Se anunció el viernes 14 oficialmente la desaparición del Seguro Popular tal y como lo hemos conocido (a pesar del coraje de Vicente Fox) y la federalización paulatina de los servicios de salud pública con el fin de garantizar el acceso de todos los mexicanos al derecho a la salud. Se trata de una demanda popular muy sentida, al grado que, durante la última consulta pública que realizara el Gobierno de la República, la aprobación de esta propuesta fue la que mayores cifras de aprobación arrojó de entre todas las propuestas consultadas, incluso mayor que la pensión universal a los adultos mayores (o 68 y más), que tradicionalmente había sido el programa social estandarte.
Y es que, como dijo López Obrador, éste, ni es seguro ni es popular; así pues, garantizar el acceso a este la salud y hacerlo con calidad, no pasa por la figura del Seguro Popular tal y como lo hemos conocido hasta ahora. Esta modificación significa sin embargo algunas modificaciones en las prácticas y presupuestos de los gobiernos estatales. Muchas quejas y muchas noticias corrieron alrededor de este programa. El desabasto de medicamentos fue una constante, así como también la deficiente atención por parte del personal adscrito a los centros de salud y hospitales que proporcionan atención a los asegurados populares. Entre las noticias que más dolor y coraje causaron a la población el sexenio pasado se encuentran, seguramente, las que se relacionaban con la suplantación de tratamientos de quimioterapia, así como las quejas constantes con respecto a que el número de padecimientos o tratamientos no atendidos era cada vez mayor, como es el caso de los pacientes con males renales que han de ser sometidos a diálisis.
Una constante existe pues, la eliminación de tratamientos de alto costo. Colima ha sido campeón en eso; como también en la compra de aparatos costosos (como los del Centro Estatal de Cancerología) que no se empezaron a operar oportunamente y los pacientes debían ser canalizados a Guadalajara para ser atendidos allá. También hay hospitales inconclusos y sospechas de corrupción en la compra de medicamentos y otros materiales.
Por otro lado, hay quejas constantes con respecto a la falta de atención de los Centros de Salud. Muchos comaltecos, por ejemplo, han expresado que, si van al Centro de Salud del pueblo, con mucha frecuencia se encentran con la noticia de que no hay médico que los pueda atender y esto sucede con mayor frecuencia durante las noches; y si son atendidos, o son derivados al Hospital Regional o bien, les dicen que no hay medicamentos para surtirles. Existe la sospecha de que algunos médicos son aviadores y otros, aunque asisten, no lo hacen regularmente y/o no cubren los turnos completos. La verdad es que quien junta estas letras, no ha solicitado servicio en ese Centro desde hace muchos años (cuando se encontraba en otra ubicación), pero el decir de muchos amigos y conocidos es en tal sentido.
El propósito de esta columna no consiste en examinar la suficiencia o la calidad del servicio prestado pues es algo muy comentado ni tampoco exhibir a algún médico o director de centro de salud. Lo descrito sucede no solo en Comala y diversos medios se han ocupado de hacer denuncias desde hace mucho tiempo.
Todo parece indicar que el presupuesto destinado al Seguro Popular ha tenido manejos muy discrecionales en los estados y que muchos gobernadores lo han manejado como su caja chica. Independientemente de eso, ha habido acusaciones de enriquecimiento de algunos secretarios estatales de salud, y en el caso de Colima, eso no es una canción de Agustín Lara exclusivamente. Sea cierta o no esa sospecha, lo cierto es que los estados ya no podrán contar con esos fondos ni podrán manejar esos dineros del erario, y que los servicios habrán de ser más transparentes, sobre todo considerando que son muchos los gobernadores que no cuentan con congresos afines y es de suponer, que los diputados deberán realizar una revisión más profesional de las cuentas públicas.
Con respecto al personal médico (y seguramente, de otro tipo) asignados al Seguro Popular, que según se sospecha en el caso de Colima al menos, cuyos contratos han sido otorgados por un sistema clásico de compromisos y compadrazgos, la vigilancia ahora, será realizado por otros y la discrecionalidad terminará. Quienes ahora cuentan con una plaza, deberán cumplir con sus compromisos laborales y a quienes se contrate a partir de esta nueva determinación, deberán cumplir con otros requisitos más allá de su cercanía con el poder local.
Entonces, más allá de que se cuente con un acceso realmente universal a los servicios de salud y de las mejoras de calidad del servicio puedan ser visibles para el pueblo, no resultará sencillo para los gobiernos estatales, lidiar con las modificaciones presupuestales. Y como esto sucede en una etapa en la cual, los gobiernos priístas y panistas cuentan con una menor cantidad de plazas, las posibilidades de cumplir con compromisos se verán seriamente reducidas. Pronto observaremos, seguramente, los cambios que se generarán con esta modificación. El campo de acción política de los gobiernos estatales se verá seriamente reducido.
Es todo. Nos encontraremos pronto. Tengan feliz semana.