El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Bernardo A. Salazar Santana, informó al pleno mediante oficio 1361/2022 que: “con relación a la licencia por un mes que me fuera otorgada… en sesión ordinaria celebrada el día 13 de julio del presente año, misma que surtiría efectos a partir del día de hoy lunes 01 de agosto de 2022; le hago mención que no haré uso de dicha licencia, por no serme necesario por el momento”.
“Sin embargo, anuncio que, de ser necesario, esta Presidencia se servirá de la habilitación que le fue autorizada a la Magistrada Leticia Chávez Ponce, para que funja como Presidenta Suplente del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado en el mes de agosto del presente año, con la finalidad de eventualmente atender cuestiones personales y de salud”.
Por lo que se deduce del documento, el estado de salud del magistrado presidente –que fue el pretexto para solicitar la licencia– no es tan grave como para impedirle desempeñar sus labores, al regreso de las vacaciones de verano que se tomó el Poder Judicial.
Con la salvedad de usarla en caso necesario –digamos, de una recaída–, Bernardo Salazar dice que ya no quiere la licencia. Pero el problema es que ésta ya fue acordada por el pleno, y no es a capricho que el presidente del Tribunal diga que siempre no. La decisión de concedérsela fue tomada y aprobada en una sesión que concluyó, y cuyos acuerdos Salazar Santana no puede cambiar.
La primera que tendría algo que opinar sería Leticia Chávez Ponce que, como es sabido, firmó documentos y convocó a jueces antes de entrar en vigor la licencia, por lo que se infiere que le emociona el cargo de presidenta.
Este oficio confirma que la convocatoria para la sesión ordinaria en la que Bernardo Salazar, sin enlistarlo en el orden del día, presentó dentro de asuntos generales su petición de licencia, sólo tuvo como propósito anticipar la elección de una nueva presidente del STJEC, proceso que deberá darse hasta los primeros quince días de noviembre.
De haberse consumado la elección adelantada, habría supuesto un golpe político por parte de aquellos magistrados identificados con el viejo régimen. Una asonada que tenía como objetivo sacar a los poderes Ejecutivo y Legislativo del proceso de designación de la nueva titular del Poder Judicial.
APARECIÓ SANO Y SALVO
Ya sin vocero (¿habrán surtido efectos en la pérdida de confianza las difamaciones que recibió el vicefiscal Joya?), el fiscal general del estado de Colima, Bryant Alejandro García Ramírez, informó este lunes que José Francisco Rodríguez Ballesteros nunca estuvo secuestrado ni fue privado ilegalmente de su libertad.
El ingeniero de 25 años había sido reportado como desaparecido el 27 de julio y, como parte de la exigencia para que las autoridades dieran con su paradero, algunos de sus familiares y amigos bloquearon la carretera Colima–Manzanillo.
Nuevamente, la vialidad en la zona metropolitana capitalina resultó caótica. Desde la primera manifestación por una causa similar (la privación ilegal de la libertad de dos mujeres que afortunadamente fueron rescatadas sanas y salvas) se vio que el cruce por la capital de los vehículos de carga en tránsito a Guadalajara, es el talón de Aquiles de la gobernabilidad en Colima.
“Queremos dejar en claro que, como los propios familiares del joven lo han compartido públicamente, José Francisco nunca estuvo secuestrado ni privado de su libertad o retenido ilegalmente por nadie. El joven se ausentó voluntariamente”, dijo el fiscal, describiendo una situación que avergonzó al padre de la presunta víctima y generó todo tipo de especulaciones y burlas en las redes sociales.
Sin aceptar preguntas, con su declaración Bryant García quiso zanjar el penoso incidente que no hizo sino revelar la poca credibilidad que tiene la Fiscalía. Pudo más el sospechosismo y las ganas de poner al gobierno de Indira Vizcaíno contra la pared, que el sentido común de algunos de los familiares de José Francisco para quienes las llamadas del ausente eran evidencia de que se encontraba bien, y no prueba de que lo tenían retenido contra su voluntad y lo obligaban a mentir, como pensaban aquellos de sus seres queridos que tomaron la carretera.
