Simplemente no respeta el derecho a la presunción de inocencia la denuncia que el dirigente estatal del PRI, Arnoldo Ochoa González, presentó en contra de Indira Vizcaíno Silva ante la Fiscalía General de la República, el Fiscal Anticorrupción del Estado de Colima y el Instituto Electoral del Estado.
Ante la FGR es “por los delitos de robo de medicamentos y encubrimiento”. Pero, mientras asume la culpabilidad de Indira, el comunicado del tricolor describe como “posible” la “participación en los hechos motivo de la denuncia” del delegado del IMSS, Edgar Javan Vargas, y del médico Ugo Mendoza Aguilar.
En cambio, es contra los tres la denuncia “por los delitos de corrupción y peculado” ante el fiscal anticorrupción Héctor Francisco Álvarez de la Paz. Mientras que, en la denuncia ante el IEE “por actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos”, el PRI sólo pide que sea sancionada la precandidata.
Aunque el tricolor afirma que las denuncias pueden tener un impacto de tipo político, en realidad se buscan las consecuencias jurídicas. Los priistas no ocultan la intención de acabar con las aspiraciones electorales de Vizcaíno, y tienen como plazo para impedir que sea confirmada candidata hasta principios de marzo.
La estridente denuncia revela que la confrontación electoral en Colima, además de política y jurídica, será extrajudicial. Lo que hicieron con el tema de Altozano –construir en el discurso la supuesta certeza de una irregularidad–, lo quieren hacer ahora con las medicinas donadas al IMSS por un médico colimense.
Sin embargo, como estableció la delegación del IMSS en un comunicado, la donación de “30 cajas de norepinefrina (4 mg, caja con 50 ampolletas de 4ml c/u), se recibió en apego a los lineamientos respectivos. Son un total de mil 500 ámpulas, lote número 2006136 y caducidad a junio de 2022”.
El donante, Ugo Mendoza Aguilar, “acreditó fehacientemente la propiedad de los bienes donados mediante Certificado Digital Fiscal por Internet (CFDI), el cual fue validado ante la página del Servicio de Administración Tributaria, en el cual se describe el producto, lote, laboratorio y caducidad, los cuales coinciden con los bienes que fueron recibidos”.
EL PODER DE SU FIRMA
Ya hemos dicho cómo las bases de licitación obligan a los proveedores que participan en la elaboración de medicamentos con clave de las instituciones públicas, a imprimir en los empaques la leyenda: “Propiedad del Sector Salud”.
Y señalamos que organismos como el Seguro Social sólo pueden recibir medicamentos, hayan sido adquiridos con recursos públicos o donados por particulares, que cumplan estas especificaciones.
Es improbable, entonces, que las cajas hayan salido de los almacenes del IMSS para simular la donación como asegura el PRI. Por mera falta de evidencia, el asunto no prosperaría en un juicio. Otra cosa es que haya instancias que se presten a mantener viva la denuncia como una forma de intromisión en el proceso electoral, lo cual tendría que ser sancionado severamente.
El único pecado de Ugo Mendoza es haber invitado a Indira a atestiguar la entrega de los insumos. Por ese motivo el médico estético ha recibido presiones, notoriamente, de especialistas en cirugía plástica. Buscan inhibir una declaración pública y la presentación de los documentos que acreditan la legalidad de la donación, porque eso desarmaría la especulación del PRI.
Bajo la batuta del Güero Ochoa, experto en guerra sucia, propaganda negra y alquimia electoral, el PRIAN está prefabricando una narrativa a desarrollar a lo largo de la campaña, centrada en la presunción de culpabilidad de Indira.
Sin embargo, aun contando con la eventual complicidad de fiscales o consejeros electorales, lo que falla en la estrategia prianista es querer usar a Arnoldo Ochoa como denunciante. Tal vez no les quedó otra, agotada la carta de Claudia Yáñez que fue el caballito de batalla en contra de Vizcaíno Silva.
