Se ha hecho larga la transición con la crisis financiera que enfrenta el gobierno del estado. Pero la clase política beneficiaria de la administración de Ignacio Peralta, en lugar de asumir la responsabilidad, insiste en desviar la atención de los graves problemas que dejan a la futura mandataria Indira Vizcaíno.
Algunos quieren culpar al gobierno federal de no proporcionar el dinero necesario para responder a los compromisos salariales y de pago a proveedores. Le reprochan al presidente López Obrador que sólo envíe a Colima el importe de los sueldos, pero no para prestaciones económicas (bonos y apoyos) y otra clase de remuneraciones (como serían sobresueldos y compensaciones).
En diversas ocasiones, Indira se ha mostrado prudente a la hora de calcular los recursos con los que contará al empezar su sexenio. No dudó en advertir que quizá no alcance a pagar los aguinaldos. Y es evidente que no quiere generar expectativas respecto a la liquidez que podría obtener de la Secretaría de Hacienda para arrancar su gestión, para no repetir el error de Nacho Peralta, quien sugirió en campaña que, gracias a su estrecha relación de amistad con el entonces titular de la SHyCP, Luis Videgaray, iba a bajar carretadas de dinero.
Quienes mantienen alta la expectativa de que, al inicio del periodo gubernamental, el primero de noviembre, terminará la sequía de recursos en el gobierno estatal son los burócratas. Confiados en la coincidencia partidista del presidente de la república y la gobernadora electa, los trabajadores sindicalizados al servicio del gobierno del estado están esperanzados en que la primera quincena de noviembre no sólo se pagará a tiempo sino íntegra, como un mensaje claro de que para entonces habrá un gobierno distinto en la entidad.
Aunque Indira hace bien en no arriesgarse a desilusionar a sus gobernados por efecto de la proverbial austeridad del gobierno federal, su fuerza política depende en buena medida de mantener altas las expectativas que generó su oferta de cambio. Cuando López Obrador inició su mandato no sólo no bajó la expectativa, sino que la ha ido acrecentando –incluso en el contexto de la pandemia y de la parálisis económica que provocó el covid– porque no podía desperdiciar la oportunidad de marcar simbólicamente el comienzo de una nueva etapa histórica, a la que ha llamado la Cuarta Transformación.
Indira no puede arrancar su gobierno con el pesimismo con el que habrían empezado el suyo, de haber sido otro el resultado electoral, Mely Romero o Leoncio Morán. En la transición de Mario Anguiano a Ignacio Peralta, el PRI no pudo cumplir la expectativa porque ambos gobiernos eran parte del mismo sistema. Pero Vizcaíno triunfó por la alta expectativa que la gente se hizo de este relevo generacional y partidista.
Los más expectantes en esta transición son los líderes opositores: están esperando saber quiénes van a integrar el gabinete. Ellos tampoco quieren perder la esperanza de que los nuevos secretarios del gobierno estatal sean personajes que sirvan como puentes para que esa clase política derrotada preserve sus prerrogativas, en cuanto a sueldos en nóminas secretas, amigos y familiares basificados o disposición de escoltas y choferes.
RESPONDIÓ ROGELIO
Dramática resultó la entrevista que Arnoldo Ochoa González ofreció a una radiodifusora local en la que explicó por qué el PRI está en crisis. La versión que dio sobre el origen del desfalco parecía definitiva, hasta que el hoy notario público de Manzanillo, Rogelio Rueda, como exdirigente estatal del tricolor desmintió en una carta haber depositado en una cuenta personal los ahorros del partido.
A la vez, Rueda Sánchez exigió al actual presidente del comité directivo estatal corregir su afirmación. Tal reivindicación no se ha producido, pero el posicionamiento de Rueda obliga a preguntarnos cuáles son las otras causas por las cuales el PRI Colima está quebrado.
Si el gobierno que le dio sustento está en bancarrota, no es casualidad que el partido que estuvo en el poder durante décadas se encuentre también en una crisis no sólo financiera sino política. Al dejar de ser partido gobernante en el estado, en el futuro del PRI sólo puede haber insolvencia.
Aunque hace muchos años tuvieron las mayores prerrogativas dada su productividad electoral, en los hechos el PRI siempre fue una especie de Secretaría de Elecciones del gobierno estatal, parte del gabinete ampliado. El partido, a través de sus organizaciones, acaparaba las principales carteras de la administración estatal o las municipales donde siguieron gobernando, y cuando hubo necesidad de hacer creíbles las finanzas partidistas estos militantes convertidos en funcionarios aportaron su cuota. No olvidemos tampoco que, históricamente, todos los apoyos económicos a los sectores sociales pasaron por el filtro del tricolor.
