LA INCONVENCIONAL

Los juzgadores que se oponen a la reforma judicial recurren a argumentaciones tan absurdas como decir que, con la renovación de los cargos de jueces, magistrados y ministros por elección popular, la mitad en 2025 y el resto en 2027, se están violando sus derechos humanos. Incluso, pidieron una audiencia en la Comisión Interamericana que, por lo demás, no tiene ninguna facultad para decirle al Estado mexicano cómo organizar a uno de sus poderes, dice Eduardo Andrade.

El jurista que estuvo como invitado en la emisión de El Chamuco TV[1], cuestionó a su compañero profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, José Luis González Alcántara Carrancá, porque cuando la presidencia de la Suprema Corte le turnó la consulta que hicieron un grupo de juzgadores, el ministro recibió el asunto a sabiendas de que, en primer lugar, dicho procedimiento no existe, y, en segundo, que el Poder Judicial no tiene facultades para revisar una iniciativa de reforma que presentó el Poder Ejecutivo ni para decirle al Poder Legislativo que la iniciativa no es correcta.

De entrada, la presidenta de la Corte, Norma Piña, debió haber declarado improcedente la petición. Ya que los demandantes no tenían legitimación para pedirla, ni existe ese procedimiento de control. Es amparo o es acción de inconstitucionalidad. No debieron invocar tampoco la controversia constitucional, como se los sugirió equivocadamente el propio Alcántara (fungiendo como juez y parte), porque esa figura sólo está señalada en la ley para resolver un conflicto de decisión entre los propios integrantes del Poder Judicial, no entre el Judicial y los otros poderes.

No está a discusión deliberar si la Corte puede echar abajo o no una reforma constitucional ya publicada. Las teorías para afirmar que es susceptible de revisión, no tienen sustento. Aunque una de estas teorías señala que puede haber un control de convencionalidad, como si un tratado internacional firmado por México estuviera por encima de la Constitución. Y no lo está.

El artículo 1º de la Constitución dice que, en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos y las garantías que los protegen, reconocidos en la Constitución y en los tratados. Sin embargo, el artículo 133º dice que los tratados están abajo, en jerarquía, y tienen que estar de acuerdo con la Constitución.

Suponiendo sin conceder que, como señalan algunos autores, la Constitución y los tratados están mencionados al mismo nivel en el Artículo 1º –aunque el 133º diga otra cosa y eso ya introduce un esquema de conflicto–, si tuvieran igualdad por razón de los derechos eso no implica superioridad.

Ni haciendo la concesión de que están al mismo nivel, que no lo están, pueden los tratados estar arriba de la Constitución. No obstante, pretenden usar esa teoría para que un poder que la debe cumplir, eche abajo la Constitución. Ese absurdo es lo que nos llevado a esta situación, señala Andrade.

JUEZ Y PARTE

Claudia Sheinbaum advirtió que demandará ante el Consejo de la Judicatura Federal a la juez Nancy Juárez, quien amenazó con meterla a la cárcel si no baja del Diario Oficial de la Federación el decreto de la Reforma Judicial. Pero Andrade ya no sabe qué esperar de los consejeros.

El CJF, aparentemente, empezó a variar su posición al decir que los trabajadores del Poder Judicial deben regresar a laborar. Debió haberlo hecho desde el principio, y no es lo único en lo que ha sido omiso este órgano que, según la Constitución, es el encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial. Si algo han promovido los consejeros, es la indisciplina.

Aunque finalmente entregaron las listas de cargos y vacantes para postular en la elección de jueces y magistrados de 2025, esa era información pública y el Senado la habría obtenido por los medios existentes. Y en la decisión de que regresen a trabajar, también hay contradicciones por la manera en que los consejeros responsabilizan a los jueces de que los trabajadores se presenten cuando, la verdad, esa es responsabilidad del Consejo.

Los trabajadores no tienen por qué estar en paro. Como ha dicho la presidenta Sheinbaum, la reforma no les afecta en nada. Van a seguir haciendo su trabajo administrativo o de investigación, cualquiera que sea el método de elección de los juzgadores. Sus derechos, señala la Constitución, están asegurados.

