Apenas compensado por la inflación, el presupuesto ordinario de la Universidad de Colima ha sido el mismo desde hace una década en lo que supone a la aportación federal. Sin embargo, la contribución del gobierno del estado aumentó significativamente a la llegada de Indira Vizcaíno al poder.
Con esa salvedad, explicó el rector Christian Torres Zermeño en un encuentro con columnistas políticos la semana pasada, la UdeC recibe a valores actualizados los mismos recursos que hace diez años, pero con tres mil estudiantes más en la matrícula.
Para colmo, se fueron eliminando todas las bolsas extraordinarias para las universidades que, mediante concurso, significaban fondos para movilidad, construcción, equipamiento y capacitación de profesores. Hoy las universidades públicas sólo tienen el presupuesto ordinario federal y estatal, más los recursos propios que comprenden aquellos ingresos por colegiaturas y venta de servicios que, en el caso de la UdeC, son generalmente asesorías y no tanto productos tecnológicos o eventos.
El artículo 6to, fracción VIII de la Ley General de Educación Superior (LGES) publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de abril del 2021, establece “la eliminación progresiva por parte del Estado de los cobros producto de inscripción, reinscripción y cuotas escolares ordinarias, en los programas educativos de técnico superior universitario, licenciatura y posgrado, así como aquellas acciones para el fortalecimiento de la situación financiera de estas instituciones, derivado de la falta de ingresos por estos conceptos”, explica Mayra Paola Silva en un análisis que publicó en 2022 en el blog del CEAD.
Esta reforma, añade el rector de la UdeC, señala que para compensar lo que las universidades públicas dejarán de percibir por concepto de colegiaturas, debe operar un fondo federal. El problema es que hasta el momento no se han hecho aportaciones a ese fideicomiso, y difícilmente el Estado obligará a las universidades a no cobrar cuotas cuando todavía no existe el mecanismo para subsanar la pérdida.
EL IMPAGO DE NACHO
Torres Zermeño desglosó en números redondos el aumento estatal: si el presupuesto general se construye con base en la aportación federal que en 2023 fue de 1,900 millones de pesos, para el próximo año habría que sumarle un 4 o 5% de inflación, lo que podría suponer 1,950 mdp; y como ese dato mandata a la aportación estatal que, a su vez, debe ser proporcional a la federal, el compromiso del gobierno del estado para con la casa de estudios podría llegar a 538 mdp ya con el incremento por inflación.
En ese rango se debe firmar el convenio, pero no era lo acostumbrado en los sexenios anteriores. La administración de Ignacio Peralta nunca se firmó el convenio en los términos de la aportación proporcional. Es decir, en vez de comprometerse a aportar 534 mdp firmaba por menos, argumentando que la situación financiera del estado no le permitía cumplir su obligación. Digamos, retomando las cantidades actualizadas, que firmaba por 500 mdp. Y la Universidad aceptaba, pues sin convenio no llegaría tampoco la aportación federal.
El problema es que a la hora de enviar su propuesta de presupuesto general al Congreso, en esa partida el gobierno de JIPS solicitaba sólo 470 mdp, y ni siquiera ese dinero entregaba. En el mejor de los casos, lo hacía con retraso. Ya en el último año de su gestión, Peralta nada aportó a la Universidad como es sabido.
La diferencia con Indira es que ella sí firma los convenios en la cantidad que corresponde proporcionalmente a la aportación federal. Y cuando manda el presupuesto al Congreso, lo hace por 534 mdp y eso es lo que aprueba y se entregan.
Si bien es cierto que en este momento hay un retraso de tres meses, es un lapso convencional, reconoce el rector. El gasto público en Colima se ha venido colgando a partir de que Nacho Peralta terminó su gobierno con suspensión de pago en todos sus compromisos.
DOS UNIVERSIDADES MÁS
Con la aportación correcta y completa del presupuesto estatal, Indira honra su condición de egresada de la licenciatura en Derecho y la maestría en Derechos Humanos, marcando la diferencia con los gobiernos anteriores que trasladaron su responsabilidad al gobierno federal y se desentendieron de su obligación económica para con la universidad del estado. De paso, les tapa la boca a quienes presagiaron que la alternancia traería una embestida del nuevo partido gobernante contra la casa de estudios.
Es clara la contribución de la 4T a la educación superior en Colima. En este sexenio se han abierto dos instituciones públicas: la Universidad para el Bienestar ‘Benito Juárez’, campus Colima, en Armería, especializada en la formación de ingenieros en Acuicultura y Piscicultura; y la Universidad Intercultural de Colima, en Comala, enfocada a la formación de “profesionales sensibles a las desigualdades sociales y con sentido humanista, que promueven la transformación positiva de sus contextos”, como dice su página oficial.
