No obstante la contundencia del triunfo electoral de Claudia Sheinbaum, el arranque de un nuevo sexenio nos obliga a abrir el debate sobre la manera en que los asuntos de interés nacional serán abordados por la nueva presidenta de la república.
Especialmente quienes no votaron por la continuidad del proyecto de la Transformación, consideran que la futura mandataria tendría que incorporar al plan de desarrollo, las políticas públicas y los programas de gobierno no sólo aquellas propuestas que coincidan con el sentir mayoritario que se expresó en las urnas, sino también aquellas otras expresadas por las minorías.
¿Tiene Sheinbaum que escuchar a las voces disidentes más allá de los Diálogos por la Transformación?
Sí, por un espíritu democrático y hasta por mera gobernanza.
¿Le conviene atender las perspectivas de actores externos al grupo dominante pese a que, en la disputa por la nación que se resolvió en contra del modelo neoliberal desde 2018, muchos de esos actores políticos, académicos y periodísticos perdieron la influencia social que en otro tiempo tuvieron?
Sí, acaso porque esos diagnósticos, por encima de las simples opiniones, encierran principios de racionalidad que pueden llevar a tomar mejores decisiones a quienes tienen ahora el poder de hacerlo.
En el índice de autores del libro que nos ocupa[1], Ante la situación nacional: Reflexiones y propuestas 2024-2030 (GNCD-UNAM; México, 2024), figuran los nombres de personajes que sirvieron todavía a los regímenes del periodo del desarrollo estabilizador y del ciclo neoliberal. Son las lógicas de poder de estos últimos que el presidente López Obrador describe como gobiernos neoporfiristas, las que se ha dedicado a desmantelar el gobierno iniciado en 2018 y que se prolongará, por lo pronto, otros seis años. Algunas de estas figuras, incluso, han sido identificados desde Palacio Nacional como detractores del mandatario saliente.
Como señalan en la presentación los coordinadores del volumen, Cuauhtémoc Cárdenas y Rolando Cordera, Ante la situación nacional son los textos base para la formulación de las ‘Propuestas para los próximos años’ presentadas por el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo (GNCD) en septiembre de 2023; “un ejercicio de análisis y elaboración de recomendaciones para el diseño de una estrategia nacional de desarrollo sostenible, equitativo e igualitario, ambiental y territorialmente sustentable”.
El GNCD ya ha contribuido antes a la reflexión y al debate público: en 2019, con el texto ‘Consideraciones y propuestas sobre la estrategia de desarrollo para México’; y con los planteamientos para renovar y orientar la política económica hacia un nuevo curso de desarrollo que se ofrecieron entre 2020 y 2022, con el objetivo particular de atenuar los estragos de la pandemia.
En la convocatoria original, el ingeniero Cárdenas llamó a prolongar su libro Por una democracia progresista: debatir el presente para un mejor futuro (en cuya presentación en Colima,por cierto, me tocó participar hace dos años), ante la necesidad de identificar las transformaciones urgentes, inmediatas e imprescindibles para la siguiente década. En respuesta, los integrantes del GNCD y otros participantes que fueron invitados a esta iniciativa procuraron incorporar en sus propuestas “las necesidades de los grupos identitarios y de los que se encuentran en situación crítica, o son vulnerados y vulnerables”, a fin de integrarlos plenamente al debate nacional.
LOS AUTORES:
En el libro Ante la situación nacional, Eugenio Anguiano, Jorge Eduardo Navarrete, Carlos Heredia y Tonatiuh Guillén abordan las relaciones internacionales de México, señalando propuestas y una hoja de ruta. Diego Valadés estudia la transición democrática desde la mirada del Estado de derecho. Lorenzo Córdova habla de la agenda para la gobernabilidad política y electoral. Mientras que Eduardo Guerrero hace algunas propuestas para recuperar la seguridad y la paz en México.
Mario Luis Fuentes señala el camino hacia una nueva política social del Estado mexicano. Saúl Arellano se ocupa de la cuestión de género, infancias y adolescencia, discriminación y Estado, enfantizando que esas cuatro perspectivas son indispensables para la transformación social de México. Y Leonardo Lomelí plantea los retos de la educación media superior y del nivel superior en México.
