En sendas declaraciones, las autoridades del estado y del partido Morena en Colima al que pertenecía Rosalío González, se comprometieron o exigieron aclarar –según su posición– el doble homicidio ocurrido en Armería.
Pero ninguno de los dos adelanta una hipótesis sobre los móviles del atentado que tenía como blanco al regidor electo por ese municipio.
El edil, homónimo –¿y acaso pariente?– de quien fuera el primer alcalde de esa localidad, fue asesinado la tarde de este jueves en una tienda de abarrotes de su propiedad, junto a la señora Guillermina Meza Díaz que ahí laboraba. Ella murió de inmediato, según los testigos, mientras intentaba salvaguardar la integridad de Rosalío.
Aunque en Colima ocurrieron al menos tres muertes de figuras públicas que podrían haber tenido interés en participar en el proceso electoral de 2018 (el director de la CAPDAM, Daniel Cortés, el alcalde en funciones de Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez, y el regidor panista de Tecomán, Martín Cázares), el homicidio de Rosalío González se inscribe en una racha que ya ha cobrado varios víctimas en el país: crímenes contra autoridades (en funciones o electas) cometidos una vez sumada la votación.
Parecen lo mismo pero no es igual, porque se infiere una situación distinta. Los homicidios de políticos previos a los comicios buscaban alterar el resultado electoral. La tipología del asesinato de una autoridad electa, podría tener una lectura distinta en un contexto de delincuencia organizada, entre otras la de una presión a los gobiernos municipales que van a entrar en funciones –en Colima, el 15 de octubre.
Hay que plantear la problemática de seguridad en estos términos de criminalidad organizada lamentablemente, porque la forma en que se cometen los homicidios denotan la intención. Como lo he escrito antes: el muerto es el mensaje.
Doblemente víctimas:
Al frente de la dirigencia estatal de Morena, Sergio Jiménez Bojado pidió en rueda de prensa no estigmatizar al político armeritense ni vincular su muerte a cuestiones delictivas.
Es difícil que no se acabe victimizando doblemente al regidor, cuando el primer posicionamiento de la Procuraduría General de Justicia es para advertir que “dará mayor información sobre el caso, una vez que el curso de la indagatoria y las disposiciones legales así lo permitan”. O sea, a cuentagotas.
La PGJE, dice un comunicado, “analiza versiones de testigos presenciales y otros indicios dentro de la investigación, que permitirán esclarecer el doble homicidio”.
De acuerdo a los datos integrados a la Carpeta de Investigación –afirma la dependencia–, “él o los agresores llegaron al lugar de referencia y sin mediar palabra dispararon contra quienes ahí se encontraban, quedando al instante sin vida una mujer y lesionado un masculino, siendo identificado este último como regidor electo del municipio”.
Como se sabe, Rosalío González murió posteriormente a estos hechos, debido a los impactos de bala. Y si en el sitio había una cámara de seguridad que la autoridad revela tener en su poder, al menos podían decirnos si fue uno o varios los involucrados en el asesinato.
Mientras Rosalío trataba de sobrevivir a sus heridas, “las corporaciones policiales implementaron un operativo especial que se mantiene vigente para localizar a los responsables, con base a los resultados preliminares de las líneas de investigación que desarrollan las autoridades ministeriales”.
Me temo que es la misma redacción de los informes posteriores a los anteriores homicidios de políticos, investigaciones que no han llevado al esclarecimiento de los móviles ni a la identificación de los autores intelectuales del crimen. Eso curándome en salud de que hayan logrado a aprehender a los presuntos responsables materiales.
¿Corría triple riesgo?
Con ese comunicado, la autoridad estatal respondió al “llamado enérgico” de la dirigencia de Morena en Colima para que se esclarezcan los hechos y se realicen las investigaciones pertinentes. Y a la presión política que supone advertir que ya fue informado de los hechos el Comité Nacional del partido que ganó la Presidencia de la República.
Me gustaría pensar que esa posibilidad incentivará a la PGJE a intensificar la búsqueda de los asesinos de Rosalío y de Guillermina. Pero los homicidios con tipología de delincuencia organizada son el elefante en la sala que nadie quiere ver. Mucho menos las autoridades del estado de Colima.
Aunque Tecomán es el municipio más violento del estado (y en momentos del país), es un secreto a voces que en Armería está instalada una célula delictiva que actúa con total impunidad.
Esclarecer si el doble homicidio del jueves tuvo un propósito político o es, simplemente, uno más de los atentados que sufren los comerciantes y productores agrícolas de la zona de la localidad por parte de quienes operan la plaza, es igualmente complicado pues implica aceptar que por lo menos en esa región no hay Estado de derecho.
Ante la tendencia a criminalizar a la víctimas, creada por el morbo y la apatía de las autoridades que deben salvaguardar la integridad y buen nombre de los ciudadanos, debemos repetir lo que dijeron de Rosalío sus compañeros de lucha:
“Era un deportista, un hombre íntegro, un político con mucho futuro por delante”. Estaba comprometido con el proyecto nacional que se impuso el 1 de julio.
La suya es una muerte singular pero tan genérica como la de todos quienes han sido víctimas de la violencia criminal: Rosalío no había recibido amenazas previas, estaba tranquilo, trabajando en su negocio, ignorante de si su nueva condición como edil representaba un riesgo adicional al que ya corría como comerciante o como habitante de Armería.
Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com.