El error es que alguien con tan poca autoridad moral como AOG haga la denuncia. Hubiera tenido más credibilidad cualquier otro funcionario del partido. Nada más la gente cercana al presidente del PRI estatal, acumularía años de cárcel si fueran juzgados por los delitos cometidos.
Es paradójico que, mientras Ochoa González presentaba su denuncia contra Indira, en una de las salas de juicio oral se desahogaba una audiencia sobre el litigio por el despojo al señor Javier Osorio de una propiedad en Las Ánimas. Y entre las pruebas presentadas en contra de Arnoldo Ochoa, figuran periciales en grafoscopía que comprueban la falsificación de la firma de Salvador Solís, anterior propietario de esas tierras.
Para la fecha de la supuesta signatura en favor de Ochoa González, Solís ya suscribía de puño y letra de manera distinta. Precisamente por lo fácil que era escanear la firma a partir de documentos oficiales, don Salvador habría cambiado su autógrafo respecto a como rubricaba papeles siendo alcalde de Tecomán.
EXPEDIENTE MUY GORDO
Más que inventar conspiraciones sobre donaciones al IMSS, Arnoldo Ochoa debería aclarar las razones del atentado que sufrió por la calzada Galván, cuando la persecución terminó en una casa de la colonia San Pablo.
Siendo Arnoldo Ochoa secretario general de Gobierno, se dieron en el estado incontables crímenes políticos, nunca resueltos, como el levantón y posterior homicidio de una diputada de la actual Legislatura local, cuya sustitución casualmente fue determinante para la correlación de fuerzas al interior del Congreso.
Siendo AOG responsable de la política interior en el gobierno de Ignacio Peralta, se dieron los hallazgos de fosas clandestinas, el atentado contra la alcaldesa de Manzanillo, la ejecución de Crispín Gutiérrez y los asesinatos de un regidor electo en Armería y de otro en funciones en Tecomán, donde también ultimaron a un fiscal especializado en narcomenudeo.
Por congruencia, políticos como el dirigente estatal del PRI no deberían hacer denuncias sobre corrupción, robo o abuso de confianza; probables delitos a los que habría que sumar violencia de género y usurpación de profesión. La lista de asuntos turbios en los que se ha visto involucrado es tan larga, que el expediente sería tres veces más gordo al que presentó contra la precandidata de Morena.
Quienes lo conocen no se sorprenden por la manera en que la llegada de Arnoldo Ochoa al PRI estatal viene a endurecer la confrontación política. Nada más la insostenible denuncia por el tema de las medicinas donadas al IMSS, indica el tono que adquirirá la competencia electoral.
HIREPAN ENTRA AL RUEDO
La candidata de Morena tendrá que estar muy atenta a la forma en que evoluciona la violencia política porque, una vez que resulten improcedentes las denuncias, buscarán estrategias menos legales. Los operadores del PRI recurrirán a esos métodos a los que están acostumbrados desde su lejana juventud.
Ocupada en posicionar su plataforma electoral, Indira no va a tener tiempo de contestar a todas las bolas de lodo que le lancen. Alguien tendrá que hacer labor de contención y ya está visto que será el delegado nacional de Morena en Colima, Hirepan Maya Martínez, porque el dirigente estatal del partido, Sergio Jiménez Bojado, ni tiene capacidad ni es confiable.
Para Hirepan, las denuncias derivadas de la donación de medicamentos por parte de un particular al IMSS son sólo una cortina de humo. El delegado afirmó que en Morena no hay temor a investigaciones legales porque no hay delitos qué perseguir. Sin embargo, advirtió, habría que cuestionar si la administración priista pasará la prueba de la transparencia al término de su administración.
Y esa flecha vuelve a alcanzar a Arnoldo Ochoa. En el recuento de su paso por el servicio público, está el tema de los dos créditos. El que recibió junto con el gobernador interino Ramón Pérez Díaz y, el segundo, cuya aprobación consiguió mediante una operación de hostigamiento político para presionar a los diputados.