Fernando Cortés sale en busca de la equidad en la distribución del ingreso en México. Y, en un capítulo aparte, hace algunas consideraciones sobre la relación entre pobreza y política social.
Abelardo Ávila revisa los derechos ante las desigualdades, la pobreza y la política de salud. Déborah Chenillo, Cuauhtémoc Cárdenas Batel, Juan Meliá, Martín Alejandro y Eduardo Vázquez reflexionan sobre la diversidad creativa y la democracia cultural.
Norma Samaniego, Claudia Schatán y Saúl Escobar se enfocan en el trabajo, el ingreso y la protección social ante un nuevo entorno mundial. Francisco Suárez Dávila y Juan Carlos Moreno-Brid abogan por una nueva concepción de la política económica. Por su parte, Juan Eibenschutz, José Manuel Muñoz, Sergio Osorio, Fluvio Ruiz, Ramón Carlos Torres y Alejandro Villalobos repiensan el tema de la energía desde la perspectiva del desarrollo.
Aarón Dychter, José Andrés de Oteyza, Carlos Ruíz y Guillermo Ruíz revisan la agenda de infraestructura de Transportes y Comunicaciones. Julia Carabias, Antonio Azuela, Fernando Tudela y Enrique Provencio revisan el campo del desarrollo sustentable y el ambiente. Félix Hernández, Héctor Bolívar, Fernando Fragoza Ramón Villa y Paola Grijalva proponen una nueva política para la gestión del agua. En tanto que Antonio Azuela, Roberto Eibenschutz, Julio García, Ligia González, Boris Graizbord, Carlos Miguel Lavore y Enrique Ortiz presentan una visión integral desde el territorio.
Imposible ocuparse de todos los capítulos, ni siquiera para hacer un resumen de los mismos que, por lo demás, se puede leer en la síntesis que los coordinadores hacen en el prólogo. En esta columna me detendré en sólo tres de los temas, interesantes a la luz de las circunstancias que se están dando en el umbral del nuevo periodo de gobierno. Justo en el traspaso de poderes se están produciendo situaciones insólitas que los autores del libro quizá pudieron prever, pero jamás adivinar.
POLÍTICA EXTERIOR:
Como “una hoja de ruta para orientar las relaciones internacionales de México”, Anguiano, Navarrete, Heredia y Guillén proponen –y, en adelante, citaré tanto frases del texto liminar como del respectivo capítulo– una nueva política exterior que no sólo fortalezca “la disciplina y tradición diplomática de nuestro país”, sino que además refuerce el servicio profesional con perfiles especializados en “derechos humanos, medio ambiente, procuración de la paz y la cooperación para el desarrollo, cuidado y aprovechamiento del agua, seguridad y migración, alimentación, salud pública, educación y cultura, entre otros campos” que hoy se suman a los tradicionales temas de comercio y alianza militar en la agenda de asuntos internacionales.
A la propuesta que le dirigen a la nueva mandataria nacional, está la de formalizar un gabinete de política exterior encabezado por la presidenta de la República e integrado por el titular de la Cancillería y “al menos los encargados de los despachos de Gobernación, Hacienda y Economía”.
Los autores le reprochan veladamente al mandatario saliente que, como máximo representante del Estado mexicano en reuniones internacionales efectuadas a nivel de jefes de Estado o de gobierno y a las cuales está obligado a asistir, haya dejado de hacerlo cuando, la verdad, “no hay justificación”.
En el futuro, los presidentes de México “deben contar como regla institucional con los medios de movilidad adecuados” para asistir a cumbres que marcan pautas en temas globales o son producto de tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano, sin importar la distancia geográfica de las sedes, sentencian los autores.
Hay también una crítica a la manera en que nuestro gobierno abordó la problemática bilateral con Estados Unidos. “México debe dejar de subordinar su política migratoria a los imperativos de la seguridad nacional estadounidense”. Nuestro país “no debe tener una política de contención migratoria” cuando, al mismo tiempo, reclama para los mexicanos en el exterior la vigencia de una “nación transterritorial”.
