Desde hace unas semanas, además de la supuesta enfermedad del magistrado Bernardo Salazar que lo obligó a pedir licencia como presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Colima (STJEC), un tema que comentan en los pasillos del Palacio de Justicia litigantes y personal del Poder Judicial es el apresurado, tramposo y a contratiempo proceso de selección de jueces iniciado por el propio Salazar Santana.
Al regreso de las vacaciones de la burocracia, Bernardo regresó a laborar, haciéndose cargo de la presidencia bajo el supuesto que sólo necesitaba darle las gracias a la magistrada Leticia Chávez Ponce por suplirlo. Ello no obstante que la licencia que había solicitado le fue otorgada por el pleno por todo el mes de agosto y, de acuerdo con la norma, la presidenta en funciones tenía que convocar a sesión para reincorporarlo. Ahí, Leticia hubiera tenido que presentar la solicitud de reincorporación del titular y, luego de aprobarse por mayoría, llamar a Salazar para que entrase a presidir el resto de la sesión.
Como hemos venido comentando en esta columna, el periodo de Salazar Santana como presidente del Tribunal está por concluir. De acuerdo con la costumbre política, él fungió como el presidente de la judicatura que acompañó a Ignacio Peralta como gobernador. Reformas en su momento hicieron que el periodo de gobierno en el Poder Judicial se desfasara con respecto al periodo de gobierno en el Poder Ejecutivo. Y esta situación la ha querido aprovechar Bernardo para generar un mandato transexenal que, además, les permita a los siete magistrados que se declaran priistas mantener lo que ellos llaman la autonomía del Poder Judicial respecto al gobierno morenista de Indira Vizcaíno.
Para cumplir con sus compromisos y acomodar a su gente antes de la elección de un nuevo presidente del STJEC, Bernardo está buscando intervenir en el proceso de selección de los jueces que ocuparán los cargos vacantes por jubilación. Como si fuera un partido de futbol, Salazar quiere meter a los aspirantes que han estado en la banca en espera de que se desocupara la titularidad de un juzgado, ya sea en materia penal o mixto (donde se ven asuntos de derecho civil, familiar y mercantil).
YA ES COSTUMBRE
Violentar el proceso que, en teoría es un concurso, es inusitado, pero no raro de acuerdo con el actuar y a la forma de conducirse que ha tenido Salazar como presidente del Tribunal. Los abogados dentro y fuera del aparato judicial coinciden en que, acelerar al máximo el proceso para la designación de jueces, busca allanar el camino a aquellos candidatos que no reúnen el perfil de capacidad, competencia, honorabilidad, conocimiento y experiencia, pero son cercanos al presidente o a los magistrados que intercambian favores con Salazar.
Así ocurrió con muchos de los funcionarios del Tribunal designados en este periodo que cobran altos sueldos sin trabajar o, al menos, sin producir. Y, nuevamente, abogados que no son idóneos para convertirse en juzgadores pues son improvisados y carecen de la mínima experiencia, podrían ocupar ese cargo de gran responsabilidad.
Es evidente que al no lograr Bernardo Salazar el albazo en el mes de julio para imponer a Leticia Chávez como presidente del Tribunal, no sólo por el resto del periodo sino por los siguientes dos años (lo cual –como hemos venido insistiendo– habría supuesto una violación constitucional), busque ahora incorporar a las filas de los juzgadores a aquellos que le sirven.
Es decir, cuando mayor letargo hay en la justicia colimense, como bien dice el abogado Pablo Navarrete, se pretende crear una casta de jueces útiles para Bernardo, pero que poco o nada le servirán a la sociedad.
JURADO A MODO
El medio al que recurre el presidente del Tribunal para lograr ese propósito está a la vista de los abogados que aspiran a ser jueces y de los funcionarios del Poder Judicial que esperan una promoción: Bernardo Salazar integró un jurado calificador a modo, con magistrados y magistradas incondicionales.
Este jurado ha estado cuidando celosamente las etapas del proceso de selección, desde el examen sicológico. Según revelaron los profesionales que lo aplicaron, la presidencia del Tribunal presionó a los sicólogos para que aprobaran a unos participantes y desaprobaran a otros no obstante haber demostrado su idoneidad. Así le ocurrió a Zoraida Arreola, por no ser incondicional del grupo dominante y negarse a permitir el manoseo de asuntos.
