El sexenio encabezado por el pequeño Presidente toca a su fin cuando México conmemora cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. El propósito de esta columna no consiste en reconstruir los hechos dolorosos ni las consecuencias desastrosas para la figura del Presidente en turno ni para el régimen que encabeza, sino en realizar con los escasos lectores de esta columna, algunas reflexiones en torno al hecho.
Se trata de un caso que, por su relevancia, resulta demasiado comentado. Cada vez parece más claro que se trata de un crimen de Estado y que las deficiencias de los órganos encargados de la procuración de justicia deja mucho que desear porque el objetivo ha sido cubrir (o mejor, tratar de cubrir) los hechos para evitar el juicio popular por esa compleja mezcla entre el crimen organizado y diferentes instancias del gobierno mexicano. Existe, obviamente, aquella verdad histórica que expusiera en su momento Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República en esos tiempos; en la cual, nadie cree y que ha sido ampliamente rechazada, sobre todo a partir de las conclusiones del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Internacionales) que, por incómodo para el régimen, dejó sus trabajos inconclusos.
Cuatro años han transcurrido desde que se originaron los hechos sin que el País (incluidos los familiares de las víctimas) podamos saber la verdad de los hechos ni conocer el destino de los estudiantes desaparecidos. Según algunos cálculos, se han gastado aproximadamente mil doscientos millones de pesos y ni eso, ni cuatro años de investigaciones han bastado para poder esclarecer los hechos. Hipótesis han ido y han venido y cada vez queda más claro que los muchachos se equivocaron con secuestrar alguno de los autobuses elegidos porque tenía ya, su propia carga de droga, y que sus propietarios debían recuperar y fue para eso que participó la fuerza pública. Triste elección la que realizaron los estudiantes.
Resulta urgente y necesario aclarar la verdad de los hechos y por supuesto, proceder en contra de los culpables, porque debe acabarse con la impunidad, de eso no existe duda. Pero a estas alturas, a pesar de que ha habido muchos detenidos, ninguno ha sido juzgado y ninguno ha sido oficialmente acusado ante un juez por su responsabilidad en los hechos.
Un Tribunal Colegiado de Tamaulipas ha ordenado constituir una Comisión de la Verdad, ante lo cual, la Procuraduría General de la República ha alegado imposibilidad material y jurídica para hacerlo. La Justicia de la Unión insiste en que no existe esa imposibilidad y que debe hacerse. Seguramente al final de la historia, el Poder Judicial terminará por imponerse ante el Poder Ejecutivo, pues ayudará el cambio de gobierno. Ojalá una nueva investigación pueda arrojar al menos, algunas luces sobre lo ocurrido.
Andrés Manuel López Obrador recibirá entonces, esa herencia y deberá procurar que se llegue a conclusiones. Pero independientemente de los que pudieran ser sus deseos, es algo que se antoja muy difícil, por no decir que imposible: Se trata de un caso muy manoseado, las posibles escenas del crimen han sido alteradas tanto como los culpables han querido y muchos testigos clave, seguramente, se han perdido. La voluntad política para aclarar lo sucedido, debió existir entonces, no ahora. Convencernos de algo, resultará muy difícil, pues cada uno de nosotros nos hemos formado una convicción, aunque no existan bases para ello. En fin, un caso de lo más complicado, pues.
Pero este es un llamado más para recomponer el camino de México. Las cosas no pueden continuar como hasta hoy. La Procuraduría, con el nombre que se le desee imponer debe actuar de otro modo y ser profesional. Las fuerzas del orden deben limpiarse y normar su actividad y su actitud. Las altas esferas políticas deben recomponer su manto protector y olvidarse del encubrimiento. El gobierno (es decir, sus integrantes) debe sacar las manos de los negocios de la droga. La lucha contra la delincuencia organizada debe tomar otros derroteros: No más desaparecidos y no más muertos. No más daños colaterales.
Lo hecho, hecho está, pero no debe suceder de nuevo. Debemos partir de otras bases, debemos perseguir de otro modo ¿Perseguir o controlar? Pero, debemos castigar. No basta con el voto en contra del gobierno actual. Eso ya se dio, pero la lucha apenas comienza. No podemos determinar cuántos muertos hubo el 2 de octubre de 1968 ni los nombres de quienes planearon los hechos ni las circunstancias reales que los motivaron, tampoco los de Ayotzinapa. Quizás estas y otras tragedias continuarán obscuras para siempre; pero son hechos que no pueden repetirse y se debe ahondar en las investigaciones con todo lo que sea posible. Y no se nos debe olvidar: Ya basta.
Es todo. Nos encontraremos pronto. Tengan feliz semana.