Hoy el PRI ni siquiera tiene ingresos suficientes por concepto de cuotas. Generalmente los gobiernos eran los que hacían las retenciones en nómina de las aportaciones voluntarias. Se ejercía presión sobre el trabajador para que retribuyera al partido la oportunidad de trabajar. Pero a partir de la alternancia, en 2000, empezaron a recurrir a otros modelos como el de pagos domiciliados. Les decían que era sólo un descuento inicial, pero luego muchos no podían cancelar, aunque quisieran.
Con la llegada de López Obrador a la presidencia, al dispersar los apoyos sociales ya sin la triangulación de ninguna de las organizaciones del PRI, el Revolucionario Institucional tuvo su primer apretón serio. Pero a nivel local la agonía comenzó con el impago de la nómina. Al no depositar el sueldo a los trabajadores del gobierno del estado, obviamente las cuotas que el banco venía reteniendo no fueron transferidas al partido. Desde antes, muchos burócratas empezaron a cancelar los descuentos adicionales: si prescindieron de servicios como el Netflix, la aportación al partido con más razón. Eran 400 o 500 pesos quincenales los que se venían descontando a servidores públicos ya afectados por recortes salariales.
SE LE APAGÓ LA LUZ
Lo que Arnoldo Ochoa quiso decir es que Nacho Peralta ya no les da dinero. Y el Gobernador no lo desmintió porque debe mantener la sana distancia y, quizá, busca evitar el compromiso de pagar los finiquitos. Es claro que el partido quiere presentar esta situación como un divorcio político de Peralta con el grupo que lo llevó al poder, el mismo grupo que lo financió y ocupó las principales carteras de su gabinete, entre ellas la secretaría general de Gobierno que retuvo Ochoa González hasta hace unos meses.
Fue casi conmovedor oír al dirigente estatal decir que no cobra sueldo. De hecho, que ninguno de los que él invitó a colaborar cobra. Mas cabe preguntarse si Arnoldo Ochoa es el único exgobernador que no tiene tarjetas de nómina para sus gastos personales.
Es hora de que el PRI empiece a vivir su realidad económica. Hasta ahora vivieron en una ficción financiera. Les pagaban la renta y la electricidad hasta, recientemente, que el oficinista encargado de los pagos a la CFE ya no lo hizo y el edificio de la sede estatal quedó a oscuras.
Es natural que hayan caído los ingresos del PRI. El financiamiento público que recibe un partido político es proporcional a los votos que obtiene. Y el PRI no puede costear más una estructura de partido gigante, cuando ya es una fuerza marginal. Se quedaron mal acostumbrados.
Para colmo, aunque el CEN (comité ejecutivo nacional) hace aportaciones a los estatales, estas son proporcionales al peso específico del comité local. Y en Colima, donde nunca había dejado de gobernar el PRI, en un mes iniciará una administración de Morena.
VIVIR CON POCO
La crisis financiera que no es nada más del partido sino de otras instituciones, abre la posibilidad de que se inicien procesos de fiscalización. No hay que olvidar que los recursos, así sean destinados a los partidos, son públicos. El Estado otorga financiamiento a los institutos políticos para que hagan labores de promoción política y de fomento a la cultura democrática, para que formen cuadros y sean los accesos de la ciudadanía al poder. Los partidos tienen un fin social y, por eso, no pueden ser administrados de manera discrecional.
No deja de ser curioso cómo toda institución que controla ese mismo grupo político está hoy financiera y políticamente quebrada. En la entrevista, Ochoa González hizo, por decir lo menos, cuentas alegres sobre el desempeño del PRI en el pasado proceso electoral, como parte de la coalición con el PAN y el PRD. Pero si la imagen distorsionada que tienen de los resultados en las urnas fuera real, deberían tener más ingresos por concepto de prerrogativas. En todo caso, que se comparen con el blanquiazul que, con menos gasto histórico, logró mejores posiciones en 2021.
La narración que hace Ochoa González del colapso financiero del PRI es un presagio de lo que vendrá: está anticipando el escenario a corto plazo. Con la salida de Nacho de la gubernatura van a dejar de percibir el pago de nómina, la renta del inmueble y otros gastos, como gasolina. Pueden negar que los tenían, pero en la auditoría que haga Indira Vizcaíno se verá si había egresos que tenían ese destino. La gobernadora electa ya adelantó que va a rescindir los contratos de renta de las casas, algunas de ellas mansiones, que paga el gobierno del estado. Entre estos inmuebles seguro estaba el del PRI.
En adelante el Partido Revolucionario Institucional tendrá que rascarse con sus propias uñas. Tuvieron tiempo de aprender, pero se confiaron. El caso de Colima era un resabio del partido de Estado. Todavía, unos días antes de entregar el poder, el partido que fue gobernante mantiene privilegios que en otros estados o en la capital del país cedieron hace muchos años.