+ Derivado de sentencias judiciales la cifra casi llega a los 44 millones de pesos “Pero las denuncias que hemos presentado nosotros por actos de corrupción, no proceden”, sentenció la alcaldesa Griselda Martínez.
La administración que encabeza, por segunda ocasión Griselda Martínez, continúa pagando adeudos de gobiernos anteriores, el más reciente, avalado por el Tribunal de Justicia Alternativa, pues resolvió un monto de 2 millones 700 mil pesos a favor de un proveedor, al que dejó de pagarle la administración del periodo 2006 – 2009.
Lo anterior, en la sesión de Cabildo Extraordinaria No. 43, donde se expuso, entre otras cosas, el dictamen de la Comisión de Hacienda sobre el acuerdo dictado en el juicio de nulidad del Tribunal de Justicia Alternativa del Estado de Colima, a favor de un particular.
La alcaldesa condenó tal resolución, como las resueltas en ese mismo sentido, y a favor de ese particular en los años 2019 y 2020, donde ya se ha erogado en el primero más de 100 mil pesos y en el segundo más de 1 millón 120 mil pesos; y el actual dictamen jurisdiccional establece un monto a pagar de 2 millones 700 mil pesos, pues en él se contempla el pago de intereses generados.
“El Tribunal de Justicia Alternativa, obliga a pagar lo que ni se debe, hasta otorgar permisos a quien no, y condena a la administración municipal a pagar una deuda de un particular que la administración de Virgilio Mendoza le quedó debiendo. Nos obliga a pagar deudas que ni si quiera tenían registrada en contabilidad, ni había estados financieros ciertos, es información falsa. Nos obligan a pagar porque un irresponsable no pagó a sus proveedores y que en ese tiempo no hacían contratos, todo lo hacían de palabra”, sentenció la presidenta.
Griselda Martínez dejó en claro, que no sólo se han pagado a bancos, sino también a proveedores compromisos adquiridos en administraciones anteriores a las de ella.
Añadió que tan sólo lo que se ha pagado, derivado de sentencias jurisdiccionales es que, en 2019 se erogaron más de 2 millones 745 mil pesos; en 2020, 20 millones 344 mil pesos; en 2021, 9 millones 966 mil pesos y para 2022 se requerirán 10 millones 890 mil pesos, es decir una suma de 43 millones 945 mil pesos, que pudieran haber servido para mejorar calles y avenidas del municipio.
La presidenta municipal insistió que está situación va en perjuicio de la población manzanillense, y además cuestionó, “¿Por qué no demandaron antes?, después de Virgilio Mendoza llegó otra administración y ahí no reclamaron, no cobraron; nosotros hemos pagado lo que no debemos”.
Detalló que, “es grave la situación, porque con los recursos que se debió pagar a ese proveedor eran recursos federales, pero eso ya no existe, ahora hay que pagar con los recursos de los manzanillenses, eso es lo que encontramos”.
Agregó que no obstante que las denuncias, en contra del Ayuntamiento de Manzanillo, por compromisos de pago a particulares sí proceden en los tribunales, las presentadas por la administración que encabeza por actos de corrupción “siguen paradas en la Fiscalía General del Estado, todas, ahí no pasa nada. Protegen desde la Fiscalía a los rateros y a los asesinos”, sostuvo.