Según el fiscal especializado en Personas Desaparecidas, Héctor Peña Meza, el día que se denunció la desaparición de José Francisco se encontró la camioneta en el que el ingeniero se trasladaba, “debidamente estacionada y cerrada” sobre la calle Balvino Dávalos esquina con avenida Pino Suárez, en el centro de la ciudad de Colima.
Esa fiscalía especializada rastreó y geolocalizó tres llamadas de la presunta víctima a sus familiares desde números telefónicos diferentes, lo que obligó a prolongar el estatus de no localizado:
“Se inspeccionó equipo de cómputo personal y laboral del joven, se realizaron cinco operativos de inspecciones en hoteles, moteles y hostales en los municipios de Comala, Villa de Álvarez, Colima; y en coordinación con la comisión de Seguridad del estado de Jalisco y de las direcciones de Seguridad Pública de los municipios de Acatlán de Juárez y Zapotitlán de Vadillo, se replicó esta acción en los hoteles y hostales de dichos municipios”.
En fin, hubo todo un despliegue: 26 personas entrevistadas, 90 espacios inspeccionados, decenas de videos de cámaras de vigilancia revisados, 288 geolocalizaciones y el rastreo de retiros en cajeros automáticos de las cuentas de José Francisco. En otras palabras, miles de pesos del erario gastados en una acción innecesaria.
“Tras toda esta labor de inteligencia, se logró tener conocimiento de que el joven se encontraba en Atoyac, Jalisco. Posteriormente, en coordinación con la policía municipal de Atoyac, se logró localizar al joven el día 30 de julio y fue trasladado por agentes de esta Fiscalía hasta el estado de Colima”.
En esta columna no imaginamos el humor de quienes le practicaron los exámenes médicos, toxicológicos y de alcoholemia a José Francisco.
NO ES REGAÑO, PERO…
Si bien el domingo 31 de julio, un día después que se confirmó el hallazgo de Rodríguez Ballesteros, su padre se disculpó en un video subido a sus redes sociales por el bloqueo de la carretera, Bryant Alejandro García Ramírez quiso mostrarse ecuánime en su declaración:
“Aunque, obviamente, comprendemos la desesperación que pasa una familia cuando no localiza a uno de sus seres queridos, y que respetamos el derecho a la libertad de expresión y de manifestación, es importante también ser enfáticos en decir que el bloqueo de vialidades no contribuye a que las autoridades podamos darle resultados a la ciudadanía”.
En sus redes sociales, la gobernadora Indira Vizcaíno ya le había agradecido a los familiares de José Francisco “por su confianza en las autoridades”. Pero alguien de la administración morenista tenía que hacer el reproche, y esa tarea recayó en el fiscal general.
Desde nuestro punto de vista, el problema no es la presumible irresponsabilidad e insensibilidad social de los manifestantes en los dos casos, sino que las mismas autoridades hicieron patente su reacción hasta después de cada uno de los bloqueos. Lo que deja en el aire la duda respecto a si la fiscalía habría realizado operativos de esta magnitud sin la correspondiente presión social.
De las incontables desapariciones (en la modalidad extrajurídica de levantamiento que no son sino ejecuciones, formalmente homicidios diferidos con el agravante de tortura) que se han denunciado en los últimos meses ante el Ministerio Público, ¿en cuántas de ellas se habrá activado la maquinaria en la escala que se dio con José Francisco Rodríguez Ballesteros?
LA VERDAD DE LAS MENTIRAS
Luego del desmentido que el Gobierno del Estado hizo del supuesto oficio que la mandataria estatal aparentemente le manda a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pidiendo que –“derivado de la conversación telefónica que sostuvimos”– se investigue a una larga lista de exgobernadores, exfuncionarios públicos, políticos en activo, empresarios y periodistas, la gobernadora Indira Vizcaíno publicó un post diciendo:
“Definitivamente no, no es mi lista: hay nombres que no conozco, otros que yo no incluiría y varios más que le harían falta”.
Los que elaboraron la falsificación y armaron la estrategia de difusión, buscando amarrar navajas con ese supuesto oficio (y, por cierto también, con la publicación de la ficha de un funcionario universitario que también es, presuntamente, directivo de la Secretaría de Seguridad Pública), esperan –pero no solamente ellos– que Indira diga a quiénes no y a quiénes sí incluiría en la lista. Porque de que hace falta una investigación de inteligencia financiera en el estado de Colima, hace falta.
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