Aunque en la emisión del 17 de marzo de 2022 de Puntos y Comas el tema central era la vinculación a proceso de la alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cueva, y la detención del exgobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez ‘El Bronco’, en esa mesa de análisis en Los Periodistas donde participan Violeta Vázquez-Rojas, Pedro Mellado y Jorge Zepeda Patterson se abordaron otros temas de la relación prensa-poder.
De entrada, la lingüista Vázquez-Rojas señaló: lo que dijo Cueva en una entrevista en el sentido que Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum desaparecen y matan periodistas, “es una mentira del tamaño de una catedral”.
Más tarde los panelistas se centraron en la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor del periodista Sergio Aguayo y en contra del político Humberto Moreira, dedicando varios minutos a analizar los asesinatos de periodistas en México. Por esos días acababa de ocurrir el octavo crimen contra un comunicador en lo que iba de 2022.
Para los anfitriones, Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, esta resolución de la Corte habría sido impensable hace pocos años. También los invitados celebraron que el poder judicial haya protegido los derechos de Sergio Aguayo, quien había sido condenado a pagar 10 millones de pesos como compensación a Humberto Moreira por el supuesto daño moral que sufrió el exgobernador de Coahuila por una crítica que el periodista le hizo.
Jorge Zepeda Patterson felicitó francamente a Aguayo “porque, dado que los procesos judiciales en este país se siguen esencialmente por correlación de fuerzas políticas, qué bueno para Sergio que ya no está gobernando el PRI porque el sistema de justicia no lo habría exonerado. Si en el sexenio anterior el Ejecutivo no le hubiere dado el espaldarazo a Moreira en esta demanda absurda contra un periodista, el asunto no se habría abierto camino en dos instancias judiciales”.
“Es lastimoso que se abriera el caso por un comentario en una columna que cualquiera de nosotros pudo haber hecho, pues era sobre la fama pública de Humberto Moreira y la manera en que condujo los asuntos de la administración pública en la entidad que gobernó y dejó endeudada. Lo mismo dijimos otros 50 columnistas, pero Moreira utilizó toda la fuerza del aparato para una demanda que no debió ser recibida ni siquiera en una mesa del ministerio público. No obstante, a Aguayo le llevó seis años salir de eso. Es costumbre de algunos políticos escarmentar con un periodista algo que les irritó de la prensa”, comentó el periodista, novelista, analista político, economista y sociólogo mexicano.
POLÍTICOS SIGUEN MATANDO
“Por lo que toca a los asesinatos, verdaderamente se está convirtiendo en un problema no sólo político sino humano y profesional, que no sabemos a qué niveles pueda llegar”, señala Zepeda Patterson.
“López Obrador tiene que revisar dónde está parado y separar el tema de los periodistas asesinados de su diaria confrontación con la prensa nacional, que es básicamente prensa de la capital y algunos segmentos de la prensa corporativa con la cual yo tampoco coincidiría.”
Los asesinatos se dan en el marco de la hostilidad que recibe el ejercicio periodístico a lo largo del territorio, sobre todo de parte de los poderes locales. Sin embargo, la confrontación con la gran prensa a veces se mezcla y contamina el posicionamiento del presidente con respecto a la violencia contra periodistas. Ha llegado a decir que son apenas cinco periodistas asesinados frente a los ciudadanos que caen por decenas de miles en este país, lamentó el columnista de Milenio y articulista en El País.
“Eso fue tan desafortunado como decir que son víctimas del crimen organizado, cuando está absolutamente documentado por organizaciones nacionales e internacionales que más de la mitad de las agresiones proceden del aparato político; de hombres de poder que, amparados en la impunidad que se ejerce en contra de informadores profesionales violentados por el crimen organizado, imitan y acaban también amenazando, secuestrando y asesinando periodistas. Está suficientemente documentada esa situación como para que, a estas alturas, el presidente se confunda y, como es de esperarse, deje muy ofendido al gremio.
“Tanto la opinión pública como el propio presidente deben entender que no es que los periodistas sean especiales, o que la vida de un periodista valga más que las decenas de miles que son asesinados en México. Si alguno de nosotros somos asaltados en una esquina y terminamos siendo víctimas de un hecho violento, es una circunstancia trágica muy lamentable pero lo mismo vale para cualquier ciudadano de este país. Pero si el periodista es asesinado por su trabajo profesional, a quien se está dañando no es sólo a una persona.
“Se está dañando a la sociedad en su conjunto cuando se censura, limita y amenaza la posibilidad que tiene la gente de conocer la realidad. Un periodista asesinado implica la agresión a un profesional que tiene como tarea informar a la población de lo que está pasando. Y el daño a la sociedad es inmenso.
“El parangón se podría hacer con los jueces: ¿por qué matar a 6 o 7 jueces es grave cuando se matan a 100 mil personas por año en este país?, porque si los matan por haber dictado una sentencia severa contra un capo, basta eso para que nunca más podamos tener una sentencia con respecto al crimen organizado en un tribunal del poder judicial. En ambos casos se trata de profesionales que son violentados en razón de su ejercicio laboral y, en ese sentido, es un crimen para la sociedad en su conjunto absolutamente inadmisible”, sostiene Jorge Zepeda Patterson.