El pasado de Arnoldo Ochoa, pues, le pisa los talones. Como gobernador interino a la muerte de Gustavo Vázquez, no dudó en hacer una interpretación dolosa de la bitácora de mantenimiento del avión para encubrir responsabilidades. Un tema que detallaremos en próximas entregas.
SINCRONIZACIÓN PERFECTA
Quien no dudó en comprar la versión priista y ofrecerse como caballito de Troya para colar el tema de las medicinas al campo de la izquierda, fue el diputado Carlos César Farías Ramos.
Como presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, el petista señaló en tribuna que “se donó medicamentos propiedad del sector salud”. Y aventuró que hubo “robo o algún acto de corrupción como es peculado o desvío de recursos públicos”.
Farías no logró convencer ni a todos los diputados del Tumor. Con 10 votos en contra, la Legislatura desechó el exhorto que presentó para que la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública inicien una investigación que deslinde responsabilidades en la donación de medicamentos al IMSS.
Considerando que sólo le quedan seis votos a la bancada morenista, eso significa que cuatro de los diputados que se sumaron a la mayoría oficialista tampoco le compraron a Farías la idea de denunciar a Indira ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales “por simular actos de altruismo con medicamentos públicos, a través de terceras personas y en contubernio con funcionarios federales como es el delegado del IMSS en Colima”.
Más que la aprobación a su exhorto, Farías buscaba instalar en el discurso político la percepción de que se está haciendo “lucro político” con la pandemia, y que Indira pretende violentar “el principio de equidad en la contienda”. Como sentenció el diputado, la propuesta fue rechazada pero “se mantiene la sospecha de corrupción”.
¿CON MARIO O CON AMLO?
En paralelo a su propuesta en la tribuna legislativa, en redes sociales Farías hizo un deslinde de sus antiguos aliados. Sin embargo, lo que dice en su perfil de Facebook de los morenistas, lo pinta de cuerpo entero. Parece más una descripción de sí mismo que una crítica a quienes fueron sus compañeros de viaje en 2018.
Como alfil del viejo régimen en la entidad, Farías postergó la rueda de prensa en la que iba a anunciar que vino una comisión de la Fiscalía General de la República (FGR) a investigar la aplicación del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” en el Congreso del Estado, para no robar cámara a la denuncia que presentó Arnoldo Ochoa.
Lo que no entiende Farías es que no se puede ser, al mismo tiempo, cuadro de Mario Anguiano y seguidor de López Obrador. El coordinador de la bancada del PT es, en ese sentido, un personaje a la altura de Guillermo Toscano. Pese al cargo de presidente de la Comisión de Gobierno Interno con el que ambos fueron premiados sucesivamente, como recompensa por haber traicionado a la bancada de la 4T, Farías siguió siendo una figura muy chiquita.
Como Toscano, Carlos César es la constatación de la fuerza política que tienen los caciques. Para demostrar que ellos mandan, imponen personajes en los cargos más importantes sin importar si tienen o no capacidad.
Para esconder que estaba actuando en combinación con el PRI, Farías reprochó la falta de congruencia del tricolor para acusar a Indira, obviamente después de aplaudir la decisión de las cúpulas de la coalición “Vamos por Colima” (PRI-PAN-PRD) de denunciarla por la donación de medicamentos al sector salud.
Para ser congruentes, dijo Farías, el PRIAN debe resolver el desfalco existente al interior del Revolucionario Institucional por más de 20 millones de pesos. Esos recursos públicos fueron utilizados para la construcción de la sede estatal de este instituto político, edificio que no fue concluido y del cual “sólo se encuentran fierros que se están enmoheciendo y afean el Camino Real de la ciudad”.
En realidad, Farías citó el tema del edificio del PRI porque apunta a la gestión de Rogelio Rueda como dirigente estatal de ese partido. El tiro lleva dedicatoria al hoy notario y diputado local con licencia, a quien la narrativa prianista atribuye cierta simpatía con el proyecto político de Indira Vizcaíno. Lo que olvidó decir el petista es que, por aquellos días, el máximo líder del priismo colimense era el gobernador en turno, el mismo a quien con toda admiración y orgullo llama consuegro.