+ Legislatura citó a titulares de Educación y Seplafin, así como a directiva de Cendis.
El Congreso del Estado aprobó el punto de acuerdo de la Diputada de Movimiento Ciudadano, Ma. Remedios Olivera Orozco, para citar a reunión de trabajo a los Secretarios de Educación y de Planeación y Finanzas, Jaime Flores Merlo y Carlos Arturo Noriega García, así como a la señora Evangelina Bustamante Morales, para que expliquen sobre una denuncia ciudadana por el incremento en los cobros de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) “Tierra y Libertad”.
El acuerdo aprobado es para que el próximo viernes 23 de agosto a las 12:30 horas acudan a la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica” del Poder Legislativo ambos funcionarios estatales, y la Directora General de la Unión de Solicitantes «Tierra y Libertad» A.C., Evangelina Bustamante, en carácter de integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto de Educación Inicial, para que informen detalladamente a esta Soberanía la situación que actualmente impera en los Cendis.
Remedios Olivera expuso que en sus funciones como legisladora local, recibió una denuncia ciudadana, en torno a que los Cendis “Tierra y Libertad” tuvieron su origen como una asociación civil, para garantizar la educación inicial de los niños de las familias más vulnerables, por lo que se sometían las solicitudes de ingreso a un estudio socio-económico para determinar la cuota simbólica que cubriría la familia beneficiada.
Esas cantidades no eran superiores a 300 pesos mensuales e incluían aparte de la educación de los menores, apoyo de psicóloga, pedagoga y nutrióloga, y se les brindaba el desayuno y la comida; sin embargo las cosas cambiaron no sólo en cuanto a las cuotas que eran opcionales, sino que se redujo el horario y la alimentación, pues se les comenzó a cobrar la alimentación aparte y la aportación mensual también aumentó significativamente, pues al momento se cobra una cuota no menor a mil pesos, más gastos de alimentación e inscripción.
Agregó que esto desvirtúa el fin de la creación de los institutos y daña gravemente la economía de las familias, pues ahora las aportaciones son obligatorias y se condicionan los horarios de los menores, así como el ingreso y entrega de su documentación.
“Esto sin contar que antes los pagos se hacían a través de una cuenta bancaria, y desde el año pasado se exige a madres y padres de familia que los pagos sean en efectivo y directamente en los Institutos, por lo que se presume que el total de los ingresos no se reporta ante Hacienda”.
Añadió que es importante puntualizar que desde el año 2008 se aprobó un decreto en el cual Gobierno del Estado absorbe la administración y patrimonio de los Institutos, que fue publicado en 2009, dándole la figura jurídica de Instituto de Educación Inicial del Estado de Colima, haciendo de dichos Institutos un Organismo Público Descentralizado del Gobierno.
Con esto, se adquirieron todas las obligaciones de los mismos y creando un Comité Directivo, presidido por la señora Evangelina Bustamante Morales, integrado por el Gobernador en turno, el Secretario General de Gobierno y el Secretario de Educación entre otros, quienes han sido omisos en su responsabilidad violentando las garantías individuales de menores y maestros.
Pese a la queja constante de madres y padres de familia para que cubran las cuotas excesivas en efectivo y sin darles un recibo deducible de impuestos, sólo les extienden un recibo como aportación voluntaria y se le suma el hostigamiento que sufren, sin mencionar que los obligan a asistir a las marchas, mítines e incluso recabar afiliaciones a un partido político.
Además, someten a los menores a discriminación y humillaciones públicas ya que si sus padres no cubren las cuotas les niegan el acceso al instituto o les recortan el horario e incluso los aíslan a la hora de los alimentos.
Olivera dijo que a padres de familia en el municipio de Cuauhtémoc, un día antes de concluir el ciclo escolar, se les informo que si querían seguir con el servicio de dicho Instituto tendrían que realizar la “aportación voluntaria” de inscripción por la cantidad de 2 mil 800 pesos por niño, ya que de lo contrario el Cendi cerraría sus puertas para el siguiente ciclo escolar.
Esto deja en total indefensión a los menores y se les vulnera su derecho a la educación, pues si los padres no cuentan con el recurso, tendrían que buscar otra opción de escuela, lo cual hace imposible por los tiempos en los que se les comunicó ya que las preinscripciones fueron en febrero y las escuelas cercanas que hay en ese municipio están saturadas.
Los padres de familia acudieron a la Secretaria de Educación y ahí les indicaron que no era posible ya que para cerrar una institución tenían que haber dado aviso de esto y se les reitera que es un Instituto Privado, lo cual no es cierto y como no les ofrecieron alternativa alguna, asistieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos e interpusieron la queja CDHEC/323/19.
Derivado de la misma, recayó una inspección en la cual se asienta que todo lo narrado por dichos padres es cierto y que se trata de un Organismo Público Descentralizado de Gobierno y por ende no deben de cubrir dichas cuotas obligatorias ya que el Estado es quien debe proporcionar la educación gratuita para dicho alumnado.