Ya que el CJF parece enviar señales de una rectificación, si –como también dijo Sheinbaum– la juez Nancy actúa fuera de la Constitución y de la ley los consejeros deberían imponer disciplina.

El requisito para este procedimiento es la queja, tan usada por los litigantes para señalar a un juez que admitió o no un recurso [Sheinbaum no podía quejarse hasta no ser notificada y, cuando por fin le llegó la notificación, el código QR anexo al documento conduce un sitio inexistente. Eso es algo que tendría que aclarar la Universidad de Harvard, bromeó la presidenta].

El CJF deberá verificar esa queja y determinar si hay razón para sancionar a Nancy Juárez. Pero ¿qué se puede esperar de un Consejo que está actuando, sistemática y abiertamente en contra de la Reforma? Pues que cualquier acción ante él será fallada con parcialidad.

Por eso tampoco tienen valor las suspensiones emitidas por jueces de Amparo que están basadas en el desafío a los otros poderes. Como ya está el prejuicio de que la reforma no debe pasar, cualquier intento por hacerla caminar será susceptible de suspensión. Violan la imparcialidad, una característica central de la función judicial, sostiene Andrade.

GUERRA JUDICIAL

El coronel estadounidense Charles J. Dunlap Jr., en un ensayo del año 2001 para el Harvard’s Carr Center definió la “guerra jurídica” como “el uso de la ley como arma de guerra”. Los moneros de El Chamuco TV quieren saber si Eduardo Andrade también piensa que la actuación del Poder Judicial en México busca replicar lo que Estados Unidos ha hecho para echar abajo a gobiernos del ciclo progresista en toda América Latina.

El golpe blando utiliza al aparato jurídico, con el apoyo del aparato mediático. En Brasil, por ejemplo, se utilizaron abusiva o ilegalmente las instancias judiciales para, manteniendo una apariencia de legalidad, inhabilitar y provocar el repudio popular contra Dilma Rousseff. En efecto, nunca se ha usado contra un gobierno de derecha, reconoce Andrade.

Técnicamente la guerra judicial tiene características de golpe de Estado, pero Sheinbaum debe cuidar qué tan oportuno es hablar de una destitución. Es golpe jurídico la acción intempestiva del Poder Judicial. Y aunque no necesariamente violenta, una acción súbita contra los poderes del Estado que se da dentro del propio Estado es un golpe de Estado.

El lawfare mexicano no se ve articulado. Son palos de ciego. Indudablemente fue una reacción intempestiva y con violencia: se metieron por la fuerza al Senado, y la alianza de los golpistas con los medios se hizo patente por la manera en que el hecho desapareció de portadas y noticieros. Cuando estalló la violencia en el Capitolio de los Estados Unidos, la nota se repetía una y otra vez. Pero en los medios mexicanos desaparecieron las imágenes de la turba violenta que rompió las puertas de acceso al recinto y las galerías.

Siendo trabajadores del Poder Judicial, el portazo fue la acción violenta en contra de otro poder del Estado. No parece planeada, como lo fue en Brasil, Ecuador, Honduras, Bolivia o Argentina. Y la solidez del triunfo reciente con millones de votos, sumadas a la fuerza de una presidencia distinta, no les facilita las cosas. En todo caso, Andrade no cree que Estados Unidos esté detrás de esta reacción visceral en defensa de privilegios.

Los medios de comunicación han hecho su parte. Lo vimos con la manipulación que hicieron de la tómbola, diciendo que así se iban a decidir los nombramientos de los jueces. Es insidioso, de mala fe. Saben que es una mentira y la sostienen.

Para Andrade, la tómbola era la solución más lógica e imparcial. La insaculación es un método jurídicamente aceptable, empleado desde la Grecia clásica. Aquí en México se usa el sorteo para resolver en última instancia quiénes pueden ser consejeros del INE, si no se ha logrado un acuerdo en las cámaras. Y la Suprema Corte de Justicia hace esa insaculación.