TRES PROFESIONES ESPECIALES
Para Violeta Vázquez-Rojas, en la misma categoría de los jueces están los defensores de los derechos humanos. No por nada entran en el mismo mecanismo de protección a los periodistas. Ambas son actividades especiales que no se pueden dejar de ejercer.
Algo falla en este mecanismo de protección: Armando Linares, el periodista asesinado en Michoacán, no se había adherido, pero su colega que fue abatido antes sí lo hizo y de nada le sirvió. Hay algo que disuade a ciertas personas a solicitar el apoyo, comenta la académica y periodista.
Un diagnóstico que en 2019 hizo el alto comisionado de derechos humanos de la ONU respecto al mecanismo, señala entre sus fortalezas que visibiliza el riesgo y eso ha permitido que varios periodistas sigan con vida, lo cual no es un logro menor. Pero también revela deficiencias, entre otras que el mecanismo operó entre 2014 y 2019 con 36 funcionarios. A cada uno le tocaba atender a 155 beneficiarios. Según el último reporte de enero, ahora hay más de mil 500 beneficiarios del mecanismo.
La gran responsabilidad es del gobierno federal que tiene la obligación de garantizar la vida de esas personas, pero falta una coordinación con los gobiernos estatales. Solamente seis estados cuentan con un mecanismo de protección.
Respecto al caso de Sergio Aguayo, Vázquez-Rojas recuerda que el juicio por la demanda original de Moreira la había ganado Aguayo, pero como perdió en la apelación recurrió al amparo que, afortunadamente, atrajo la Corte. Qué bueno que no tenga que pagarle a un potentado, pero la figura del daño moral es tan vaga que se ha usado para atentar contra la libertad de expresión, cuando ni siquiera es fácil determinar en qué momento se incurre en daño moral.
Otro de los problemas es que la indemnización queda a criterio del juez, pero siempre son compensaciones económicas altísimas para que tengan poder de disuasión como castigos ejemplares para que otras personas no incurran en daño moral. Es hora de que el Senado revise esa figura, sentencia Vázquez-Rojas.
DAÑO MORAL, CASTIGO INMORAL
Pedro Mellado agrega que el daño moral es una herramienta que, en la mayoría de los casos, se utiliza en casi todos los estados de la república para tratar de intimidar a los periodistas. Y todas siguen el mismo curso: si el periodista no pierde en la primera instancia ante un juzgado local, pierde la apelación ante un tribunal superior y, entonces, tiene que recurrir al amparo de la justicia federal para que ésta deje sin efecto la sentencia.
“Lo malo es que en casi en todos los estados existen cofradías y complicidades muy estrechas entre poderes formales y fácticos, como cuando en 2016 el diputado Enrique Aubry de Castro Palomino me demandó. Cuando mi expediente llegó al juez cuarto de lo civil, mis abogados me dijeron: vayámonos resignando porque ese juzgado tiene dueño, Raúl Padilla, muy amigo de Aubry. Nos fuimos a la segunda instancia y fue lo mismo, sólo que ahí la propiedad de los magistrados la compartían el cacique de la Universidad de Guadalajara y el papá del entonces gobernador Aristóteles Sandoval.
“Afortunadamente, en el análisis y la resolución de promociones de amparo de periodistas contra sentencias que pretenden sancionar el daño moral, hay un margen bastante amplio que nos permite confiar en que el Poder Judicial de la Federación tiene criterios específicos para determinar que el margen que tienen los periodistas para criticar a los hombres de la vida pública, a los políticos, es mucho más amplio que el de un ciudadano común en conflicto con otro ciudadano y en condición de iguales. El poder judicial todavía tiene un muro de contención sólido y con argumentos jurídicos claros para que los periodistas no tengan que pagar indemnizaciones millonarias a algunos fascinerosos de la política.
“En cuanto a los asesinatos de periodistas, hay dos cosas que no podemos ignorar. La organización gremial Artículo 19 documentó que entre 2010 y 2019, a pesar de que existe una fiscalía especial de delitos cometidos contra la libertad de expresión, el 99.13 por ciento de los atentados contra periodistas quedaron impunes. En ese mismo periodo, los principales agresores de periodistas fueron funcionarios públicos: mil 847 casos están documentados; en segundo lugar, muy lejos, figuran los agresores particulares con 660 casos.
“Aunque existan mecanismos de protección a los periodistas en manos del gobierno, mientras no exista una supervisión con capacidad de influir y determinar cosas en la que participen incluso los periodistas representados por sus colegas, y que ese mecanismo sea independiente de Gobernación o de cualquier otra secretaría de Estado, van a seguir agrediendo a periodistas y continuará altísimo el índice de impunidad en los casos de asesinato de periodistas. Mientras matar periodistas no signifique ir a la cárcel o sanciones enérgicas, habrá gente queriendo silenciarnos, en muchos casos incluso instigada por los políticos”, concluye Mellado.
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