Igual ocurrió con los exámenes de conocimiento. El jurado les adelantó las preguntas y hasta les dio las respuestas a los participantes que ellos querían que aprobaran. Y el resultado fue absurdo: improbables de acuerdo con la estadística, pero posibles con un jurado a modo, hubo exámenes perfectos con 120 aciertos sobre 120 reactivos.
INTERCAMBIO DE FAVORES
No es casualidad, los integrantes del jurado son los mismos magistrados que, en acuerdo previo con Bernardo Salazar y en pago por los muchos favores que éste les hizo al meter a trabajar a familiares y recomendados a lo largo de su administración, conspiraron para la elección anticipada de Leticia Chávez como presidenta del Tribunal.
En el Poder Judicial es motivo de burla cómo uno de los miembros del jurado intervino en el proceso para favorecer a uno de los proyectistas de su ponencia y asegurar su ascenso a juez. Desde una postura ética, nos preguntamos si, como mentor, este magistrado no tendría que estar impedido de meter la mano en el proceso de selección.
La mala práctica de copiar y vender los exámenes, no se limita a las escuelas. Algunos de los que participaron en el examen para jueces están inconformes con los resultados porque, pese a que demostraron sus conocimientos y experiencia por años de servicio, fueron superados por colegas de sobra conocidos por no ser muy estudiosos del derecho.
Para los reprobados fue obvia la preferencia y complacencia del jurado, particularmente del presidente del Tribunal, hacia algunos concursantes. Gracias a que les facilitaron el examen, los menos aplicados obtuvieron una calificación aprobatoria.
Todo esto tiene un propósito: pagar favores. El nombramiento de un juez puede ser el reconocimiento a un saber jurídico y a una amplia experiencia, pero también suele ser el pago a compromisos adquiridos, a una deuda acumulada por años.
No es casualidad que, entre los aprobados por conocimiento, se encuentra la nuera de un expresidente del Supremo Tribunal que no accedió por concurso a una secretaría de acuerdos. Y tampoco es casualidad que, los aprobados en este examen, sean los mismos jueces nombrados provisionalmente.
Los nombres en boca del gremio son Ruth, Tranquilino, Benita, Erika, Rosa Elena. Todos ellos, extrañamente pese a su poca antigüedad y experiencia, cuentan con el apoyo y la preferencia de esos magistrados que pretendieron anticipar la elección de una nueva presidencia del Tribunal a propuesta de Bernardo Salazar.
Podría entenderse que si alguien ya está dentro tenga más posibilidades, pero no en un examen donde pesa más el conocimiento que la experiencia. El problema que se ha visto en la estructura laboral del Poder Judicial es que, cuando la gente siente segura la chamba, ya no se capacita ni se prepara.
EL RIVAL MÁS DÉBIL
Una consecuencia general de estos actos de simulación es el sacrificio de alguien. Aplicando la lógica del rival más débil: la participante sacrificada fue una jueza designada provisionalmente que, al ya no formar su mentor parte del Tribunal, se quedó sin padrino entre los magistrados.
Huelga decir que en este concurso deberían ser jurado los profesionales más experimentados. En Colima, se violenta la selección para favorecer intereses de los magistrados.
En su desesperación por controlar el Tribunal una vez que concluya su presidencia, Bernardo está queriendo meter a jueces a modo, cuando, por cortesía política con quien sea el sucesor, no debería promover jueces ni hacer nombramientos de funcionarios.
Hay plazas que admiten una designación directa porque no están sujetos a concurso, pero hay otros cargos sujetos a una normatividad que no se debe alterar. No sólo por ética sino por pragmática, está en juego la credibilidad del Tribunal.
EL GRAN SIMULADOR
No son repentinos los actos de anticipación y simulación cometidos por Bernardo Salazar en el concurso para jueces. No son excepcionales sino cotidianos en su función como presidente. Basta recordar el cuento de la enfermedad para imponer como presidente suplente y pretender la elección de Leticia Chávez como sucesora, antes de la fecha establecida en la ley y la Constitución. Basta considerar la insólita recuperación de esa enfermedad, por la cual había pedido una licencia de dos meses. Basta ver el juego simulado en el concurso para asignar las plazas de jueces.