Sin embargo, coinciden –sin decirlo– en la narrativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que busca convencer a Estados Unidos de la necesidad de combatir la expulsión de emigrantes, atacando las causas que la generan en sus países de origen: como la pobreza, el empleo mal remunerado, la inseguridad y otros fenómenos malignos. La prioridad es emprender acciones que conviertan a esos países en “lugares habitables”.
A la falta de oportunidades económicas y al deterioro ambiental como motivaciones para emigrar, se ha sumado en años recientes “la violencia sistemática que el crimen organizado y las pandillas ejercen sobre muchas comunidades en México y Centroamérica”.
Se debe abordar el problema migratorio a partir de una estrategia para disminuir la violencia en la región. A la par de emprender un nuevo estilo de desarrollo alentando el comercio y la inversión, la democracia, el bienestar y un desarrollo sustentable incluyente como estrategia para mitigar los estragos del cambio climático.
DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO:
En busca de un ideal, la democracia progresista, el jurista Diego Valadés Ríos se mostraba preocupado tras los comicios de 2022 de que en el país pasaran cosas como las que, realmente, terminaron pasando:
“Una retórica explosiva de todos los actores políticos”; “el desacato reiterado e impune de la normativa electoral por parte de diversas autoridades federales y locales”; “un entorno de violencia delictiva en un doble ámbito: el ordinario de la lucha de los cárteles entre sí y con las fuerzas de seguridad”, y el extraordinario, con grupos de la delincuencia organizada actuando “con la intención directa de favorecer al partido mayoritario”.
Esto último lo decía Valadés aludiendo a “una nueva hegemonía” del partido Morena, pero no veo por qué no extender ese hipotético beneficio electoral a los partidos gobernantes en estados como Jalisco (MC) y Guanajuato (PAN). En ese sentido, el autor veía el riesgo de que los resultados electorales fueran alterados para favorecer al partido hegemónico, o de que fueran desconocidos por Morena si le resultaban adversos.
Un ‘hubiera’ que ya no existió porque casi 36 millones de votos, sin la intervención de algunos de esos factores que le preocupaban a Valadés, le dan a la virtual presidenta electa una legitimidad incuestionable.
El exprocurador general de Justicia y exministro de la Suprema Corte previó, para 2024, un escenario electoral complicado por “la inseguridad, la corrupción, la precaria vida institucional, la intolerancia expresada desde el poder, la desacreditación del ordenamiento jurídico y de las instituciones públicas, la inaplicación de las normas que regulan la contratación de obras y adquisiciones, cuya combinación produce un déficit progresivo de gobernabilidad, y la presunta intromisión política del crimen organizado”.
Valadés reconoce, sin embargo, que todos esos problemas son “consecuencia de rezagos acumulados” y que, si bien “la concentración del poder se ha exacerbado, (…) su fundamento está en la Constitución misma”.
Frente al déficit democrático, el jurista propone “detener el ritmo de deterioro”, “revertir la tendencia” e “iniciar la reconstrucción” haciendo esfuerzos “para disminuir la crispación y abrir espacios que faciliten cambios estructurales a efecto de garantizar una democracia progresista”, con base en un gobierno de coalición que aplique un programa concertado de gobierno, bien reglamentado y de talante reformador.
Pensando en la avalancha electoral que se dio en 2024, para el gobierno entrante es un obligación moral “establecer un diálogo nacional basado en un trato serio, respetuoso y constructivo entre actores culturales, económicos, mediáticos y sociales”, como el que propone el autor. Efectivamente, necesidad política no es. En todo caso es –y es impensable no estar de acuerdo en esto con Valadés– una demanda de la progresividad democrática.
AGENDA ELECTORAL:
Como bien se resume en la presentación, para Lorenzo Córdova Vianello el nuevo curso del desarrollo en México requiere de una nueva agenda de gobernabilidad política y electoral. El expresidente del INE y orador en una de las marchas rosas que se organizaron en defensa de la autonomía del órgano electoral y que, en los hechos, formaron parte de la campaña supuestamente apartidista pero muy electoral de Xóchitl Gálvez, propone en este texto impulsar una reforma gradual y paulatina que se concrete en una plena y robusta democracia constitucional.
