Cuando parecía que la semana terminaría con las noticias sobre los acuerdos entre los mandatarios electos de Guerrero, Evelyn Salgado, Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y Colima, Indira Vizcaíno –los tres postulados por Morena–, y los preparativos para la consulta popular del domingo 1º de agosto, el gobernador Ignacio Peralta se robó la escena política local informando, el jueves 29, que no estaba en condiciones de pagar la segunda quincena de julio.
No pagará lo correspondiente a salarios de trabajadores ni pensiones a jubilados, como tampoco enviará recursos a instituciones públicas descentralizadas ni a órganos autónomos para el pago de nómina, por lo menos hasta el martes 3 de agosto cuando Peralta Sánchez espera reunirse con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O.
Bromeaban los servidores públicos que se manifestaron frente a Casa de Gobierno a la mañana siguiente: Nacho aprovechó para hacer su anuncio que la burocracia y los maestros al servicio del gobierno estatal estaban distraídos con el partido de futbol entre México y Canadá. Ya en serio, es probable que el cálculo para el control de daños haya contemplado que la mitad de los trabajadores están de vacaciones, lo cual reduce la capacidad de movilización del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE).
Los agremiados en la sección 39ª del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tuvieron algo más que una asamblea informativa: el viernes bloquearon el libramiento carretero Ejército Nacional y anunciaron el cierre de la autopista, a la vez que hicieron pintas en los medallones de sus vehículos con leyendas como “Quiero mi quincena, ya” o “Exijo el pago de mi salario”.
El enojo de burócratas y maestros, de sus familiares directos y de todos aquellos colimenses que entienden que, al no cubrirse la quincena, la falta de circulante repercutirá en el comercio y los servicios, especialmente, en la zona metropolitana capitalina donde se concentran los trabajadores del gobierno estatal, no debe distraernos del fondo del asunto: la responsabilidad es de Nacho, de ninguna manera de López Obrador y mucho menos de Indira Vizcaíno.
EL PEOR GOBERNADOR
Esta situación exhibe la incapacidad de JIPS como administrador público. Ha resultado el peor gobernante de la historia de Colima, no obstante que nos lo vendieron como un gran economista formado en las mejores universidades del país y el extranjero, con experiencia en el Banco de México, la Secretaría de Fomento Económico, el Ayuntamiento de Colima y la Subsecretaría de Comunicaciones en SCT.
En 2015, cuando aún se celebraba la visión única del neoliberalismo, nos presentaron a Nacho como un tecnócrata puro, cercano al grupo compacto del presidente Enrique Peña Nieto y cuyas relaciones de amistad con Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda, le permitirían acceder a recursos extraordinarios para paliar el déficit que le heredó Mario Anguiano.
Nada de eso ocurrió. Peralta resultó un perfecto espécimen de la corrupta clase política expulsada del poder a nivel nacional en 2018. Actúo no como un estadista visionario, sino en función de una lógica de corrupción.
Por lo demás, es verdad que el barco cuyo timón recibió en 2016 después del interinato por la anulación de los comicios ordinarios, ya hacía aguas en términos financieros desde varios sexenios atrás. Nacho es el último eslabón de una serie de gobiernos corruptos, pero el suyo también lo es y, acaso, el más corrupto de todos los gobernadores que ha tenido Colima es él.
Dejar de pagar la nómina es la comprobación de que el pueblo no se equivocó al votar por el cambio, es decir, contra la continuación de un régimen que se quitó la máscara neoliberal con la alianza PRI-PAN. Con mayor razón, al darse una verdadera alternancia en Colima debe haber una auditoría a profundidad en las cuentas públicas de JIPS, vinculando las irregularidades con la larga cadena de corrupción que viene de varios sexenios atrás, para que nunca se repitan estas tropelías.
Esta crisis no se dio en 2015 porque, aun cuando Mario Anguiano se la jugó con el panista Jorge Luis Preciado, el cambio de gobierno se dio entre cuadros de diferentes corrientes, sí, pero del mismo partido y que compartían la misma subcultura de la corrupción. Aparte, en esa coyuntura los gobernadores todavía podían heredar la deuda de corto plazo. El problema es que, ahora, con el triunfo electoral de Indira Vizcaíno se modificaron los escenarios de la sucesión, y los prestamistas exigieron el pago total de la deuda.