Si Bernardo se quiere reivindicar con la sociedad después del frustrado albazo, lo que debe hacer es coadyuvar para que en el nombramiento del nuevo presidente del Tribunal sea tomado en cuenta un magistrado de probada honestidad y amplia experiencia. Necesitamos un Poder Judicial que garantice una administración e impartición de justicia en beneficio de la sociedad colimense, no en función de los intereses de los magistrados y sus asociados.
ADELGAZAR LA JUDICATURA
De acuerdo con el consenso en el gremio de abogados, es necesario reducir la judicatura a sólo siete magistrados. En este momento, el pleno lo integran diez juristas repartidos en tres salas, cada una con tres magistrados (dos en materia penal y una sala mixta), más el presidente que por cumplir funciones administrativas no hace sala.
Por ningún motivo en Colima se justifica que el STJEC tenga más de siete magistrados, incluido el presidente. En el libro blanco de la justicia, elaborado con las propuestas de una consulta nacional, se menciona como ideal una estructura gerencial, más horizontal, con menos magistrados y más personal de apoyo (proyectistas) que son los mayormente productivos.
Pese al incremento de hechos violentos, en los últimos años no se ha justificado la existencia de dos salas penales. Con la entrada en vigor del Sistema Penal Adversarial y Acusatorio, mejor conocido como juicios orales, se ha dado trámite a un gran número de juicios penales. De hecho, por las características conciliatorias y compensatorias del esquema, muchos de los casos ni siquiera llegan a ser judicializados.
Incluso antes de los juicios orales, en un año tocaban apenas 70 asuntos a cada uno de los seis magistrados ocupados en la materia penal. Mientras, a la sala mixta llegaban cerca de mil asuntos, un promedio de 350 proyectos de resolución para cada uno de los tres magistrados. Es decir, la misma carga individual que llevaban de manera colegiada los tres magistrados de cada una de las salas penales.
En campaña, los jueces le dijeron a la hoy gobernadora Indira Vizcaíno que mientras ellos tenían excesiva carga laboral, los magistrados tenían tan poca que podían dedicarse a otros asuntos. Para justificar la obesidad de la judicatura, en el STJEC se propuso entonces una diversificación: cerrar una sala penal y abrir una familiar; luego se pensó mejor en una mercantil y no faltó quien pidiera optar por una sala que sólo llevara asuntos de caducidad. En pocas palabras, mantener un tribunal ocioso.
UNA SALIDA DIGNA
La fórmula para reducir el número de magistrados sin lastimar su prestigio con un dictamen de no idoneidad del Poder Legislativo es que los tres magistrados que no han alcanzado su permanencia definitiva se retiren voluntariamente.
Para todos puede haber una salida digna. Con varias pensiones ya otorgadas en el sector educativo, la Universidad y otra institución, René Rodríguez Alcaraz puede conformarse con una jubilación anticipada en el porcentaje que le corresponde por sus 15 años de antigüedad. El magistrado Sergio Marcelino Bravo Sandoval aspira a heredar la notaría pública que su papá ha ejercido en Manzanillo. Y Leticia Chávez Ponce puede recuperar su lugar en el cuerpo de jueces y continuar su carrera judicial.
Una judicatura tan numerosa es el remanente de aquel Tribunal que creció cuando el gobernador Fernando Moreno no pudo echar a los magistrados que estaban para poner a los suyos. Se hicieron trece magistrados. Luego se vio que no se justificaban por el número de asuntos, y el gobernador Silverio Cavazos propuso que, en la medida que se fueran jubilando, quedaran diez. Hoy se ve que, incluso esos, son muchos.
No se requieren tantos votos colegiados en una sala. Pueden funcionar varios magistrados unitarios mixtos, si cuentan con mayor apoyo para sólo tener que revisar las ponencias. Los tres magistrados no ratificados ni siquiera son revisores. Hay uno que va al Tribunal dos días a la semana, porque el resto la pasa como notario adjunto.
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