial, que Giovanni López no cumplió una disposición legal de carácter local: el uso de cubrebocas.
Y ahora que Colima se apresta a discutir sobre el uso obligatorio de cubrebocas, aunque “respetamos la soberanía del estado de Colima” la opinión del Gobierno de México es que las medidas de control sanitario no pueden hacer responsable a una persona de lo que puede pasarle a 127 millones de habitantes.
“Cuando se hace responsable a una persona de lo que le ocurre a los demás con un carácter obligatorio, se establece coerción por parte de la fuerza del Estado. No necesariamente la fuerza pública, la policía o algún otro cuerpo de seguridad; pueden ser sanciones administrativas como una multa de más de 40 mil pesos.
“Eso, en un país que ha sido asolado por abusos de autoridad, por actos de violación de los derechos humanos, por una violencia social muy lamentable, puede resultar en el enorme riesgo de que se vuelvan a abusar de los derechos humanos”, explicó López-Gatell.
Antes, el Subsecretario había advertido que, “en su momento, se tendrá que analizar si es o no competencia de una autoridad local una disposición que pudiera enmarcarse en el contexto de medidas extraordinarias de salubridad general”, tales como el título 10º en la Ley General de Salud.
PARA NO ESTIGMATIZAR
En resumen, amén de incorporar la perspectiva de los derechos humanos al tema de salud, en México las medidas ante la pandemia no fueran destinadas al ciudadano sino a los factores estructurales.
Como la gente sale de casa para conseguir alimento o el sustento diario, para trabajar, estudiar y recrearse, lo que se hizo fue cerrar escuelas de todos los niveles y centros de trabajo no esenciales, clausurar temporalmente actividades administrativas y espacios de convivencia.
En cinco meses “logramos disminuir” la movilidad en espacios públicos y, con ello, los contagios. Se aplanó la curva: “no se saturan los hospitales y evitamos muertes prevenibles”.
“Esa es la lógica”, insistió López-Gatell. “El cubrebocas es una medida de uso personal y si se impone como una disposición obligatoria, en vez de una recomendación, hay un riesgo importante de que se cometan abusos”.
Olvidar que es una medida auxiliar (y convertir al cubrebocas en fetiche, añadiría yo), conlleva el riesgo de que los ciudadanos “se culpen mutuamente”. Que pensemos que que si el otro no usa cubrebocas, es un riesgo para mí. Y volvamos a actitudes defensivas (como cuando la epidemia de VIH-SIDA) que podrían desembocar en la estigmatización y agresión a quienes, por la causa que sea, no usan cubrebocas.
Los diputados que le deben su curul a López Obrador tienen que decidir si acatarán los lineamientos técnicos de los funcionarios de la Cuarta Transformación, o secundarán las intenciones políticas del gobernador de Colima que, por necedad, quiere ganarle al Presidente el debate sobre el uso del cubrebocas.
Los lopezobradoristas ya dieron un primer paso en la comisión de Puntos Constitucionales al eliminar el tema de las multas. Ahora, deben terminar de batear la iniciativa por demagógica.
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