La tómbola es la forma más imparcial de decidir qué mitad de los jueces se renueva en 2025. Nunca se quiso afectar a alguien, ni del sorteo iba a salir designada una persona que no tuviera preparación técnica.

Otro lugar donde también se aplica la insaculación en un proceso judicial, es durante la selección del Jurado Popular en Estados Unidos. Es aleatorio, participan todos los ciudadanos que forman parte del censo y nadie cuestiona la preparación técnica, el nivel de estudios o el oficio de quienes van a juzgar. Y cuando lo hacen ni siquiera tienen que motivar su decisión, simplemente proclaman si es culpable o no culpable. Se deposita esa responsabilidad en personas tomadas al azar, y es un proceso democrático de la más alta importancia jurídica ya que decide la libertad de un individuo.

POLITIQUERÍA JUDICIAL

Andrade fue maestro de Norma Piña en la UNAM, en la materia de Ciencia Política. Y es la parte política de su actividad lo que ha fallado. Toma decisiones jurídicas impropias por razones ideológicas pero, como responsable de la conducción de un poder del Estado, tampoco ha sabido manejar la función política.

“En ese puesto no puedes jugar a la política, requieres de un concepto de política nacional, de cómo se conduce el país y cómo se relaciona con los demás poderes. Piña es un poder y, como insiste tanto en la independencia del Poder Judicial, le recuerdo que los otros poderes también son independientes. Hay que respetar al Judicial, pero ese poder no puede invadir la independencia de los otros poderes y pretender que hagan lo que ordena la Suprema Corte”, comenta Andrade.

Aparte de los libros de texto, hay otros ejemplos de esas intromisiones. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dictó al Congreso de la Unión cómo integrar la Comisión Permanente, indicándole que debía meter a un diputado de tal partido. El Poder Legislativo tendría razón al decir que un tribunal que es para elecciones no puede invadir los terrenos de un órgano directo de autoridad: cuando las cámaras están en receso, la Comisión Permanente ejerce sus funciones.

Quejas de los poderes judiciales hay en todo el mundo: en España, en Estados Unidos y hasta en Israel. Y hay que revertir ese fenómeno de los jueces activistas. Hay un activismo judicial en boga cuando, formalmente, no son activistas sino resolutores de conflictos.

CONSTITUCIÓN, CONSTITUCIONAL

En Estados Unidos, primera nación en establecer la división de poderes, el Poder Judicial se concibió como un poder contra mayoritario, para defender los intereses de esa minoría que, en principio, hace avanzar a la sociedad y a la economía, como eran los padres fundadores de la patria con intereses en la trata de esclavos y los latifundios. ¿Esta defensa de las minorías ya llegó a su límite?

Para Eduardo Andrade, “cuando diseñan la Constitución de los Estados Unidos pensaron en preservar un poder oligárquico”. Por eso no hay elección directa del presidente, tienen controles al federalismo, la Reserva Federal es privada y la Corte Suprema puede dictar medidas que frenan la democracia. “Los padres fundadores le tenían miedo a la democracia, pensaban que no hay que dejar las decisiones en manos del populacho”.

Esta vocación contra democrática trasladada al propósito contra mayoritario, es todavía más grave en un Estado constitucional como el nuestro porque asume que el Poder Judicial tiene que estar necesariamente contra la mayoría política. La Corte debe resolver si un acto está o no de acuerdo con la Constitución, pero no si una minoría fue derrotada o no en la cámara. No puede estar en contra del principio de mayoría cuando las decisiones de la Corte las toma una mayoría de ministros, resume el jurista.

La conclusión es que el Poder Judicial está actuando como oposición, cuando su tarea es aplicar la carta magna. Y olvida, además, que la Constitución no puede ser anticonstitucional.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com


[1] ‘Chamuco TV. Eduardo Andrade’. Canal 22, 20 de octubre de 2024. https://www.youtube.com/watch?v=Jd2z0u7mfcY

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