Córdova señala que “el proceso de democratización que ocurrió en el último tramo del siglo XX implicó una serie de cambios que acotaron sustancialmente el poder presidencial (otrora hegemónico y predominante)”. Una serie de fenómenos políticos activaron muchos de los resortes de control y limitación del poder que hasta entonces sólo habían estado en el papel, pero es una tarea inconclusa la transformación en clave democrática del Estado mexicano, llamada por muchos “reforma del Estado”.
Los resultados electorales de 2018, no así los de 2021 pero sí los de 2024, demostraron que fue una coyuntura política —la falta de mayorías predefinidas— lo que hizo que a partir de 1997 tuviéramos gobiernos divididos, donde el partido gobernante no contaba con una mayoría afín en el Congreso. Mas, como no hubo un cambio estructural, al recuperar el Ejecutivo la mayoría parlamentaria retomó de facto el control sobre las decisiones legislativas.
Tenemos y vamos a seguir teniendo en la próxima legislatura, como dice Córdova, “una presidencia políticamente fuerte (por razones que trascienden la mera legitimidad política derivada de un inobjetable y contundente triunfo electoral en comicios libres, auténticos y equitativos —es decir, plenamente democráticos—), con una gran centralización del poder (tanto en el plano federal, como en el plano del federalismo —es decir de la relación de las entidades federativas con el poder federal—)”.
Con Sheinbaum tendremos un Ejecutivo con mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Lo que tuvimos con López Obrador fue a un presidente “con una potencia discursiva y comunicacional… pocas veces antes vista”, escribe Córdova. Para el politólogo, “la Presidencia sigue siendo el eje articulador, en ocasiones incluso avasallante, del funcionamiento del Estado y un poder desequilibrante de la lógica de pesos, contrapesos y controles que distinguen a una democracia constitucional”.
Paradójicamente, la voluntad popular expresada en las urnas debilitó “muchos de los mecanismos de control del poder que se crearon como parte de nuestra transición democrática”, señala Códova: las autoridades electorales autónomas, el ejercicio de facultades renovadas (y modernizadas) de control constitucional en manos del Poder Judicial (tales como las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales) o “los organismos constitucionales autónomos encargados de vigilar, acotar y controlar al poder”.
Estas instituciones son, en materia de transparencia, el INAI; de definición de la política monetaria, el Banco de México; de estadística nacional, el INEGI; de competencia, la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones; de protección de derechos humanos, la CNDH. Casi todos estos organismos autónomos “han sido blanco de inéditos y furibundos ataques y descalificaciones desde el Poder Ejecutivo”, observa Córdova.
A ese contexto habría que sumar las iniciativas “para acotar su autonomía e independencia o, en el peor de los casos, su captura a través de su colonización con personas incondicionales”, sostiene el expresidente del INE.
Córdova propone completar “el proceso de transición a la democracia, con todo y su reinvención institucional para dejar atrás el presidencialismo autoritario que se había fraguado durante el siglo XX”. Sin pretender una refundación del Estado, el autor considera pertinente revisar, al menos, “tres grandes planos de los que depende la gobernabilidad política y electoral en clave democrática”:
–En primer lugar, un Poder Legislativo cada vez más representativo de la pluralidad y diversidad política e ideológica del país. De entrada, eliminando la cláusula de sobrerrepresentación de 8% que no tiene sentido en un contexto de intensa pluralidad política, e incrementando el porcentaje de diputaciones electas por el principio de representación proporcional del actual 40 % (200 de 500 diputaciones) a 50 % (250 legisladores de 500). A ello, se sumaría una integración del Senado con base en la lógica de una representación paritaria del pacto federal.
En ese sentido, Córdova sugiere eliminar la actual lista nacional de senadores electos mediante el sistema de representación proporcional y sustituir el escaño a la primera minoría de cada entidad federativa, para dar paso a un criterio de proporcionalidad pura, centrado en los mecanismos de cociente de distribución y resto mayor. Así, para elegir a los cuatro legisladores de cada estado que le corresponderían a un partido político, esta fuerza política tendría que obtener 25 % de los votos emitidos (o, en su caso, el resto mayor de los votos emitidos).