Ambas son gratuitas, y aunque no faltan críticas –improcedentes para sendos proyectos que apenas van arrancando y que ni siquiera han producido su primera generación– están llamadas a cubrir una demanda específica y a diversificar la oferta profesional en la región.
Como señala el rector de la UdeC respecto al ritmo de los cambios que se deben hacer en una institución educativa, pero que se puede aplicar también a las dos nuevas universidades, el ciclo para ver resultados en un programa de licenciatura es de 4 o 5 años. Por eso el posgrado es la opción para ofrecer al mercado profesional un plan de estudios actualizado, porque duran menos y en dos años ya se ven los avances.
LA OFERTA ES VARIADA
Corresponde al Gobierno del Estado también el sostenimiento del ISENCO (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima ‘Profr. Gregorio Torres Quintero’), cuyos antecedentes se remontan a 1840 y donde hoy se imparte, en planteles que se reparten en tres municipios del estado, enseñanza magisterial: en el nivel medio superior, con capacitación para el trabajo en cuatro áreas pedagógicas; y, en licenciatura, con ocho especialidades en Educación.
A partes iguales con el gobierno federal, el estado asume la manutención de la Universidad Tecnológica de Manzanillo (UTeM) que, a 15 años de fundada, otorga ocho títulos distintos como técnico superior universitario, y de ingeniería o en su caso licenciatura en ocho carreras distintas.
La oferta de educación superior de Estado se complementa en la entidad con el Instituto Tecnológico de Colima, que ofrece 10 licenciaturas e ingenierías, además de dos maestrías. Fundado en 1976, al ITC tendremos que acostumbrarnos a llamarlo Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Colima, debido a que todos los tecnológicos regionales del país han sido integrados en un solo instituto.
Igualmente en terrenos de Villa de Álvarez funciona un campus de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), creada en 1978 con la finalidad de formar profesionales de la educación en licenciatura y posgrado, así como ofrecer diplomados y cursos de actualización docente, “para atender las necesidades del Sistema Educativo Nacional y de la sociedad mexicana en general”, como detalla su página web.
Y aunado a una red de bachilleratos técnicos agropecuarios (CBTA) o industriales y de servicios (CBTIS), funciona con tres planteles en el estado el Conalep (Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica), donde se forman profesionales técnicos y profesionales técnicos bachilleres que cursan siete programas educativos distintos.
Y SIN EMBARGO, LA UdeC
No obstante esta gama, la UdeC sigue siendo el referente estatal en educación superior. Con 66 licenciaturas y 48 programas de posgrado (especialidad, maestría y doctorado), 43 de ellos en el padrón nacional de calidad del Conacyt, la Ucol –como se le abrevia ahora– tiene el 75% de la matrícula en educación media superior y superior en el estado. Eso representa más de 15 mil alumnos en bachillerato, más de 14 mil en licenciatura y poco más de mil en posgrado.
Con el nacimiento de dos instituciones y el fortalecimiento de las existentes, las autoridades de la UdeC esperaban que la demanda se redistribuyera entre todas las universidades públicas del estado. Empero, el prestigio, la antigüedad, la diversificación de su oferta y la cobertura de la Universidad mantienen en muchos jóvenes la expectativa de estudiar en alguno de sus campus.
Es meritorio que en estados como Colima, muchas de esas instituciones privadas que nacieron para cubrir la demanda que las públicas dejaron de atender como resultado de la política neoliberal que frenó el crecimiento de las casas de estudios del Estado con el argumento de que el gigantismo menguaba la calidad, sean vistas en el mercado como ‘universidades patito’.
La aspiración de entrar a la universidad pública se explica por muchos factores, algunos de ellos negativos. Por ejemplo, la poca disposición que tienen hoy las familias de clase media a invertir el patrimonio que no tienen en la formación profesional de sus hijos, cuando incluso las carreras que mayor prestigio social revisten ya no son garantía de movilidad social. Ir a la universidad supone lamentablemente para muchos jóvenes de la actual generación una etapa más en la escolaridad, la continuación del bachillerato y casi nada más.
Durante tres décadas, el razonamiento de los tecnócratas en el sentido de que la universidad debe costar para que se valore, y que el acceso a una licenciatura debe restringirse para que los títulos no se devalúen en el mercado ocupacional, en realidad respondió a la intención de convertir la educación en un negocio privado.
El proyecto alternativo de nación plantea, por el contrario, ampliar la oferta educativa superior lo más posible. Y, como parte de esta política, la 4T exige a las universidades más fuertes de cada estado extender su cobertura. Sin embargo, en sus actuales condiciones presupuestales la UdeC sólo podría recibir mil 500 alumnos más en su modalidad presencial, sostiene el rector.
De cómo podría la UdeC responder a la demanda educativa sin ampliar sus instalaciones y sin aumentar su plantilla laboral, hablaremos en una siguiente entrega de esta columna.
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