Eso ocurre, en parte, porque a partir de 2017 está en la Ley de Disciplina Financiera la obligación de los estados a pagar la totalidad de créditos de corto plazo antes de la conclusión del periodo de gobierno. Pero también porque no hay garantía de que Indira quiera seguir pagando a los financiadores, lo mismo banqueros formales que usureros operadores de fondos privados, muchos de ellos exfuncionarios del gabinete de Peña que se han dedicado a hacer negocios prestando dinero a rédito a gobernadores amigos, quienes presumiblemente se llevaron una comisión en la maroma.
LA HISTORIA DE CADA SEXENIO
En este juego, los burócratas y los maestros están sirviendo como carne de cañón. La estrategia propagandística del gobierno saliente es endosarle la responsabilidad al presidente de México, con el argumento de que López Obrador ha venido disminuyendo sistemáticamente las participaciones a los estados.
Sin embargo, hasta el líder de la burocracia estatal, Martín Flores, ha dicho que no cree que el gobierno de Peralta no tenga dinero y, en todo caso, atribuye la insolvencia a una mala planeación presupuestal, complicada –agregaríamos nosotros– por la grave irresponsabilidad financiera del gabinete económico.
Resulta increíble que no tengan para pagar siquiera a algunas dependencias, por lo menos a los trabajadores sindicalizados. Pagaron a los policías por el temor de los funcionarios de alto nivel a quedarse sin seguridad personal.
Suspender pagos a los servidores públicos, retrasar la nómina, retener prestaciones, recortar sueldos a empleados de confianza y dejarlos sin aguinaldo, ordenar despidos masivos sin liquidación, es la misma estrategia que utilizaron otros gobiernos salientes (el de Silverio Cavazos y el de Mario Anguiano) para presionar la aprobación de nuevos créditos.
Hace seis años jugaron con la amenaza de suspender la remuneración del personal, para hacer presión pública y lograr la intervención del gobierno federal. En ese entonces se trataba de destrabar la oposición a ampliar la deuda pública con el préstamo que solicitó Anguiano Moreno, y que fue ejercido por el interino Ramón Pérez Díaz con el evidente propósito de financiar la campaña extraordinaria de Nacho Peralta. Esto dicho por el propio Mario, luego que el Congreso le impusiera una multa por alrededor de 500 millones de pesos como sanción por el ejercicio indebido de ese mismo crédito.
Ahora se recurre a la misma estratagema, pero con el objetivo de presionar políticamente la aprobación en el Congreso de la iniciativa para enajenar bienes inmuebles del estado. Con eso, dicen como si fuera en automático, se van a poner al corriente las aportaciones patronales al fondo de pensiones. ¿Y no será, más bien, que ya está apalabrada la venta del estacionamiento Constitución y el rancho Buenos Aires a montos muy inferiores a su valor real?
LE ECHAN LA CULPA A MORENA
El gobernador salió a dar una explicación a los trabajadores afectados, pero debió dirigirla a toda la población. Nacho tiene que desglosar montos y conceptos exactos, no generalidades, para responder a una pregunta elemental: ¿qué hizo con el dinero?, ¿en qué gastó el recurso que tenía presupuestado? A nadie convence el argumento de que tuvo egresos extraordinarios por la pandemia.
La ley no exige que el Congreso apruebe los créditos a corto plazo, pero como no se han transparentado ni siquiera sabemos si era necesario contratar dichos préstamos. Quizá sólo se ejercieron para beneficiar a fiadores y bancos, dado que la operación preveía una ganancia para la institución crediticia y un moche para los funcionarios que firmaron.
En el ballet acuático del que participan columnistas y medios oficiales se muestra como una tradición que el gobierno federal rescate a los estados con problemas de caja. Pero la administración de López Obrador no lo va a hacer, a menos que Nacho explique qué hizo el dinero.
El crédito de 740 millones de pesos cuya aprobación terminó de desarticular a la mayoría cuatroteísta en el Congreso, ni siquiera se usó para lo que lo aprobaron: el inconcluso Palacio de Gobierno o el C-5i todavía no equipado. En el colmo, los integrantes del nado sincronizado quieren endilgar a los diputados de Morena –algunos de los cuales fueron hasta golpeados en el empeño de la policía estatal por impedirles el paso al recinto alterno– la responsabilidad por haber aprobado el crédito.