Por otro lado, es urgente transparentar las subvenciones que reciben los grupos parlamentarios. Algo que sólo podrá hacerlo una Auditoría Superior de la Federación dotada de plena autonomía constitucional.
–En segundo lugar, “reforzar las garantías institucionales y presupuestarias de los órganos de control para resistir los embates políticos a los que han estado sometidos, y garantizar su funcionalidad y operatividad”.
Con pleno respeto al principio de división de poderes, estos cambios le permitirán a las instituciones de control del poder blindarse frente a la actuación de los poderes democráticamente sustentados, es decir, electos. Incluso cuando tengan un precario compromiso con los principios constitucionales que pretenden un uso controlado y acotado del poder público, no obstante tratarse de un poder respaldado por las mayorías, insiste el autor.
Por ejemplo, Córdova propone establecer mecanismos para blindar los presupuestos del Poder Judicial y del resto de los órganos de control del poder. Hay que “evitar que los recortes presupuestales sean utilizados (…) como un mecanismo de presión o de acoso político en su contra”. Eso le pasó al INE en 2022, “cuando se le aplicó una disminución de recursos respecto de lo solicitado por el órgano comicial de tal magnitud, que se le impidió cumplir con lo dispuesto en la Ley de Revocación de Mandato de instalar para dicho ejercicio el mismo número de casillas que en la elección federal anterior”, se queja.
–Y, en tercer lugar, revisar el diseño de nuestro sistema electoral que, si bien es funcional y ha producido el más largo periodo de estabilidad política, gobernabilidad democrática y alternancia en el poder, requiere adecuar sus mecanismos y procedimientos a la dinámica y vertiginosa serie de transformaciones que han ocurrido en la vida político-electoral.
Por ejemplo, no se cumplió con el plazo para reglamentar la releección de legisladores. Y eso ha obligado al INE a emitir una serie de lineamientos que, en los hechos, sustituyen al legislador en la tarea de establecer bases normativas mínimas que rijan el proceso de reelección.
SUMAR PERSPECTIVAS:
Frente a la arraigada idea de que los proyectos que se han disputado el futuro de nación son opuestos y contradictorios, incompatibles y excluyentes, los coordinadores del libro señalan la posibilidad de que en “la discusión de los grandes problemas nacionales” se puedan sumar perspectivas y aportes propositivos desde distintos campos de conocimiento, “a fin de generar un debate y promover la interlocución social amplia que facilite la construcción de acuerdos entre actores políticos organizados, las universidades y centros de investigación, las organizaciones de trabajadores y de la sociedad civil, los grupos empresariales y de productores, así como las instancias legislativas del país”.
Si el empoderamiento del modelo tecnocrático y neoliberal a partir de 1982 no implicó la eliminación total del enfoque político, social y estatista que había regido durante las décadas anteriores, en 2018 tampoco se abandonaron los principios de gobernabilidad y estabilidad económica que adoptamos como país por la fuerza geopolítica. En muchos sentidos, la Transformación es más una reforma que una revolución. Y la victoria electoral no le da a este gobierno una carta blanca.
No se puede dar el lujo Claudia Sheinbaum de desperdiciar su bono democrático con un ejercicio autoritario del poder, si eso es lo que quienes votaron contra lo continuidad se están temiendo. Yo, personalmente, confío en que el llamado ‘segundo piso’ de la 4T nos permitirá avanzar más rápido en la conquista de derechos humanos, sociales y cívicos; hacer de México un país más igualitario, justo, equitativo y democrático en todos los órdenes de la vida comunitaria… y no sólo en lo electoral.
Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com
[1] El contenido de este texto fue expuesto en la presentación del libro Ante la situación nacional: Reflexiones y propuestas 2024-2030 (Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Rolando Cordera Campos, coord. Grupo Nuevo Curso de Desarrollo-UNAM, 2024) que, como parte del homenaje que los ‘Amigos de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en Colima’ le rindieron al ‘precursor de la transición democrática en México’, se presentó el viernes 28 de junio de 2024 en el Teatro Hidalgo de la ciudad de Colima, con la participación de los coordinadores y, por parte de los autores, de José Andrés de Oteyza y Fernández, así como de Arnoldo Vizcaíno Rodríguez y Adalberto Carvajal Berber.