Si bien es cierto que siempre los estados han buscado un adelanto de participaciones, nunca fue tan prematuro: apenas terminó el séptimo mes del año. Suponiendo sin conceder que el presupuesto 2020 ya aprobado se utilizó en la pandemia, falta revisar si no hubo desvíos de recursos. La emergencia sanitaria no le impide a Nacho detallar a qué empresarios se les condonaron impuestos o a qué sectores productivos les dieron apoyos fiscales directos. Un sondeo entre la iniciativa privada mostraría que los emprendedores no recibieron ni la solidaridad del gobierno estatal.
Peralta no reconvirtió hospitales, no compró ventiladores mecánicos, no gastó en pruebas rápidas ni adquirió vacunas. Nacho prometió que iba a comprar termómetros, pero en general sus funcionarios se quedaron con las ganas de hacer negocio con los insumos médicos para el covid, porque el gobierno de AMLO lo obstaculizó al controlar la adquisición de vacunas y medicamentos o al no permitir el uso de pruebas rápidas cuya eficacia siempre se cuestionó.
Lo que derrumba el argumento de Nacho es que, en la 4T, pese a los estragos presupuestales que causó la pandemia no han solicitado créditos. Además, se mantuvieron los programas sociales y los apoyos a empresarios en un espectro muy amplio.
Lo más cuestionable es que si los funcionarios de Peralta estaban viendo que la crisis del covid los iba a obligar a gastar más, ¿por qué no se redujeron el sueldo?, ¿por qué no renunciaron a los gastos superfluos? Toda teoría de la administración señala que, antes que dejar de pagar nómina, debes recortar otras cuentas.
Aquí no hubo austeridad, no hubo ajuste al gasto corriente. Al contrario, se incrementó el presupuesto en publicidad oficial insertada en los impresos y otros medios radiofónicos y digitales afines, sin que esta inversión se viera reflejada en campañas de salud o de protección civil.
CIRCO DE VARIAS PISTAS:
La insolvencia era un escenario previsto, que anticipamos en esta columna desde que se dio la salida de Kristian Meiners de la Secretaría de Administración y de Carlos Noriega de la cartera de Finanzas.
Nacho se hace la víctima, pero nadie le cree cuando él ha sido el principal victimario de la sociedad colimense. Los niveles de inseguridad, el desempleo, la falta de crecimiento económico, la negativa de apoyos al sector productivo y social, el abandono al turismo, son algunos de los muchos agravios de su gobierno al pueblo de Colima. Todo lo que mañosamente le señala al gobierno federal, es lo que él dejó de hacer como mandatario. Pareciera que le está hablando a un espejo.
Por lo demás, el cálculo político fue erróneo. Se metió a la Alianza Federalista pensando que entre todos iban a doblegar a López Obrador, como en su tiempo la Conago se impuso a Vicente Fox. Y cuando vemos a varios de los gobernadores federalistas en la lista de los que tienen más observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, así como entre los que han anunciado que no pagarán la quincena, se entiende cómo la Alianza sólo pretendía trasladar a la 4T sus responsabilidades administrativas.
En Colima, están jugando en varias pistas para la contención de la crisis política en la que derivará esta crisis financiera. Los burócratas culpan también a AMLO y a Indira de lo que sólo es responsabilidad de Nacho. Y en la dirigencia del SNTE 39, Heriberto Valladares quiere enfocar sus baterías contra el gobierno de la república. ¿Por qué, si el problema es local, el magisterio hizo su manifestación en una vía federal?
En realidad, la sección sindical permitió que el adeudo con los maestros del estado llegara a esta situación, al tolerar la suspensión de la atención médica particular, el cierre de la farmacia y la negación de préstamos personales. No es verosímil semejante acto de rebeldía después de tanta sumisión por parte de la 39. Toda su actitud anterior, delataba un arreglo entre Valladares y Peralta. Como ya le pagaron, ¿expiró el pacto de no agresión?
Los agremiados de ambos sindicatos van a cuestionar a sus dirigencias porque sospechan que hubo un acuerdo que permitió que el quebranto llegara a este extremo. Por suerte para los líderes, luchar por el salario los legitima y, de paso, los pone en posibilidad de sentarse a negociar con Indira Vizcaíno.